A pesar de la tensión que se vive en los territorios indígenas de Salitre y Térraba, el comisionado de la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Joel Hernández dijo haber encontrado “esperanza renovada” en esas comunidades.
Según dijo, tras el asesinato de Sergio Rojas, acaecido el pasado 18 de marzo, encontró en las autoridades costarricenses conciencia “de la importancia de avanzar en el saneamiento como el factor que va a permitir disminuir cualquier amenaza a la vida y la integridad de las personas”.
Hernández es abogado de profesión y formó parte del servicio exterior mexicano como embajador en diferentes puestos. Antes de que abandonara el país fue posible entrevistarlo vía telefónica gracias al apoyo de la comitiva oficial de Casa Presidencial que lo trasladó a los territorios indígenas.
Tras el asesinato de Sergio Rojas, lo que los movimientos indígenas, organizaciones sociales y demás han sostenido es que es culpa del Estado, por todas las omisiones históricas en la aplicación de la ley, los problemas de saneamiento territorial y demás. En ese sentido, ¿qué tipo de respuestas obtuvo de parte del gobierno de Costa Rica?
-En primer lugar, tenemos que tener muy presente que el presidente Carlos Alvarado netamente repudió el hecho, y extendió una invitación a la CIDH para que viniese a Costa Rica y pudiese tener un contacto directo con las comunidades indígenas y con las autoridades, tanto para conocer el estado que guarda el tema indígena, pero también las investigaciones en torno al asesinato.
Estamos aquí por una invitación del presidente Carlos Alvarado, hemos estado dos días en jornadas muy largas, muy completas con autoridades para tener una apreciación de primera mano sobre la situación de tenencia de la tierra de parte de las comunidades indígenas.
Desde el punto de vista del cumplimiento de las medidas cautelares, ¿fueron éstas abordadas en específico?
-La CIDH admitió una resolución de medidas cautelares en 2015 a favor de dos pueblos, el pueblo bribri y teribe (Bröran), con el propósito de preservar la vida y la integridad de los integrantes de estos pueblos indígenas.
Adicionalmente la medida solicita a las autoridades del Estado que tomen las medidas necesarias para atender la causa subyacente de las amenazas a la vida y a la integridad de esos pueblos. Esas causa subyacente tiene que estar de la mano con el tema de la reivindicación de tierras por parte de los dos pueblos beneficiarios, que conlleva acciones que deben emprender las distintas autoridades del Estado en materia de saneamiento de las tierras. Esa es la medida cautelar en vigor.
¿Considera que esas medidas necesarias han sido tomadas, luego de hablar en el terreno con las poblaciones indígenas?
Lo que pude percibir en esta reunión, es que el lamentable hecho del asesinato de don Sergio Rojas se ha convertido en una motivación para que la medida cautelar sea ejecutada de manera más efectiva.
Hay una conciencia de las autoridades involucradas de la importancia de avanzar en el saneamiento como el factor que va a permitir disminuir cualquier amenaza a la vida y la integridad de las personas.
También hay una renovada esperanza de parte de los pueblos indígenas para que las acciones sean mucho más contundentes y den mayores resultados. La medida está sirviendo en primer lugar para unir tanto a las autoridades estatales como a los propios beneficiarios en torno a un objetivo común. Las autoridades permiten que haya coordinación con los beneficiarios.
¿No es contradictorio que las medidas cautelares se emiten precisamente para proteger la vida de los beneficiarios y que usted esté ahora en una posición en que encuentra que se dan pasos positivos tras la muerte de uno de ellos?
-Sí. Es una situación realmente muy lamentable, que un beneficiario de esa medidas cautelares haya perdido la vida, haya sido asesinado. Es realmente lamentable que teniendo esa protección especial, no haya sido posible impedirlo. Pero, repito, se quiere tener una acción renovada, un compromiso renovado a partir de este lamentable hecho.
