Cinco jefes de diversas divisiones de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica (UIA) del Departamento de Aeropuertos de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) confirmaron ante la comisión de infraestructura de la Asamblea Legislativa que recibieron presiones directas del despacho de exministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Luis Amador, para justificar que las obras de rehabilitación de la pista del Aeropuerto Daniel Oduber se hicieran mediante decreto de emergencia.
Los funcionarios Alexander Sánchez, Ignacio Acuña, Carlos Rojas, David Rojas y Fabián Brenes fueron todos firmantes del informe que advirtió el 7 de agosto de 2023 que no existía nexo de causalidad entre el deterioro de la pista del mencionado aeropuerto y la tormenta tropical Bonnie que justificara su inclusión en el decreto de emergencia mediante el que se reparó.
Durante la audiencia los funcionarios defendieron que técnicamente es insostenible atribuir el daño de la pista al paso de Bonnie pues hay diversos documentos que revelan que desde años atrás, la misma requería intervención, tal y como lo habían documentado en el oficio de agosto.
Sn embargo, cabe recordar que el gobierno amplió decreto de emergencia para incluir a Liberia y así consiguieron gestionar los trabajos por medio de un mecanismo de contratación excepcional, vía la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE).
Los funcionarios indicaron que durante el proceso para contratar esas obras por vía de emergencia – en el que según aclararon continuaron participando ejerciendo su deber de obediencia, a pesar de sus objeciones-, fueron presionados por un asesor del MOPT, Charbell Zecca, que se identificó como ingeniero y que les pidió confirmar desde la UIA el inexistente nexo causal. Los profesionales, sin embargo, se negaron.
Según dijeron, Zecca -quien por cierto no pertenece al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica- dijo que en el proceso de construcción del “plan de inversión” de las obras requería que la unidad certificara como producidos por Bonnie daños que databan desde incluso 2019. “Se le indica que ningún profesional de la UIA iba a asumir dicha responsabilidad, en vista de que lo establecía en el plan no constaba en los datos que cuenta la UIA sobre el impacto de la tormenta Bonnie en el aeropuerto”, dijo Sánchez.
Luego, detallaron, tanto en reuniones en la CNE como en el despacho del exministro se les presionó nuevamente para certificar la información, que finalmente ninguno respaldó y que Amador mismo certificó.
Durante la audiencia Sánchez desmintió al exjerarca pues dijo que no sólo conoció los pormenores de los términos de referencia -contrario a lo que Amador dijo en el video que circuló a la prensa cuando salió del país- sino que fue él mismo quien fijó el presupuesto de $40 millones para las obras.
Los funcionarios detallaron que en el proceso de construcción de los mencionados términos participaron personeros del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), incluido Mauricio Batalla, exdirector ejecutivo y actual ministro de Obras Públicas y Transportes.
