El diputado del bloque independiente Nueva República, Jonathan Prendas, defendió las gestiones que realizó para cobrar más de ¢8,3 millones a la Asamblea Legislativa por concepto de cesantía. Estas declaraciones llegaron apenas pocos días después de que la Presidencia del Congreso recibió un criterio de la Procuraduría General de la República (PGR), según el cual el diputado no debió de haber recibido ese dinero.
El dictamen de la Procuraduría remite al artículo 686 del Código de Trabajo, según el cual es imposible que un funcionario reciba el pago de cesantía si, a la vez, planea reintegrarse al Estado, tal como hizo Prendas, que pasó de ser asesor político a diputado. Dicho numeral asegura que un funcionario no puede reintegrarse al Estado si no transcurrió un plazo igual o superior al tiempo por el que indemnizado con el beneficio y que, en caso de hacerlo, debería regresar los montos recibidos.
Ante este dictamen, el diputado fabricista alegó —a través de un vídeo de cuatro minutos que difundió en sus redes sociales— que sí podía cobrar la cesantía, pues el puesto que desempeñaba como asesor se trataba de un régimen “totalmente distinto” al que ahora ostenta como congresista. Asimismo, atacó con especial fuerza a la PGR, a la que acusó de actuar con fines políticos, en beneficio del Partido Acción Ciudadana (PAC).
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“El gobierno del PAC sigue haciendo de las suyas, el abogado del gobierno del PAC es la Procuraduría de la República y este criterio lo hace llegar a la Asamblea Legislativa, manifestando que hay ilegalidad en un pago, pocas horas después de que este diputado vota para investigar al PAC como parte de sus campañas electorales”.
“Me parece sumamente preocupante y si así creen que van a callar a este diputado de las denuncias que hace de todos los malos manejos y de todas las decisiones del gobierno del PAC se equivocan”, afirmó, no sin antes agregar que siempre actuó “de buena fe” y calificar el criterio como “ligerezas”.
Prendas había sido asesor legislativo de los diputados del Partido Restauración Nacional (PRN) durante los últimos dos cuatrienios hasta el 30 de abril de 2018; un día antes de asumir su puesto como diputado.
Según Prendas, antes de pedir el pago de cesantía pidió el criterio de las distintas dependencias legislativas, las cuales le dieron visto bueno para solicitar los recursos. “Ellos me explicaron que cada vez que un asesor llega a ser diputado tiene el derecho al 100% de esos dineros, puesto que son regímenes laborales totalmente diferentes y eso me motivó a solicitar el auxilio de cesantía, que luego avaló la administración y seis meses después se me fue dado”, describió.
Prendas ahora alega que se trata de una “tradición legal y la tradición jurídica de la Asamblea Legislativa”, pues —desde su punto de vista— el puesto de diputado no implica que sea empleado del Congreso. “Por ejemplo, yo como diputado no puedo ser parte de la Asociación de Empleados porque no soy visto como tal, no tengo derecho a las prestaciones de ley, al salario escolar y no tengo un salario sino dietas”, subrayó.
“La PGR está diciendo que a mí no se me tuvo que haber dado ese dinero porque nunca se rompió la línea de continuidad, con el el gobierno y con la Asamblea como patrono, pero esto no tiene razón de ser con la tradición legal y jurídica de la Asamblea”..
El criterio de la PGR llegó dirigido a la Presidencia de la Asamblea Legislativa el 7 de junio pasado, bajo el número de expediente C-158-2019. La solicitud del criterio la hizo la expresidenta del Congreso, Carolina Hidalgo, el 9 de enero pasado; sin embargo, la PGR señaló que elaboró su respuesta hasta ahora debido al “volumen de trabajo” del despacho.
En su consulta, Hidalgo preguntó —de forma general— si una persona que ocupa una plaza de confianza es electa en un cargo de elección popular “¿debe cobrar las prestaciones laborales al finalizar su nombramiento a tiempo definido en la plaza de confianza para ocupar el cargo de elección popular o al contrario, no debe cobrar dichas prestaciones por existir continuidad laboral al tener en ambos puestos al Estado como patrono?”, según detalló el ente procurador.
Procuraduría: “Dictamen está fundado en la normativa vigente”
La PGR descartó intereses políticos en sus acciones y subrayó que simplemente emitió su opinión para cumplir con su “función consultiva” a la Asamblea Legislativa. En esa línea, recordó que respondía a una consulta generalizada, más allá de únicamente sobre el caso de Prendas.
Eso sí la entidad reiteró que su opinión estuvo “fundada en la normativa vigente” y que “corresponde al Presidente de la Asamblea o al Directorio Legislativo, en su caso, determinar si lo dicho en el dictamen resulta aplicable a un determinado caso concreto, sea el del diputado Jonathan Prendas o de cualquier otro diputado o funcionario legislativo”.
