En momentos de apuros económicos como los que vive el Gobierno en procura de recursos para frenar un creciente déficit fiscal que amenaza la estabilidad de las financias públicas, es noticia una demanda judicial presentada contra el Estado con el objetivo de que finalmente ponga fin a décadas de regalar la cuantiosa riqueza atunera del país a las flotas extranjeras, con tasas ridículas por los derechos de pesca.
La falta de interés en el mar y de una política de pesca actualizada es un reproche compartido por expertos involucrados en actividades de protección de recursos marinos (ver recuadros).
El diputado José María Villalta se mostró optimista sobre el resultado del juicio que entabló ante el tribunal contencioso administrativo sección primera del segundo circuito judicial de San José, donde el pasado 8 de agosto se realizó la audiencia de las partes y solo falta la sentencia de los jueces.
La demanda es contra el Poder Ejecutivo y el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) por las actuaciones irregulares de los gobiernos anteriores que “facilitan y promueven el regalo de la riqueza atunera del país” a las flotas extranjeras, explicó Villalta (Partido Frente Amplio).
El legislador dijo confiar en que se logrará un resultado favorable en el juicio y en que la Asamblea Legislativa se apruebe el proyecto de Ley para Recuperar la Riqueza Atunera (expediente 18.862) que presentó en el 2013, para actualizar los cánones por licencias o derechos de pesca y cerrar los portillos para el robo del recurso, a fin de que pueda ser aprovechado por la flota pesquera nacional y se generen fuentes de trabajo en la provincia de Puntarenas.
Entre 2008 y 2011 Costa Rica percibió, por el pago de cánones de licencias de atún, un ingreso promedio de $37 por tonelada de atún extraído, mientras que en el mercado internacional el producto procesado se cotiza en $2.800 (₡1,6 millones), y si se vende fresco puede llegar hasta $10.000 (₡5,7 millones).
Esto según un estudio realizado por la Federación Costarricense de Pesca (Fecop) basado en datos de la Comisión Internacional de Atún Tropical (CIAT), instancia regional que regula la pesca de la especie en el Oceáno Pacífico Oriental.
Las aguas del Pacífico costarricense se ubican en una zona especialmente propicia para la reproducción de variedades de atún de alto valor comercial.
Cifras oficiales sitúan la explotación de atún en Costa Rica en alrededor de 25.000 toneladas al año, pero investigadores vinculados al estudio del recurso marino calculan que podría rondar las 50.000 toneladas (lo que a precio de $2800 la tonelada representaría un valor aproximado entre entre $70 millones (₡41.400 millones) y $140 millones (₡80.500 millones).
Villalta denunció que los gobiernos han tenido una deuda histórica de estudios técnicos para dirigir la regulación del recurso pesquero y el otorgamiento de licencias de pesca a particulares sin comprometer la sostenibilidad del recurso. Una conducta que lesiona severamente la Hacienda Pública, el Patrimonio Nacional y pone en peligro la protección del ambiente y la conservación de los recursos naturales.
En un documentado alegato de 122 páginas el legislador pide a los jueces declarar nulas las normas ilegales o desactualizadas en materia de la pesca del atún, ordenar a Incopesca cumplir con lo que dispone la Ley de Pesca para la fijación de cánones, obligar a las instituciones correspondientes a realizar estudios técnicos periódicos para racionalizar los permisos de captura del atún y sustentar medidas de protección del recurso, e iniciar los procedimientos sancionatorios contra los funcionarios responsables de la desidia y los incumplimientos de la ley.
Entre otros puntos, busca asimismo que se exija a Incopesca atender los criterios técnicos de la CIAT sobre la utilización del metro cúbico como medida de volumen –y no la medida obsoleta de la llamada “Tonelada Gruesa” que se ha venido empleando– y reconocer el valor real de estos recursos del patrimonio nacional.
Villalta explicó que lo que está haciendo es impugnar varios decretos del Poder Ejecutivo de gobierno anteriores que fijan cánones con una fórmula absurda e irrazonable para tasar el monto de lo que deben pagar los barcos atuneros que tienen licencia de pesca.
Con esa fórmula lo que pagan es apenas la tercera parte de la cantidad real de atún que pueden pescar estas enormes embarcaciones, ya que en solo dos meses de licencia de pesca una de ellas puede capturar casi la misma cantidad de atún que logra en un año toda la flota pesquera palangrera del país.
“Es realmente una millonada de recursos que el país está perdiendo, porque además el monto de las licencias de atún no se actualiza desde hace más de 20 años, no han cumplido con las normas de la ley de pesca que dicen cómo tiene que fijarse el canon; el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) se atribuyó la fijación de los cánones cuando la ley dice que tiene que ser Incopesca con base en estudios técnicos, y no hacen lo estudios técnicos.”
Uno de los decretos impugnados es el que le permite al Estado conceder a dedo a negocios específicos la cuota de recursos pesqueros que la CIAT le asigna a Costa Rica, que es un derecho a pescar una cantidad determinada en aguas internacionales.
Además del derecho a pescar en su zona económica exclusiva (ZEE), Costa Rica también tiene en aguas internacionales una cuota de pesca de 9.364 toneladas métricas al año. Esa cuota el gobierno la está asignando a empresas pesqueras ligadas a la enlatadora Sardimar en Puntarenas, sin pasar por los controles de la ley de pesca.
A través de un decreto, el MAG se atribuyó esa potestad, con el agravante de que lo que se recibe por el canon no se asigna a los destinos específicos que establece la ley.
Según la ley, debería ser Incopesca la que asigne las cuotas a través de licencias de pesca, pero no lo hacen así, sino que usan una figura diferente de asignación y entonces Incopesca se deja el dinero y no lo reparte de acuerdo con el artículo 51 de la ley pesca.
De acuerdo con esa norma, el 50% de lo recaudado debe ser para las universidades, 10% para guardacostas, 20% para Incopesca, 10% para colegios universitarios y sedes de la Universidad de Costa Rica con carreras pesqueras y 10% para docencia, acción social e investigación.
“Incopesca ha sido marginada en algunos casos por estos decretos, pero también ha sido cómplice porque durante años no ha exigido que se cumpla la ley, no ha hecho los estudios técnicos que hay que hacer y no ha exigido al gobierno que cumpla con la ley de pesca”, apuntó Villalta.
“La integración de la junta directiva de Incopesca es parte de los temas de la demanda, porque también estamos cuestionando la práctica de conflictos de interés que ha permitido, por ejemplo, que representantes de la junta directiva de Incopesca, o que son nombrados por Incopesca en la CIAT, al mismo tiempo representen a las empresas atuneras que obtienen las licencias en el país.
Ese es un tema que se tiene que resolver con una reforma a la ley, creemos que hay que reformar la ley de Incopesca (en cuya directiva los representantes de empresas pesqueras son mayoría). No se debería permitir que la parte interesada sea la que se fiscalice a sí misma”, manifestó el diputado y abogado ambientalista.
PROPUESTAS
Al final de la administración pasada, Incopesca había anunciado que se introduciría un nuevo modelo para la pesca de atún, que permitiría limitar las capturas al vincular el otorgamiento de las licencias a la cantidad de atún que puede ser pescado sin comprometer su sostenibilidad.
El precio de las licencias se actualizaría de acuerdo con la realidad del mercado, y la cantidad de las que se otorguen se basaría en criterios científicos y técnicos, indicaba entre otros aspectos el plan, que no llegó a implementarse.
El actual gobierno del presidente Carlos Alvarado propuso fortalecer la pesca de atún como parte de las alternativas para atender las demandas de grupos de pescadores que se quejan del desempleo en la provincia de Puntarenas, principalmente por el vencimiento de las licencias para pesca de arrastre del camarón y que el Gobierno no renueva en acatamiento a un fallo del tribunal constitucional que prohibió la pesca de arrastre en 2013.
Para acordar las soluciones se conformaron comisiones de trabajo con representantes del Gobierno y del sector pesquero que se reunirán cada dos meses.
Previo a asumir el cargo, el nuevo presidente ejecutivo de Incopesca, Moisés Mug, declaró que valoraba la posibilidad de dar continuidad al proyecto del anterior Gobierno en cuanto a revisar el precio que se cobra por las licencias de pesca y establecer un sistema de subasta, así como limitar las capturas máximas permitidas para los barcos extranjeros.
Sin política y sin recursos
A pesar de que el atún es probablemente el principal recurso pesquero que tiene el país, en Costa Rica no hay una política atunera adecuada, afirmó el director regional de la ONG Mar Viva, Jorge Jiménez.
“Seguimos rigiéndonos con las políticas atuneras de los años 60 del siglo pasado, en las que básicamente regalábamos el atún (a las flotas extranjeras) con la condición de que procesaran el atún en Costa Rica. Ahora lo seguimos regalando y el procesamiento es mínimo, unas 10.000 toneladas al año, mientras que las flotas extranjeras capturan más de 50.000, un recurso que podría generar un importante ingreso”, dijo el biólogo y especialista en ecología marina.
Hay flotas comerciales que utilizan el territorio nacional y no se les está cobrando por ese derecho de uso, que también sería otra fuente de recursos. Hay pesca deportiva que es una actividad turística muy importante y podría estar generando buenos ingresos para el país si se tuviera una estrategia de impuestos, pero con apoyo a las actividades mismas, con mejora en las marinas y planificación de las rutas de navegación.
“Pero no tenemos siquiera una ley de navegación acuática, algo asombroso en un país que tiene el 92% de su territorio en el mar, y por lo tanto los barcos pueden navegar por donde quieran. Si pusiéramos atención al mar se generarían recursos importantes para atender la institucionalidad que se necesita para ordenar las actividades que se están haciendo en el mar”, comentó Jiménez.
En su opinión, la anterior fue la peor administración que se ha visto en términos de política pesquera, y en la actual administración las acciones han sido mínimas en este campo. Lo más rescatable es una mejor coordinación que se ve entre Incopesca y el Minae, lo que da esperanzas de haya una sola política, y no como antes, que “prácticamente habían dos gobiernos paralelos dentro del mismo gobierno”, señaló.
Sin embargo, “tampoco se puede esperar que hagan mucho, porque no tienen con qué hacerlo. Sería hasta injusto pedírselos, porque no tienen ni botes, ni gasolina, ni personal, ni computadoras, ‘es terrible”, anotó.
Las instituciones más fuertes del sector, que son el viceministerio de Mares e Incopesca, no tienen recursos. A Incopesca hace poco se le pensionó un tercio de sus inspectores pesqueros, entonces está sin personal y además sin recursos financieros.
Por eso no se ven venir cambios importantes en este campo, y para que los haya tendrá que haber una voluntad al más alto nivel político, para empezar el desarrollo de una política nacional marina, que no existe, comentó el representante de Mar Viva.
Durante décadas el país despreció el mar y se dedicó a explotarlo sin ningún manejo y en este momento el mar está devolviendo la moneda y está diciendo que ya no hay más pesca.
“Ahora tenemos miles de personas viendo cómo sobreviven, porque durante décadas vivieron de la explotación marina, y ahora no hay la cantidad de recurso que había, y esto está produciendo una crisis social en la costa muy importante”, añadió Jiménez.
Lamentablemente tampoco se puede esperar que la problemática se resuelva en tres meses, pues es una crisis que involucra el generar opciones de desarrollo y de empleo en la zona costera que no sea la pesca, y eso toma tiempo, en coordinación institucional y recursos financieros, y el Gobierno no los tiene, resumió Jiménez.
Demanda en rescate del tiburón martillo
El biólogo ambientalista Randall Arauz, de la organización no gubernamental Centro de Rescate de Especias Marinas Amenazadas (Crema), manifestó que en su entorno se espera del nuevo Gobierno un cambio en la política de pesca y protección del recurso marino que no se ha visto, respecto de lo que fue la administración del presidente Luis Guillermo Solís.
En su caso espera particularmente que la administración revierta un decreto del anterior Gobierno, que desde agosto del 2017 incluyó de nuevo al tiburón martillo (en peligro de extinción) en la lista de especies comerciales, igual que el resto de tiburones.
Con el decreto se le quitó al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) toda potestad de aplicar la ley de conservación de vida silvestre para proteger al tiburón martillo, se aplicó la ley de pesca y el Incopesca pasó a ser la única autoridad que decide el futuro de la especie.
El tiburón martillo ha estado protegido desde el año 2015, en el Gobierno de Laura Chichilla, en el marco de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (Cites).
Dicho acuerdo internacional vela por que el comercio de especímenes de animales y plantas silvestres no constituye una amenaza para su supervivencia.
La comisión científica Cites había emitido criterio en dos ocasiones diciendo que no se puede exportar tiburón martillo porque es insostenible, y desde el 1 de marzo del 2015 no se permite ninguna exportación de esa variedad.
La comisión es un órgano colegiado de ocho miembros que debe tener el país, según la convención y la ley de vida silvestre, con el fin de estudiar toda la información disponible y determinar si una especie se puede exportar o no.
Aráuz dijo tener conocimiento de que los exportadores tienen almacenadas en Puntarenas más de diez toneladas de aletas de tiburón martillo que no han podido exportar, y han estado presionando para que se vuelva a permitir la exportación.
En mayo pasado, un recurso presentado por el abogado Walter Brenes fue resuelto favorablemente por el tribunal contencioso administrativo, que ordenó suspender la aplicación del decreto en cuanto a la declaración del tiburón martillo como especie comercial.
Eso implica que si no es comercial vuelve a caer bajo la protección de vida silvestre y de la jurisdicción de Minae, y el Ministerio lo que tiene que hacer es aplicar de nuevo esta ley con lo que se prohibiría toda actividad comercial con tiburón martillo, pero el Poder Ejecutivo tiene otra interpretación y no lo ha hecho, dijo Aráuz.
Por esa razón se presentó una nueva demanda contencioso administrativa contra Minae e Incopesca, “porque lo que queremos es que inmediatamente se declare el tiburón martillo como especie amenazada protegida por el sistema de áreas de conservación”, añadió el investigador.
Patrimonio descuidado
Para el aprovechamiento de los recursos pesqueros contenidos en su Zona Económica Exclusiva (ZEE), dentro de los cuales destacan diversas especies de atún de alto valor comercial, el Estado costarricense tiene la potestad de otorgar licencias a embarcaciones nacionales y extranjeras y cobrar un canon por esos derechos.
A través del Decreto N° 19548-MAG-MOPT del 30 de enero de 1990, el Poder Ejecutivo fijó el canon mencionado para embarcaciones de 400 toneladas o menos en $54 (₡31.000), y para embarcaciones mayores de 400 toneladas en $90 (₡52.000) “por tonelada neta de registro”.
En 1995 otro decreto fijó el canon en $54 para todos los barcos por igual, sin distingo de su capacidad, tarifa que rige desde entonces. Es una violación de la Ley de pesca por barcos extranjeros, que fija un canon mínimo de $60 dólares para buques de más de 400 toneladas.
$54 representan tan solo un 0,06% del valor real del producto.
La fórmula de cálculo del canon derivada del concepto de “tonelada neta de registro” y de su interpretación y aplicación por parte del Poder Ejecutivo no guarda relación con la capacidad real de pesca de las embarcaciones atuneras; es decir, de la cantidad de atún que estas embarcaciones pueden realmente extraer de la ZEE.
La fórmula de cálculo utiliza una medida arcaica, la “Tonelada Gruesa”, que se refiere al volumen disponible del barco y no a su capacidad de acarreo de atún; es decir, la capacidad del buque para almacenar el producto de la pesca expresada en toneladas métricas de pescado.
El espacio que en Costa Rica se mide como una tonelada neta de registro (1 Tonelada Gruesa), si se convierte en peso – agua (el atún tiene un peso similar al del agua), el peso es de 2,83 toneladas métricas.
Esto significa que cuando un barco atunero reporta en Costa Rica, por ejemplo, 300 “toneladas netas de registro”, en realidad ese barco tiene la capacidad de almacenar en sus bodegas hasta 849 toneladas métricas de atún extraído de las aguas costarricenses (300 x 2,83), pero solo paga derecho por la tercera parte.
El Poder Ejecutivo utiliza la fórmula de cálculo descrita a pesar de que la Comisión Interamericana de Atún Tropical (CIAT), de la que el país es parte, ha recomendado a los Estados en reiteradas resoluciones medir la capacidad de pesca de atún de las embarcaciones atuneras en metros cúbicos.
La razón es que se trata de una medida de volumen más apropiada para esta actividad, ya que permite establecer con mayor claridad una relación con la masa de pescado almacenado en un barco atunero.
Según las cifras oficiales, la extracción de atún en la ZEE de Costa Rica ronda las 25.000 toneladas (lo que tendría un valor de unos $70 millones -₡40.250 millones- al precio de mercado de $2.800 la tonelada).
La CIAT le otorga al país además una cuota de 9.364 toneladas de pesca de atún en aguas internacionales.
Más del 80% del atún se descarga en puertos extranjeros.
A diferencia del canon para la ZEE, el canon que cobra el Estado para la pesca de atún en aguas internacionales es de $150 por tonelada y el producto se mide en toneladas métricas, sin que se haya dado explicación técnica de por qué se cobra diferente.
Fuente: datos citados en la demanda de José María Villalta contra el Estado costarricense.
