A la administración de justicia en Costa Rica parece que cuanto más le crecen los presupuestos, más grandes se le hacen los problemas y menos capacidad tiene para hacer realidad aquello de la “justicia pronta y cumplida”.
Así lo revela el segundo Informe de Estado de la Justicia elaborado por el Programa Estado de la Nación en convenio con el Poder Judicial, en el que se deja en evidencia un modelo que cada día se enreda más en sus propios mecates.
Evelyn Villareal, coordinadora de este informe, comentó que si bien el Poder Judicial costarricense aún puede considerarse “robusto”, la estructura y el funcionamiento del gobierno judicial tienen serias limitaciones por superar para mejorar en su eficacia y transparencia.
La investigadora recordó que actualmente se vive una coyuntura difícil para los sistemas judiciales de la región, además de la discusión alrededor de las pensiones del Poder Judicial costarricense que amenaza con paralizar ese poder de la República.
Sin embargo, destacó que el informe tiene la particularidad de contar con un mecanismo de seguimiento en el Poder Judicial, por lo que sus recomendaciones serán aplicadas por los jerarcas para mejorar la gestión.
Menos litigios
El alto acceso de la población al sistema judicial es una de las fortalezas que mantiene la institucionalidad del país. Cada año en los tribunales se reciben 600.000 nuevos casos, de una población que ronda los 4,5 millones de personas.
Durante las últimas dos décadas, la inversión en justicia por habitante creció cuatro veces, mientras que la población del país lo hizo solo un 37%. En ese mismo periodo, dice el informe, la planilla judicial también se cuadriplicó para ampliar su cobertura territorial y la diversidad de temas que se deben atender.
Al realizar un análisis de la cantidad de casos recibidos por cada uno de los 15 circuitos judiciales del país, y comparar los periodos 2010 y 2015, quedó en evidencia una reducción generalizada en la cantidad de litigios ingresados por cada 1000 habitantes.
Mientras el total de casos ingresados al Poder Judicial para el 2010 superaba los 650.000 al año, desde ese momento y hasta 2015 mostró una tendencia a la baja, ubicándose apenas por encima de los 600.000.
La baja en los litigios coincide, aunque no necesariamente es la principal causa, con una baja en la confianza que muestra la ciudadanía hacia el sistema judicial, la cual pasó de un 60% en 2004 a un 45% en el 2015.
La pérdida de confianza se da en momentos en que el gasto per cápita del país en la gestión del Poder Judicial se ha incrementado de $32,2 por persona en el año 2000 a $361 en 2015.
La cantidad de jueces subió de 15 por cada 100.000 habitantes en el 2000 a 27 por cada 100.000 personas en 2015.
Situación similar se da con la cantidad de fiscales, que pasaron de 5 por cada 100.000 en 2000 a 12 por cada 100.000, quince años después.
En cuanto a las materias en las que se concentra la gestión judicial, los casos penales son los que concentran la mayor cantidad de casos que se deben atender, seguido por el Cobro Judicial y los casos de Tránsito.
Poca efectividad
Pese a que el incremento en la cantidad de recursos para la administración de justicia creció notablemente, tanto su distribución territorial como la productividad de los diferentes circuitos judiciales muestra notables diferencias.
Según el informe, existen diferencias del 100% entre la cantidad de casos resueltos por funcionario. Tal es el caso del Tercer Circuito de San José, que resuelve 196 casos por cada funcionario; mientras que el Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica tiene la productividad más baja, con 81 casos por cada funcionario.
En el caso de los circuitos judiciales I y II de San José, estos son los que concentran la mayor cantidad de recursos y personal en el país, pero esto se explica por la existencia de oficinas de apoyo administrativo, direcciones de órganos auxiliares, tribunales de segunda instancia y salas que atienden a todo el país.
El Estado de la Justicia destaca que si bien, en términos generales hay una relación directa entre la cantidad de presupuesto asignada y la cantidad de casos ingresados (a más casos, más presupuesto); pero esto no se cumple en todos los circuitos.
Mientras el III Circuito Judicial de San José recibió un presupuesto de ¢7.900 millones y atendió 47.000 casos en un año, el Segundo Circuito de Guanacaste y el Segundo Circuito de la Zona Atlántica recibieron ¢8.200 y ¢8.100 millones respectivamente, pero atendieron 23.000 y 27.000 casos.
Pocas sanciones
El Informe Estado de la Justicia señala como otra de las grandes falencias del sistema judicial la poca cantidad de sanciones que se registran frente a un creciente número de quejas y denuncias por parte de los usuarios.
El análisis revela que solo un 15% de las denuncias que ingresan al Tribunal de la Inspección Judicial culmina con una sanción efectiva, 18% en el caso de la Inspección Fiscal, 13% en la Oficina de Asuntos Internos del OIJ y un 27% en la Unidad Disciplinaria de la Defensa Pública.
En el caso del Tribunal de Inspección Judicial, instancia que solo recibe faltas graves que superen los 15 días de sanción y no pueden ser atendidos por las jefaturas o unidades disciplinarias, en la última década se recibieron poco más de 14.000 casos, pero su tasa de sanción en ese periodo fue de solo el 14%.
Evelyn Villareal llamó la atención sobre el hecho de que en la mayoría de estas instancias de sanción, la Corte Plena es la que actúa como tribunal de alzada en la resolución de los casos, lo que se convierte en una carga adicional para los magistrados en la administración del gobierno judicial.
Villareal comentó que el actual modelo de administración del Poder Judicial, tiene una alta concentración de asuntos en el Consejo Superior con asuntos que en realidad corresponden a la “microadministración” institucional.
“Los magistrados aún realizan nombramientos de personal (antes todos los nombramientos), crearon comisiones para diversos asuntos y descentralizan, pero también se meten en las comisiones. Ven la Comisión del OIJ, juicios de transparencia, la Escuela Judicial…”, comentó Villareal.
Según el informe, el Consejo Superior dedica al menos un 65% de su tiempo a tareas administrativas rutinarias, apenas un 10% a atribuciones técnico-legales y un 25% a temas estratégicos.
El aumento en la cantidad de casos tramitados por el Tribunal de la Inspección Judicial ha tenido un fuerte impacto en la dinámica del Consejo Superior, que solo durante el 2015 debió atender 1.185 apelaciones.
A esta carga de trabajo se suman los nombramientos de personal en propiedad, el análisis de los informes que genera la Dirección de Planificación del Poder Judicial y fijar el derecho de jubilación, entre otros.
Población carcelaria creció un 60%
Pese a que algunas voces afirman que en Costa Rica es fácil librarse de una pena de cárcel, los datos del segundo Informe Estado de la Justicia revelan que no solo ha crecido la probabilidad de ser condenado a prisión en el sistema costarricense, sino que, además, la población carcelaria se ha incrementado de manera importante.
De acuerdo con el estudio, para el periodo 2005-2008, la mitad o menos de las sentencias dictadas por los tribunales penales eran condenatorias. Sin embargo, a partir del 2009 y hasta el 2015, casi dos terceras partes de los fallos en procesos ordinarios y cuatro de cada cinco en los Tribunales de Flagrancia. Esto significó un incremento de 18 puntos porcentuales o 5.200 personas condenadas más que en 2005.
En términos generales, la cantidad de personas ingresadas en algún centro penitenciario del país se duplicó, al pasar de 2.371 personas en 2005 a 5.433 privados de liberad en 2015.
Este incremento está asociado directamente con un aumento en la cantidad de delitos contra la propiedad, que son el principal motivo de las sentencias de prisión efectiva, pues casi dos de cada cinco privados de libertad fueron condenados por esa causa en 2016.
El periodo de cárcel en promedio para estos condenados es de 6 años, mientras que un 85% recibió una pena por robo agravado, delito que tiene una sanción de 5 a 15 años de cárcel y que impide recibir la ejecución condicional de la pena.
En este incremento en la cantidad de privados de libertad, la creación de los Tribunales de Flagrancia tuvo un papel muy importante, pues el trámite de delitos pasó de representar el 2% de las condenas de los tribunales penales en 2008 a un 34% para el 2015, es decir 3.040 nuevos condenados.
El impacto de estos tribunales ha sido tal, que si se restara su cuota de condenas para el 2015, la sobrepoblación carcelaria para ese año se habría reducido en un 38%.
Otro de los factores que está incidiendo en la sobrepoblación carcelaria es la prisión preventiva; mientras que la ejecución condicional de la pena se mantiene estable desde 2005, con un 31% de los casos.
