La jerarca del Ministerio de Ambiente y Energía, Andrea Meza, se manifestó en contra de una acción de inconstitucionalidad planteada contra la normativa nacional que regula las quemas agrícolas.
Mediante un escrito fechado el 4 de octubre, la jerarca se limitó a citar un criterio que al respecto solicitó a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), el cual apuntó que las “posibles afectaciones negativas” de la práctica, como “deterioros en el suelo, en la salud humana, en la calidad del agua, en la vegetación, efectos sociales y económicos”, pero que “por reglamentación en nuestro país, esos puntos están abarcados y salvaguardados ya que no se pueden realizar quemas a menos que se cuente con el permiso otorgado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería”.
La acción fue presentada a inicios de agosto por el abogado ambientalista Álvaro Sagot, Danny Villalobos, presidente de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon) y el ciudadano Carlos Wong, y pretende que se declare la inconstitucionalidad de artículos de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos y su reglamento, la Ley de Cercas Divisorias y Quemas y del Reglamento para Quemas Agrícolas Controladas.
Se señaló que esa normativa cuestionada permite la realización de quemas “sin la existencia de licencias ambientales que permitan medir y ponderar los efectos sobre las personas, la biodiversidad, el clima y sus respectivos derechos”.
Entre los argumentos esgrimidos por esos accionantes, figuran precisamente criterios de la Setena respecto a pérdida de nutrientes del suelo, pérdida temporal de cobertura vegetal y especies de flora silvestre importantes como comida y hábitat para especies silvestres de fauna; así como la “relación directa” entre “los factores climáticos y el efecto de las quemas en la contaminación del ambiente y principalmente asociado a la generación de gases, humo blanco y partículas en suspensión”, según se citó en la acción.
Por ello entre otras cosas pidieron que se considere “totalmente irracional tener autorizadas las quemas agrícolas en Costa Rica desde hace decenas de años sin que se hubiese exigido que para cada evento se tuviera que pasar por el tamiz de la Setena”, es decir, que requieran de una evaluación de impacto ambiental previa.
Indignación
Sin embargo, el criterio expresado ahora por la Setena y por la propia Meza, es que “las quemas controladas ya son una actividad que está regulada y sus requisitos responden a que existe protección del medio en la que se realiza”.
Ese oficio también señala que la reglamentación vigente prohíbe las quemas en áreas protegidas por ley, como terrenos forestales, zonas protectoras, parques nacionales, refugios de vida silvestre o aledaños a ellas; y quemas a menos de 400 metros del borde de los manantiales que nazcan en los cerros y dentro de un radio de 200 metros de los manantiales que nazcan en terrenos planos, así como las quemas para limpieza de terrenos que no estén destinados al uso agrícola y en la zona restringida definida en la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre.
Así que esas áreas contempladas en el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), son consideradas “ambientalmente frágiles, y no se permite la implementación de quemas controladas” y por lo tanto los “factores del medio ambiente susceptibles de ser impactados por la actividad de quemas controladas, el medio físico, biológico y socioeconómico, ya fue considerado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería y demás leyes conexas”.
Por ello concluye el criterio de la Setena que realizar un Estudio de Impacto Ambiental, “no agregaría medidas adicionales para la mitigación de los efectos de las quemas”.
Al conocer la respuesta de la Ministra, Álvaro Sagot observó con indignación que no se refirió una sola vez al problema real de cambio climático: “Es un relajo que la Ministra no desarrollara el tema de la crisis climática cuando se supone que era su fuerte”, pues antes de asumir el puesto fungió como directora precisamente de Cambio Climático en el Minae.
Ante el hecho de que el criterio de Meza es que no se requiere una valoración ambiental, cuestionó “¿a quien defiende Andrea Meza?” y añadió que con esa respuesta “queda en falta al país, nos hace retroceder en la lucha contra la crisis climática y nos deja además en vergüenza respecto a las políticas nacionales de protección ambiental”.
Cabe recordar que recientemente, también durante el trámite de otra acción de inconstitucionalidad, las autoridades del Minae se pronunciaron a favor de la construcción de obra pública sobre humedales que no estén en áreas protegidas.
