Una diferencia de criterio entre la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) y la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema), sobre el alcance de la ley N° 10078, impide a la administradora de fondos de pensiones que invierta hasta $450 millones en proyectos de obra pública.
Dicho monto es el equivalente a un 5% de los recursos actuales que administra Jupema del Régimen de Capitalización Colectiva (RCC), que suman ₡5 billones —unos $9.676 millones— y que la nueva ley (reforma al artículo 21 de la ley de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional) estableció como tope máximo para este tipo de inversiones en el primer año.
Así lo explicó a UNIVERSIDAD Carlos Arias, director ejecutivo de Jupema, quien dijo que se han visto limitados en poner en marcha esta alternativa que les otorga la ley, ya que la SUPEN realizó una interpretación distinta a la que motivó la reforma y les advirtió que de hacer cualquier inversión en obra pública estarían expuestos a sanciones.
“Nos dicen que no podemos hacerlo hasta que no se haga una reforma a esa ley o que contemos con una interpretación auténtica —aclaración de los legisladores sobre la intención de la norma—. Tardamos diez años tratando de aprobar este cambio y nos llena de tristeza saber que tenemos los recursos y posibilidades de invertir en el desarrollo del país, pero nos lo impiden”, indicó Arias.
Según el director ejecutivo de Jupema, desde que se impulsó esta ley se incorporó a la SUPEN en la discusión de la Asamblea Legislativa, realizó gran cantidad de observaciones, pero en realidad nunca estuvo de acuerdo con el proyecto.
Lo que la ley indica es que la Junta puede invertir en obra pública siempre y cuando exista un comité de inversiones, que deberá empezar con un porcentaje de 5% cada cinco años, hasta completar un 20% y que la administradora de pensiones puede actuar como inversionista, prestatario, deudor o patrocinador.
“La SUPEN nos dice que la redacción debe decir específicamente la palabra prestamista y que le corresponde a la Junta hacer los estudios de factibilidad, es decir, si quisiéramos invertir en la carretera a San Carlos, según esa interpretación, tendríamos que hacer los estudios nosotros. Somos supervisados, así que nos toca acatar, pero sentimos que esto no es más que seguir atrasando una buena solución a las necesidades de infraestructura del país”, añadió Arias.
Ante la consulta de este Semanario a la SUPEN sobre esta denuncia, la Superintendencia, a través de su oficina de Comunicación, aseguró que la ley autoriza invertir los recursos del RCC en obra pública “siempre y cuando Jupema, con sus fondos propios, sea quien aporte el capital inicial”.
“Lo resaltado se encuentra en la literalidad de la ley y dado que los recursos los cuenta el RCC —y no Jupema— esto genera una limitación importante para que se puedan asignar los recursos del Régimen en obra pública, ya que estamos frente a patrimonios separados”, respondió la autoridad supervisora.
Además, argumentó que consciente de que lo dispuesto en la ley puede volver impráctico la participación del RCC como inversionista en obra pública, desde hace más de hace un año la SUPEN recomendó al fondo en diversos oficios que se gestionara una interpretación auténtica de la Ley (a cargo de la Asamblea Legislativa) o de la Procuraduría de la República, para delimitar el alcance de la ley y mitigar los riesgos legales que podría asumir el fondo en caso de apartarse de dicha literalidad.
Sería un círculo virtuoso
Tener una buena infraestructura a nivel nacional está intrínsecamente relacionado con el desarrollo económico del país, facilita el comercio, incide en nuevos proyectos inmobiliarios, facilitando el asentamiento de las personas, generando bienestar social.
“El asunto es que el país adolece desde hace muchos años de buena infraestructura y, según los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, para el 2030 se requieren unos $250 millones. Solamente en saneamiento tenemos gran cantidad de centros educativos con orden sanitaria y los recursos son ilimitados”, recordó Carlos Arias.
El director de Jupema indicó que, pese a la creencia de que no existen los recursos, los fondos de pensiones cuentan con ₡11 billones y, si se pudiera invertir un 20% en obras de infraestructura, habría un gran desarrollo del país; pero, más allá de eso, hizo énfasis en que el retorno de los recursos invertidos crearía un círculo virtuoso, que permitiría mejorar las pensiones de los costarricenses.
Pese a ello, la SUPEN aseguró que, aunque no existen limitaciones para invertir en instrumentos financieros que se destinen a obra pública, el mercado local tiene poca oferta que cumpla con los requisitos necesarios para ser sujetos de las carteras de inversión de los fondos de pensiones, “al carecerse de proyectos técnica, legal, ambiental, fiscal y financieramente bien estructurados”.
Para el economista Leiner Vargas, una forma de invertir en proyectos de obra pública, garantizar el retorno de los fondos de pensiones y reducir el riesgo de impago es que los proyectos aseguren una rentabilidad razonable a largo plazo.
Tomando en cuenta que la obra pública requiere varias facetas, como la planeación, el diseño, la construcción, operación y mantenimiento, tendría que identificarse en cuáles procesos podrían incorporarse los fondos, de forma que sea a través de un tercero (podría ser un fideicomiso).
“Claro que habría que trabajar esos fideicomisos con mucho cuidado y que sean los que administren a nombre de las operadoras, para que no se vuelvan negocios fantasmas o muy costosos. Otra alternativa es que participen varios fondos y puedan distribuir sus inversiones para reducir el riesgo”, detalló Vargas.
Actualmente la tasa de reemplazo de las pensiones de Jupema es del 60%, es decir, la relación entre el dinero que una persona recibe de pensión y el aporte que hizo a lo largo de su vida laboral (a lo que se puede sumar entre un 10% y 20% de pensión complementaria), pero la esperanza de vida es cada vez más larga, por lo cual, contar con inversiones adecuadas es una ventaja que vendría bien al sistema.
Entre más rendimientos genere un fondo, más recursos podrían sumarse a la tasa de reemplazo, de ahí, la urgencia de hacer inversiones sostenibles a largo plazo, y para el vocero de Jupema, la obra pública sería una excelente opción.
Fortalecer pensiones para la vejez
Carlos Murillo, director del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo, contó a UNIVERSIDAD que actualmente hay altos niveles de pobreza entre las personas pensionadas y la situación comienza a complicarse cada vez más.
“Para el 2022, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos había proyectado que habría un 13,6% de personas con más de 65 años, es decir 710.000 ciudadanos, pero el porcentaje del año pasado superó esa proyección y se espera que para el 2050 la cifra alcance el 22%. Hay 33.000 personas esperando que les den una pensión mínima del Estado, la cual ronda los ₡82.000, pero no hay recursos, y tenemos una pirámide poblacional que se invierte rápidamente”, señaló.
Dijo Murillo que no se trata solo de pensionarse, sino de la calidad de vida de esas personas jubiladas, mientras que, desde su perspectiva, las autoridades supervisoras de las operadoras de pensiones no ven la urgencia de incursionar en alternativas que generen mayores rendimientos.
