El hallazgo de que el proyecto de sectorización de rutas de transporte público en el área metropolitana de San José heredado de la administración anterior implicaría un aumento en algunos casos bastante fuerte del precio de los pasajes es, según explicó el ministro de Transportes Luis Amador, la principal razón que lo llevó a emprender todo un replanteamiento de la iniciativa.
La fecha establecida para el inicio de las transformaciones que implica la sectorización era octubre de este año, pero a finales de setiembre desde el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) se informó de que se posponía a junio del año entrante para aprovechar “oportunidades de mejora”.
En una entrevista dada a UNIVERSIDAD por iniciativa de Amador -quien se hizo acompañar de varias personas, entre ellas la viceministra de Transportes Laura Ulloa-, el jerarca del MOPT ofreció a través de Jordy Borbón, de planificación sectorial de ese Ministerio, un ejemplo con la ruta Tibás – Santo Domingo – San José.
“Ellos hicieron varios escenarios de tarifa única para todo el sector, para la troncal (o principal), más la secundaria desde Tibás. El usuario pagaría ¢1.110 colones, donde actualmente, por ejemplo, alguien que viene desde la secundaria lo más que paga son ¢470”, explicó Borbón.
Ese aumento se debe, entre otras razones, a que uno de los principios seguidos en el proyecto de la administración Alvarado, según se explicó, fue que la espera en paradas de buses no superase tres minutos, independientemente de la cantidad de pasajeros.
Ante la pregunta de si el proyecto heredado estaba hecho para disparar las tarifas, Amador replicó “es que es lo que me encuentro”.
A ello se suma que la implementación del pago electrónico de pasajes es uno de los puntos medulares en el replanteamiento de todo el proyecto y que al implementarse, subsanaría una de las principales piedras en el zapato: contar con datos actualizados y fieles precisamente respecto de cuántas personas utilizan el servicio.
Sin embargo, la viceministra Laura Ulloa apuntó que “hace semanas nos encontramos que es necesaria una política tarifaria para que Aresep tenga mas flexibilidad de dar mejores precios en las alimentadoras, que son las rutas más pequeñitas que alimentan a la troncal, para que tenga más flexibilidad en los precios que se le va a ofrecer al usuario”.
La funcionaria indicó que “ya la estamos concluyendo” y que implica “seguir trabajando muy de la mano con el pago electrónico para cuando vengan las tarifas integradas, que es lo que se pretende con la sectorización y en el pago electrónico ya hemos puesto también un cronograma más agresivo del que se había entregado, pretendemos que la masificación del pago electrónico en el 2025 se termine”.
Cabe recordar que el Banco Central (BCCR), luego del atraso, por la pandemia dio el banderazo de salida del pago electrónico primero para el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) en setiembre del año pasado, y a partir de abril para los autobuses y que a la fecha sólo ocho de más de 300 empresas lo han implementado.
A pesar de ello, Amador celebró que “cada día se unen más y más las líneas de autobús que van implementando el pago electrónico”.
Ulloa también informó que “estamos revisando los esquemas operativos, los niveles de servicio, la frecuencia (de viajes). Estamos yendo al campo para corroborar, porque resulta que estas asesorías fueron realizadas con conteos de pasajeros del 2019 y hoy en día no es lo mismo, después de la pandemia ha reducido bastante”.
Amador añadió otro reto: “si nos vamos a Aresep, resulta que las ecuaciones y fórmulas que ellos usan todavía no reconocen esa política tarifaria” en la que se trabaja, “entonces ellos tienen que modernizar para permitir que se pueda reoptimizar todo”.
“Pero lo más importante”, reiteró el jerarca, es que los datos de conteo de pasajeros datan de 2019, y al ser previo a la pandemia significa que las empresas autobuseras deben cubrir sus costos operativos y a las personas usuarias “les tienen que cobrar más”.
La viceministra por su lado informó que “estamos readecuando las rutas, volviendo a revisar las rutas en sí, en el sentido de si las alimentadoras se necesitan mover, cambiar, quitar o agregar, todo eso a raíz de ese conteo de pasajeros en el campo y de ese estudio”.
“Por otro lado -añadió-, estamos haciendo lo que a mí me parece que era importante en su momento, realizar los ejercicios tarifarios para ver si vale la pena la sectorización en sí, estamos analizando todo para darle una mejor tarifa al usuario, que es el objetivo de la sectorización: la calidad y la tarifa”.
Se le planteó al Ministro el hecho de que ya cualquier atraso en el tema de sectorización se ve con suspicacia, pues se ha dicho que a las empresas del sector autobusero no les interesa la implementación del pago electrónico.
Amador replicó que “justamente esa es más bien la respuesta, porque el cobro electrónico controlado por el Banco Central reporta todo lo que se paga y entra. Entonces ahí sí tenemos una buena medición de cuántos usuarios hay”.
Ante la pregunta de qué actitud se ha encontrado en el sector empresarial, el Ministro afirmó que las cámaras “no se han opuesto al proyecto de sectorización en general”, y recordó que “ellos tienen que hacer una readecuación de flota, tienen que reemplazar los buses actuales a razón de 5% cada dos años por buses eléctricos”.
También se preguntó si, ante todo el amplio replanteamiento del proyecto de sectorización que se ha emprendido, que implica análisis y recálculos tarifarios y la necesidad de que la implementación del pago electrónico avance, si es posible cumplir con la meta de que esa sectorización inicie en la anunciada fecha de junio de 2023.
La viceministra Ulloa reconoció que “asegurarle que se va a dar el 1 de junio es difícil, eso es una fecha estimada, depende de los factores que nos encontremos, como los análisis de la flota de campo que lleguen a tiempo, o sea los análisis operativos y de las políticas tarifarias que realmente sean competitivas para el usuario”.
Subrayó en que el mencionado trabajo en una nueva política tarifaria apunta al objetivo de que se de el 1 de junio 2023 en todos los sectores, “sin dejar de lado estos dos parámetros que le estoy diciendo: precio y esquemas operativos para determinar los niveles de servicio a los a los usuarios, que son las frecuencias básicamente”.
Amador intervino para apuntar que “para junio la idea es que implementamos un sector, entonces ya con ese sector de ejemplo” paulatinamente se avance. A lo que Ulloa, que ocupa puesto en la junta directiva del Consejo de Transporte Público (CTP) en representación del MOPT, replicó que el acuerdo tomado en esa instancia es que “todos eran para junio, esa es la meta en principio”.
