Investigan más involucrados y mayores montos estafados

Una estafa con falsas licencias emitidas con base en un proyecto que apenas está en discusión en la Asamblea Legislativa para legalizar el uso medicinal del cannabis (marihuana) involucra a más gente y por montos mayores a lo que se ha dicho hasta ahora.
Así lo reveló el diputado Marvin Atencio, del gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC), impulsor del proyecto de “Ley para la investigación, regulación y control de las plantas cannabis y cáñamo para uso medicinal, alimentario e industrial“ (Expediente Nº 19256).
El proyecto se encuentra desde hace cerca tres años en discusión de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, donde Atencio y otros diputados sometieron más recientemente un texto sustitutivo para valoración de la comisión, el cual incorpora las observaciones hechas por autoridades e instituciones llamadas a pronunciarse sobre el tema.
El proyecto ha encontrado oposición de los diputados de los llamados “partidos cristianos”, y el diputado Abelino Esquivel, del Partido Renovación Costarricense, presentó 1.300 mociones que complicaron el avance del proyecto.
El asunto de la estafa con falsas licencias que salió a la luz pública hace dos semanas es grave, consideró Atencio. Dijo que se reunió con el embajador de Estados Unidos para advertirle y decirle que van a hacer una reunión con Comercio Exterior para tratar el tema.
Hay inversionistas, farmacéuticas y gente de buena fe que querían invertir en Costa Rica y los han engañado. Solo a un israelí “le sacaron como $100.000” y hay más personas involucradas, afirmó el legislador.
El diputado, médico homeópata, ha sido perseverante impulsor del proyecto para legalizar la producción y uso de cannabis con fines medicinales, prácticamente desde que llegó a ocupar la curul de diputado en el 2014.
De momento la denuncia concreta que ha trascendido es la que presentó el pasado 8 de marzo en la Fiscalía de Garabito, Puntarenas, un empresario israelí de nombre Offer Abitbol.
La denuncia es contra el supuesto empresario estadounidense Thomas Frank Reeves y la empresa Greenleaf Holding Technologies, de la cual el norteamericano es socio y gerente.
Según relata el israelí en el documento, a él y su compañera sentimental, residente en Jacó, los engañaron con la supuesta aprobación en agosto del 2016 del proyecto de ley en mención, y les vendieron una “licencia” expedida por un inexistente Instituto Costarricense de Investigación, Regulación y Control del Cannabis, con firma de la viceministra de Salud María Esther Anchía, como supuesta directora de la entidad.
La viceministra emitió un comunicado desmintiendo que haya firmado licencia alguna.
El israelí relata en la denuncia entregada a la Fiscalía que ellos depositaron para la empresa de Reeves $25.000 como adelanto de la compra de la licencia, pero desde noviembre perdieron contacto con el norteamericano (quien supuestamente se trasladó a Estados Unidos) y la empresa Trustco Investment Trust Company S.A., donde depositaron el dinero, les niega la posibilidad de recobrarlo.
Se da la circunstancia de que Reeves es socio del empresario Gerald Rojas Murray, conocido como Gerald Murray, quien ha sido uno de los principales lobbistas del proyecto.
Murray también es conocido como un político que ha pasado por los partidos Liberación Nacional, Movimiento Libertario y Nueva Generación, y recientemente intentó inscribirse como precandidato en la Unidad Social Cristiana pero la agrupación se lo rechazó por no cumplir con el requisito de militancia.
Inicialmente estuvo apoyando el proyecto presentado por el diputado Atencio, pero luego tuvo diferencias y se acercó a otros diputados para impulsar modificaciones al proyecto, relacionadas con las licencias para la producción, el autocultivo y consumo recreativo de la hierba.
Asimismo, medió en una visita que cinco diputados hicieron en octubre del 2015 a Denver, Colorado, donde observaron industrias del cannabis, reguladas por el Estado, y se entrevistaron con impulsores de la regulación.
Murray aparece registrado como uno de los gerentes de la empresa Greenleaf Holding Technologies, la demandada por el israelí por negociar con licencias falsas, y de la cual Reeves es también gerente.
En su declaración entregada a la Fiscalía, Abitbol afirma que en setiembre pasado se reunieron él y su pareja con Murray y Reeves, quienes se presentaron como encargados del movimiento Cannabis Medicinal Costa Rica, y les dieron una copia del contrato por la licencia.
Posteriormente les mandaron por Whatsapp una fotografía con una carta firmada por el presidente Luis Guillermo Solís, en la que supuestamente se aprobaba la ley 19.256 y luego les enviaron una fotografía de la licencia que habían comprado.
Murray manifestó que “en los tribunales no hay ninguna acusación en contra mía; lo que dicen los señores (denunciantes) es que se reúnen tres veces conmigo y eso es todo lo que dice la demanda. La prensa lo utilizó para hacerme ver como parte de eso, que ni siquiera es una estafa, lo que hay un contrato de por medio entre dos compañías”.
Afirmó que lo que existe es un contrato entre el denunciante y una fiduciaria, “que de hecho está siendo investigada porque ellos no solo se robaron la plata de este señor, sino de un montón de gente más, y es la que se dejó la plata que ellos están reclamando”.

Señaló que lo “aquí lo que se está haciendo es un show político”, para desviar la atención de “los que realmente están detrás del negocio del cannabis”, que es un laboratorio situado en Tamarindo, lo cual él viene denunciando desde que en el 2014 el diputado Atencio “plagió nuestro proyecto de ley y lo alteró para beneficiar a estos laboratorios”.
“Aquí lo que se está haciendo es un show político, es entendible, yo desde el año pasado vengo denunciando la relación del diputado Atencio con este laboratorio. Ningún medio de comunicación me dio pelota porque era un simple ciudadano, pero desde el momento que anuncio mi precandidatura, que también voy a anunciar en las próximas semanas, pues aprovechan esto para tratar de mancharme”.
Aceptó que es cierto que fue miembro de la empresa denunciada, (Greenleaf Holding Technologies), pero afirma que renunció hasta abril del año pasado, y lo hizo, como lo indicó en la carta de renuncia, porque “me voy a dedicar a la política y no quiero que esto llegue a afectar una compañía constituida legalmente en el país”. “No sé por qué todavía no me han sacado como gerente”, adujo Murray aludiendo al hecho de que aún su nombre aparece registrado en ese cargo.
“Muchos, especialmente los que querían dejarse el negocio (del cannabis), al ver que tengo aspiraciones políticas y ver que tal vez ahora si la prensa me podía tomar en cuenta con las pruebas que yo tengo que vinculan a estos señores, salen con este show político, manifestó Murray, quien adelantó que el 11 de abril dará una conferencia de prensa para presentar las pruebas que tiene y anunciara una querella.

AFECTACIÓN

El diputado Atencio reconoció que la denuncia sobre la estafa “ensucia” el proyecto de ley de cannabis medicinal e industrial y le resta impulso en la Asamblea Legislativa.
Diputados de la comisión, como su presidente Juan Luis Jiménez Succar (Liberación Nacional) y Alberto Alfaro (Movimiento Libertario), están desanimados porque los han querido involucrar, aseguró Atencio, aunque este dice que ningún diputado aparece involucrado en los documentos que le han llegado relacionados con este caso.
“Yo no me doy por vencido”, sostuvo Atencio, quien dijo que ha conversado con el presidente Solís y otras autoridades para sacar adelante la regulación del cannabis vía decreto del Poder Ejecutivo, con base en el artículo 2 de la ley de psicotrópicos que da esa posibilidad.
No es tan completo como una ley, pero por lo menos se podrá sacar adelante en este gobierno el tema, que el Ejecutivo lo ha estado convocando en las sesiones extraordinarias del Congreso pero no se ha podido pasar, comentó.
Respecto a su conflicto con Murray dijo que al inicio este participaba en el grupo que colaboraba en la elaboración del proyecto de ley, pero luego propuso incluir el autocultivo y consumo y “esa no es mi línea, que es el cannabis medicinal e industrial”.
Esto generaría trabajo, investigación, medicamentos, aceites, producción de tela y un montón de productos que se hacen con el cannabis, lo que con impuestos y otros rubros representaría alrededor de 1,5% del producto interno de Costa Rica, destacó Atencio.
“Murray empezó a atacarme y decir que yo había plagiado el proyecto de él, cosa que no es así, y ahora menos porque el proyecto está armado con las observaciones de toda la gente que llegó a comparecer a la comisión”, del Ministerio de Salud, Caja Costarricense de Seguro Social, Colegio de Médicos, Instituto de Control de Drogas, entre otros, destacó Atencio.
El proyecto contempla que la investigación y la concesión de las licencias estará a cargo de un instituto adscrito al Ministerio de Salud, encabezado por profesionales de distintas instituciones altamente calificados.
Jiménez Succar, quien fue uno de los diputados que viajaron a ver las instalaciones de la industria del cannabis en Denver, dijo para el viaje fueron invitados por una asociación de Estados Unidos que promueve la legalización del cannabis y Murray fue uno de los que los contactó.
Respecto a su conexión con Murray, explicó que a la Asamblea Legislativa llega gente “a hablar bondades” de los proyectos y él los atiende a todos.
Murray llegó a hablarle del tema y como era otro grupo interesado “lo llevamos a la comisión” (donde expuso sus propuestas).
Jiménez dijo que es un “convencido de la cannabis medicinal”, pero no le interesan “los pleitos y competencias” en torno al tema “ni nos vamos a matar por (aprobar) un proyecto”.