Investigadores del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE), de la Universidad Nacional, acudieron ante los diputados de la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior para defender un estudio sobre posibles efectos del decreto ejecutivo que excluyó a proveedores para el desarrollo de servicios de telefonía móvil de quinta generación (5G).
Marco Otoya, Olman Segura y Leiner Vargas defendieron la conclusión de que el decreto 44196-MSP-MICITT del Poder Ejecutivo, en el que excluyó a los proveedores de países que no hubieran firmado el Convenio de Budapest alegando cuestiones de ciberseguridad, podría incrementar en hasta un 40% los costos de implementar la tecnología de 5G en Costa Rica.
“Sin la aplicación del decreto, el costo de las tarifas podría ascender a $153 millones, pero con los efectos del decreto, se elevaría a $215 millones, un incremento de hasta un 40%, pero esto dependería de cómo cada operador pueda distribuir sus costos”, indicó Otoya.
Los investigadores se refirieron al hecho que Huawei fue quien contrató el estudio, situación que fue utilizada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) para cuestionar sus conclusiones. “El documento fue contratado por Huawei, igual que han sido contratados otros estudios por RECOPE, MICITT, PNUD y otros. Nos contratan la pregunta, lo que les interesa saber, pero la respuesta es nuestra, manteniendo nuestra independencia, rigurosidad y libertad de cátedra. No aceptamos que se nos imponga”, manifestó Segura.
Por su parte, Vargas destacó que los cinco economistas del estudio analizaron diferentes escenarios, partiendo del efecto de no tener la tecnología 5G a tiempo (que estimaron en 1,3% del Producto Interno Bruto, PIB), para pasar a analizar los diferentes costos en otros escenarios, como la participación de todos los proveedores, y la exclusión de los que provienen de países que no suscribieron el convenio de Budapest.
“Haciendo uso de un símil, es como construir un canal para llevar agua a diferentes territorios, se debe valorar el costo de ampliar un canal existente para mejorar su cobertura, o construir un canal nuevo. En Costa Rica, si excluimos algunos operadores, particularmente por la situación del ICE, el efecto es que tendremos que construir un nuevo canal, no solo para 5G, sino para 3G y 4G”, expuso Vargas.
En la audiencia también estuvo convocado Sergio Ortiz, presidente de la Asociación Sindical Costarricense de Telecomunicaciones (ACOTEL) y Sergio Olivares, de la Asociación Nacional de Técnicos y Trabajadores de las Telecomunicaciones (ANTTEC), pero el segundo se excusó
Ortiz por su parte consideró que el decreto ejecutivo sería más beneficioso que perjudicial para el Instituto Nacional de Electricidad (ICE), por considerar que lo obligaría a reducir su dependencia de Huawei (nota aparte) y presentó denuncias de compras a la empresa china que, aseguró, deberían investigarse.
Los diputados acordaron convocar para la próxima semana a los mismos comparecientes, para continuar estas audiencias.
