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Junta Directiva de la CCSS aprueba salario global transitorio para nuevos funcionarios

De acuerdo con la institución, este salario global transitorio está enfocado en las contrataciones nuevas que vienen a partir de hoy y también para los funcionarios que han tenido una interrupción de nombramiento de 30 días naturales o más.

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó el pasado jueves la aplicación del salario global transitorio a los funcionarios que entren a laborar a la institución a partir de este 10 de marzo, en cumplimiento de la Ley de Empleo Público.

De acuerdo con la gerenta administrativa de la CCSS, Vilma Campos, la institución definió los salarios globales transitorios que consisten en un monto único para cada categoría de puesto laboral, conformado por el salario base actual de cada puesto más incentivos, pero que no incluye el plus de anualidad.

“A través de la Gerencia Administrativa junto con la Dirección Administración y Gestión de Personal se presentó ante la Junta Directiva el apartado del salario global transitorio que rige a partir de hoy. Ese salario global transitorio está enfocado en las contrataciones nuevas que vienen a partir de hoy y también para los funcionarios que han tenido una interrupción de nombramiento de 30 días naturales o más”, explicó la gerenta.

Por su parte, el director de Administración y Gestión de Personal de la CCSS, Walter Campos, explicó que la institución cuenta con cerca de 64 mil trabajadores y que existe una alta complejidad y variedad de puestos que conllevó un proceso de revisión y definición de estas escalas. 

El salario global transitorio incorpora en casos específicos aspectos como zonaje, peligrosidad, entre otros para definir el monto a pagar a los nuevos trabajadores o para quienes no presenten continuidad laboral de acuerdo con lo define la Ley.

“Este salario global transitorio es la primera etapa de la implementación de la Ley a partir de este 10 de marzo. De igual forma la Caja aplicará a los nuevos trabajadores o a los que presenten interrupción laboral lo que la norma dicta en materia de vacaciones, licencias y permisos, y en el caso de las personas trabajadoras actuales lo que corresponda”.

En vacaciones se establece un tope de 20 días de vacaciones para las personas trabajadoras de nuevo ingreso, siendo que de 1 a 4 años corresponde el disfrute de 15 días hábiles y posterior a los 5 años en adelante corresponden 20 días hábiles. Los trabajadores actuales que antes de la entrada en vigor de esta ley tengan derecho a más de 20 días de vacaciones conservarán tal condición, pero esta no podrá aumentarse.

Se considerará trabajador de nuevo ingreso si la persona entra por primera vez a la Caja a partir del 10 de marzo de 2023 o si habiendo trabajado para la Caja y/o para otras instituciones del Estado, antes del 10 de marzo de 2023, tiene una interrupción igual o mayor a un mes calendario (30 días naturales) en su relación laboral y reingresa a laborar a la institución después de esta fecha.

Una interrupción laboral se presenta cuando hay un despido, renuncia o la persona deja de tener un nombramiento por más de treinta días naturales continuos. No se considerará como interrupción las vacaciones, incapacidad por enfermedad o riesgo de trabajo, licencias, permisos y suspensiones con o sin goce salarial, ausencias, medidas cautelares, prisión preventiva, entre otros. 

El acuerdo de la Junta Directiva fue deplorado por el dirigente del Sindicato de Funcionarios Públicos y Privados de Costa Rica, Juan Carlos Durán, quien criticó el hecho de que este órgano no valorara declarar como exclusivos y excluyentes a los funcionarios de la institución.

“El  Sifupcr deplora el entreguismo ciego de la Junta Directiva de la CCSS a los designios que define el Poder Ejecutivo y que son impulsados por la Licenciada Marta Eugenia Esquivel, funcionaria que dinamita la autonomía constitucional de la Caja y obvia valorar la declaratoria de exclusivos y excluyentes a los y las funcionarios y funcionarias de la Caja de conformidad con el artículo 6 de la Ley 10.159, lo cual retrata su enfoque anti derechos humanos y laborales”, indicó Durán.

Durán indicó también que este sindicato junto a otras organizaciones presentó ya un documento para que la Junta Directiva declare que todos los puestos de la institución realizan labores “exclusivas y excluyentes”, “con el objetivo de probar si el discurso de Doña Marta es real o es parte de una narrativa  similar a la que esboza temerariamente  sobre las finanzas del Seguro de Salud colocando el sistema en alto riesgo reputacional y exponiéndose ella y a la Junta Directiva a futuras demandas”.

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