El Foro de la Justicia y la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) enviaron criterios a la Asamblea Legislativa en los que advierten que la propuesta de reforma constitucional para variar la continuidad de quienes funjan como magistrados o magistradas significa un retroceso.
La Comisión de Reforma Constitucional de la Asamblea Legislativa pidió a ambas instancias criterio sobre el expediente 21.612 “Reforma constitucional para la elección y reelección de magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica”.
La respuesta del Foro de la Justicia -que agrupa a organizaciones y personas de distintas disciplinas que han monitoreado el funcionamiento del sistema de justicia- explica que se pretende reformar el artículo 158 de la Constitución Política, con el objetivo de que las magistraturas se reelijan solo por una única vez por el voto de un mínimo de 38 diputados y diputadas, mientras que en la actualidad pueden ser reelegidas por varios periodos de 8 años, salvo que por al menos 38 votos el Poder Legislativo decida su no reelección.
Ese Foro, en el que participan especialistas como Rosaura Chinchilla, Wálter Antillón o Alfredo Chirino, señaló en primer lugar que ante cualquier reforma que afecte al Poder Judicial, la Asamblea Legislativa debe tener, “como principal objetivo, la defensa y fortalecimiento de la independencia judicial, concepto esencial para la democracia y el funcionamiento del Estado de Derecho”.
Señala ese documento que el proyecto de reforma “no garantiza la independencia judicial sino que constituye una acción regresiva que más bien la debilitaría”, pues la mayoría calificada de 38 votos actualmente requerida para no reelegir una magistratura “es una garantía mucho más consistente que la propuesta, para evitar injerencias externas”, ya que la inamovilidad en el cargo es, precisamente, una garantía adecuada para proteger la independencia judicial y al respecto se cita criterios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El grupo de especialistas insisten en que “la reforma propuesta implica un retroceso que menoscaba la independencia judicial y le podría generar al Estado costarricense responsabilidad en tribunales internacionales”.
La misiva enviada también recuerda que ese grupo ya se ha pronunciado sobre la necesidad de “prestar atención” al mecanismo de elección de magistraturas utilizado en la Comisión Permanente Especial de Nombramientos (CPEN) para designar a las magistraturas y trabajar en un procedimiento permanente que establezca claramente los aspectos a ser evaluados en esos procesos de selección y cómo se valora de forma objetiva los atestados de las personas postulantes.
En su conclusión, el Foro de Justicia reitera que el proyecto de reforma “no cumple con el objetivo de garantizar la independencia judicial”, y que sería una “reforma regresiva que pondría en mayor riesgo el derecho de todas las personas a contar con una justicia independiente y puede, por esto, depararle al país responsabilidad internacional”.
“Constitucionalmente inviable”
Por su parte, la Acojud también recordó que el actual proceso de elección de las magistraturas “ha estado envuelto en una serie de críticas de mejora en su procedimiento”, pues “hay una severa y comprobada deficiencia de transparencia y ausencia de estándares internacionales en la construcción de la metodología de evaluación y elección de las magistraturas”.
La misiva de Acojud, firmada por su presidenta Adriana Orocú -también integrante del Foro de Justicia- apunta que “si bien es necesaria la revisión del procedimiento de elección de magistraturas, el proyecto consultado NO tiene como norte la garantía de Independencia Judicial y por ello es constitucionalmente inviable”.
Ese criterio se justifica en que la reforma “implica una alternativa regresiva en términos democráticos y contraviene las obligaciones internacionales del Estado para lograr el cumplimiento de una justicia independiente como Derecho Humano”.
De manera similar al Foro de Justicia, la Acojud señala que el requisito de una mayoría calificada para la no reelección de una persona magistrada, garantiza la inamovilidad en el cargo, salvo que hayan motivos comprobados; lo cual “cobija a los magistrados y magistrados de Corte, como jueces y juezas que son, de protección sobre injerencias políticas, económicas, fácticas o de cualquier otra índole, de no ser reelectos por el contenido de sus resoluciones”.
Al respecto, se cita el caso de la reelección del magistrado Fernando Cruz en 2012, cuando desde la Asamblea Legislativa se alegó que “el contenido de sus resoluciones no se ajustaban políticamente a lo esperado”.
Así, la Acojud recordó la necesidad de garantizar “la estabilidad e inamovilidad en todos los estamentos de la judicatura, para así contar con una justicia independiente” y por ello llamó a que haya “mesura en el análisis de las consecuencias de una reforma como la propuesta y verificar realmente dónde se encuentra la zona de necesaria mejora que insistimos, es el procedimiento de elección actual”.
