A causa de una orden de la jueza ejecutora de la pena, Mayra Acevedo, el Ministerio de Justicia y Paz no podrá, a partir de la tarde de este jueves, referirse a temas penitenciarios, informó mediante un video hoy Fiorella Salazar, jerarca del ramo. La orden se emitió para evitar que la entidad circule información “que podría no ser conteste con los principios de independencia judicial y de juez natural”.
“Esta tarde hemos recibido una orden judicial que le indica a las autoridades del Ministerio de Justicia y Paz que no pueden referirse a temas penitenciarios, a partir de este momento empezamos a acatar esa orden”, indicó Salazar.
Consultada sobre el origen de la orden, la comunicadora Poder Judicial Sandra Castro, indicó que desconocía la resolución y que estaba gestionando más detalles. Minutos después trascendió en medios la orden, firmada por la jueza del Juzgado de Ejecución de la Pena de San José.
“Siendo que en los últimos días, las autoridades penitenciarias han estado realizando manifestaciones en distintos medios de comunicación en donde se ha brindado datos y se ha rendido información que podría no ser conteste con los principios de independencia judicial y de juez natural, se impone como medida cautelar atípica, la obligación a las autoridades penitenciarias de abstenerse, ya sea por si mismas o por terceras personas y mientras se encuentre en trámite el presente proceso judicial, de realizar manifiestaciones, consideraciones u opiniones que pongan entredicho los principios antes citados”, cita la resolución.
“Lo anterior, a efecto de garantizar que el derecho fundamental de justicia sea ejercido libre de todo tipo de injerencia y control para que las deciones que se adopten no solo se encuentren ajustadas a derecho sino también sean absolutamente imparciales”, concluye.
Este juzgado se encuentra revisando un cierre técnico que dictó sobre el CAI San José (cárcel de San Sebastián) desde el año 2016. Sobre el particular, Justicia ha informado a la prensa que las mejoras planteadas en el plan remedial ya están listas.
Inclusive, tras una visita de inspección realizada ayer, la ministra del ramo envió declaraciones en un comunicado de prensa indicando que la misma tuvo por objetivo «que las autoridades judiciales pudieran ver, de primera mano, el cumplimiento de las medidas que surgieron en el 2016 mediante que se le aplicó al centro. Desde 2017 se comenzó a atender la orden, por parte del Ministerio de Justicia y Paz, tanto en infraestructura como en otros temas funcionales. En julio se cumplió la última medida que estaba pendiente, que era la de mover las personas sentenciadas a otros centros”.
«Ahora corresponde esperar a que las autoridades judiciales se pronuncien», rezaba el comunicado emitido por la entidad.
