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Jerarca de SINART no convence a diputados al negar favorecimiento a amigos del Presidente en contrataciones

Fernando Sandí incomodó a legisladores de PLN, PUSC, FA y PLP por evasivas en sus respuestas y volverá a ser convocado a Comisión de Ingreso y Gasto

Fernando Sandí, presidente ejecutivo del Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART) negó ante los diputados que se estuviera utilizando la pauta publicitaria de entidades públicas para favorecer a amigos del Presidente Rodrigo Chaves, pero sus declaraciones más bien encendieron los ánimos de los legisladores, que las calificaron de evasivas y de una estrategia para ocultar la verdad.

Sandí fue cuestionado por los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto por la posibilidad de que se estuviera favoreciendo a Cristian Bulgarelli, a quien la Ministra de Educación Katherina Müller presentó como asesor de comunicación presidencial, y que tuvo al menos cuatro reuniones en Casa Presidencial y tres con la diputada Pilar Cisneros. Adicionalmente, los diputados cuestionaron si Tomás Cruz, hijo del asesor presidencial Federico Cruz (quien fue designado como presidente del partido “Aquí Costa Rica manda”, como divisa para prolongar la vida del chavismo), trabaja con Bulgarelli.

Sandí admitió una relación de amistad con Bulgarelli y con Federico Cruz, pero negó que incidiera en las contrataciones por alrededor de ₡100 millones que habría recibido Bulgarelli, y aseguró que la relación personal no influyó en decisiones de contratación.

Empero, sus respuestas crisparon la paciencia de los diputados Francisco Nicolás del Partido Liberación Nacional (PLN), Vanesa Castro del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Katia Cambronero del Partido Liberal Progresista (PLP) y Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), que consideraron que Sandí llegó con la intención de ocultar la verdad entre respuestas indirectas o difusas.

Cambronero anunció quería respuestas sobre las personas que participaron en la campaña del Presidente Chaves y que aparecían involucrados en la publicidad del SINART, pero ante los malabares técnicos de Sandí, indicó que le quedaba  la duda de si quería dar la información, porque había que sacarla con cucharadas.

Más enfáticos fueron Nicolás y Castro. “Queda claro que aquí no estamos con las cartas arriba. Creo que este Gobierno y usted están utilizando la pauta electoral para redirigirla a objetivos electorales”, dijo Nicolás

Por su parte, Castro expresó: “No se vale contestar como usted contesta, haciendo preguntas de vuelta y sin dejar percibir la verdad de los hechos”, indicando que en lugar de aclarar la situación, la estaba ocultando.

Robles le cuestionó si sabía de la prohibición para contratar asesores de la Presidencia para los servicios que se generaban desde el SINART. Cuando le cuestionó si se había investigado la condición de Bulgarelli, Sandí expresó que “tomaba nota”, aunque posteriormente alegó que no estaba en la entidad cuando se realizaron los contratos que se cuestionaban.

Sandi por su parte, defendió que se estaba democratizando la pauta publicitaria, al indicar que al llegar encontró que se contrataban pocos medios, para lograr un gran alcance, saliendo pocas veces. “Ahora tratamos de que la base de medios sea más amplia, creando mejor contenido, a un menor costo”, expresó.

También defendió que la existencia de la agencia de publicidad del SINART no era reciente, sino que tenía 20 años de constituida. “Lo que si es nuevo es el ataque sistemático y orquestado que esta diversificación ha experimentado en los últimos meses”, en la que resaltó desinformación “de dos medios de comunicación”.

Sandí también negó “que el SINART esté nadando en dinero”. Indicó que el año pasado se generó una pérdida “de solo ₡40 millones” y se quejó de que las transferencias del Estado se han reducido (algo que los diputados le refutaron), por lo que tiene que recurrir a sus otras fuentes de ingresos: el 10% de los presupuestos de comunicación de las entidades públicas que se deben canalizar por el SINART (pero que solo se ha logrado alcanzar un máximo de un 70% de esta obligación), y los servicios de la agencia de publicidad, que aseguró apenas tiene el tamaño de una “agencia mediana” en Costa Rica.  Cuando le preguntaron por los contratos que supuestamente alcanzarían los ₡7.925 millones, alegó que esto no implicaba una ejecución, sino la posibilidad de ejecución, en caso de que el cliente los solicitara.

 

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