Los diputados se metieron a investigar denuncias de periódicos contra dos bancos del Estado por presunto daño a la libertad de prensa, al retirarles publicidad tras publicaciones con información desfavorable, y están saliendo revelaciones inesperadas sobre diversas fuentes de manipulación de la información a través de los medios.
La Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa emprendió una investigación con un postulado controversial: “las denuncias planteadas por diferentes medios de comunicación nacional por el condicionamiento de pauta publicitaria que realizan los Bancos del Estado u otras entidades públicas como represalia por reportajes o denuncias contra ellos”.
Pero tras la comparecencia de Armando González, director de La Nación, de Iary Gómez, directora y gerente del Grupo Extra, Juan Carlos Corrales, gerente general del BNCR, y las intervenciones de los propios diputados, sale a relucir que el uso de pauta publicitaria para condicionar a los medios no es de ahora, sino que ha sido práctica común en los diferentes gobiernos.
Además, señalan que hay periodistas a los que se les paga por aplaudir y que algunas agencias de publicidad – empresas llamadas a dar asesoría profesional a los anunciantes de cómo hacer el uso más eficaz de su presupuesto publicitario – estarían interesadas en colocar la publicidad en medios donde la publicidad es más cara, porque cobran de comisión el 20% de la pauta.
También debaten sobre ciertas agencias que pertenecen a medios de comunicación y que otras dan servicios a un partido en campaña electoral a cambio de que después el gobierno las favorezca con contratos publicitarios de instituciones públicas.
El director de La Nación enfiló críticas a la utilización de los fondos de los costarricenses por parte de los funcionarios públicos para mantener a las audiencias en la ignorancia sobre asuntos que son de su incumbencia y que tienen derecho a conocer.
Exhortó a los diputados a “terminar con ese dinero que es corruptor para el periodismo y para la administración pública, que aleja a los funcionarios del cumplimiento del deber de probidad y que es profundamente nocivo para la libertad de expresión”.
En ese sentido el director de La Nación habló de un fenómeno de corrupción en el periodismo. “A algunos no les conviene hablar de esto”, pero hay periodistas a los que se les premia para aplaudir, se da una premiación con fondos públicos a medios de comunicación dóciles o simplemente débiles para hacer frente a la presión financiera, afirmó.
Tanto González como Gómez sostuvieron, en audiencias separadas, que los medios que dirigen son independientes en su línea editorial, y no se doblegan por presiones de la pauta publicitaria. Dijeron que no es el dinero de los anuncios que se les recortaron lo que los mueve a hacer la denuncia, sino la defensa de la libertad de prensa que, según ellos, se ha querido lesionar con retiro de pauta publicitaria.
El BNCR -la mayor entidad bancaria del país – pautó en La Nación publicidad por más de ¢1.436,7 millones desde el año 2011 al 2016 (en promedio ¢239 millones al año), según cifras suministradas por el Banco. El monto no incluye pagos de publicidad en “combo” de ese periódico con otros medios del grupo Nación, que en total facturó ¢2.422,6 millones del BNCR en ese período.
En la comisión, la directora de la Extra denunció que el Banco de Costa Rica (BCR) canceló una pauta que había sido reservada con anticipación en el periódico, y también en Canal TV42, el mismo día que el diario sacó una denuncia sobre dicho banco.
El Banco alegó cambios en su plan de inversión publicitaria pero llama la atención que la cancelación de la publicidad que había sido solicitada se diera inmediatamente después que apareció la noticia en el periódico, señaló la periodista.
El representante del BCR fue citado para comparecer esta semana a la comisión legislativa.
Gómez también mencionó a la Universidad de Costa Rica (UCR) entre las instituciones públicas que cancelaron la pauta después que el diario publicó denuncias sobre la institución.
Estas instituciones han negado tener intención de amordazar a la prensa con retiro de la publicidad, pues afirman que los recortes se deben a una decisión tomada de antemano de modificar su plan de inversión publicitaria en los medios.
En el caso de la UCR, Wajiha Sasa, directora de la Oficina de Divulgación e Información, indicó que en un documento que están preparando para enviar a la comisión legislativa explican que la Universidad ha reducido la inversión en el rubro de información institucional en medios externos y fortalecido la pauta en medios institucionales, a partir de la Resolución de la rectoría R-8-2015.
Esto como parte de las medidas de contención del gasto que ha emprendido la institución, lo que ha significado un ahorro de más del 33% anual desde el año 2014.
“Seguimos publicando en medios externos pero hemos diversificado un poco en los medios en que pautamos”, para llegar a los públicos específicos a los que van dirigidas las actividades de la institución, indicó la funcionaria, tras anotar que la Universidad no pauta publicidad, sino información sobre su actividad.
Algunos diputados como Gonzalo Ramírez (Renovación Costarricense) tímidamente cuestionaron a los comparecientes en la comisión hasta qué punto los mismos medios ponen cortapisas a la información que recibe el público, en función de sus intereses o posiciones, pero sobre este aspecto no profundizaron.
En la comisión no se han concretado casos de medios que, a pesar de su discurso por libertad de prensa, manden a callar investigaciones o cancelar reportajes que involucraban a empresas poderosas o personajes intocables.
¿MORDAZA?
Como ejemplo de cómo se ha utilizado la pauta publicitaria para silenciar informaciones de interés público, el diputado Jorge Arguedas (Frente Amplio) reiteró en el panel legislativo la denuncia de que supuestamente en marzo del 2010, Canal 7 canceló la emisión de un reportaje con denuncias sobre irregularidades en contrataciones del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
El reportaje –para el que se le entrevistó durante horas – se iba a emitir un martes, pero el viernes anterior entró una orden de compra de publicidad del ICE por ₡100 millones y la denuncia no se transmitió, narró Arguedas.
Lo que se trasmitió fue un reportaje sobre los logros que había tenido la administración de Óscar Arias en el ICE, pero lo que no se le dijo a los costarricenses es que invirtieron millones de dólares en material y equipos inservibles que están embodegados, y los usuarios los están pagando con tarifas, aseveró el diputado, quien entregó copia de la orden de contratación directa del ICE al canal para publicidad por ₡100 millones, con fecha 15 de marzo del 2010.
Ignacio Santos, director de Telenoticias, calificó de “rotundamente infundadas y temerarias” las afirmaciones de Arguedas.
“Jamás las presiones de anunciantes -y otras mucho peores- han impedido que realicemos nuestro trabajo diario”, respondió Santos ante consulta de UNIVERSIDAD.
Dijo que emplaza al diputado a que presente una sola prueba sobre el supuesto reportaje que se publicaría, del supuesto anuncio de ese reportaje o diga el nombre de la periodista que según el legislador hizo el reportaje y dejó de aparecer en pantalla luego de ese caso.
Consultado Mario Redondo, presidente de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, admitió que el problema es más serio de lo que sospechaban al iniciar la investigación sobre las denuncias contra los bancos.
En su opinión, va quedando evidencia sobre un problema que parece haberse venido dando con mucha cotidianidad en el país, que atenta contra la libertad de prensa, y es una indebida disposición de los recursos públicos.
“Estamos totalmente decididos a ver cómo evidenciamos y establecemos medidas para frenar de una vez por todas esta conducta; nos parece que ya es hora que se acabe en este país”, sentenció.
Equilibrio
El gerente general del BNCR, Juan Carlos Corrales, admitió ante los diputados que él como jerarca administrativo tomó la decisión de hacer una “pausa” en la pauta publicitaria para el diario La Nación.
Afirmó que el objetivo era conseguir una cita que no le daba el presidente de la junta directiva de La Nación (Manuel Jiménez), a fin de pedir equilibrio en la información y así evitar el daño a la reputación del Banco que estaban ocasionando las publicaciones del medio, sin que se le diera derecho de respuesta.
Relató que el periódico venía publicando desde octubre pasado una serie de informaciones sobre el Banco, que eran ciertas y ante las cuales no reaccionaron. El problema surgió cuando La Nación publicó en mayo el resumen de un informe confidencial que la administración le presentó a la junta directiva de la entidad bancaria sobre el riesgo del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa), propiedad del BNCR y el BCR.
“Eso lo presentamos el 18 de abril y el 7 de mayo La Nación publica un resumen de ese informe que se suponía que estaba solo en el seno de la junta directiva, detallando pormenores del informe, y agrega que por la alta vulnerabilidad de Bicsa el Banco va a vender, y que esa alta vulnerabilidad amenaza las finanzas del Banco, cosa que no es cierta”, dijo Corrales.
Añadió que no necesitan vender Bicsa para mantener la estabilidad del BNCR, que hoy tiene los mejores resultados de sus 102 años de existencia.
La información ocasionó que en el Banco empezaran a recibir llamadas de corresponsales internacionales, como el Banco JP Morgan y el Bank of America, entre otros, preocupados por la situación de Bicsa y la del Banco Nacional.
El 10 de mayo se reiteró la información en el periódico de que el BNCR estaba valorando la venta de Bicsa por el alto riesgo que representa en su estabilidad.
Corrales reseñó que el 9 y el 10 de mayo recibieron dos consultas de dos periodistas de La Nación, exactamente con el mismo texto, preguntando si el Banco ha definido si vende su participación en Bicsa, entre otros puntos.
Ambas consultas fueron contestadas indicando que era falso que el BNCR pretenda vender Bicsa por problemas financieros, pues tiene excelentes resultados reflejados en sus utilidades y una robusta suficiencia patrimonial.
A la vez repudiaba que se consignara fuera de contexto extractos del informe rendido a la junta directiva para aseverar que el BNCR pretende vender Bicsa, ya que el informe corresponde a una valoración periódica que se hace a las subsidiarias, y lo que se dan son escenarios probables de estrés que podrían llevar a riesgos, y donde no se evidencia que hoy Bicsa presente riesgos que comprometan su desempeño.
La respuesta fue enviada pero el diario no la publicó, entonces el Banco la publicó tres días después en campos pagados en dos diarios nacionales, y al día siguiente La Nación anunció en el editorial que la publicaría gratuitamente.
Finalmente – continuó Corrales – el presidente de La Nación concedió fecha para la cita, pero advirtió que el asunto le correspondía verlo al director editorial (Armando González).
González lo atendió el 27 de junio y ahí le reclamó por qué habían detenido la pauta. Corrales le explicó que era porque no tenían una respuesta equilibrada a la información y eso les estaba causando problemas a Bicsa y el BNCR. Corrales aclaró que luego de esa conversación ordenó reanudar la pauta al periódico.
González alegó ante la comisión que la información fue obtenida de documentos del propio Banco y que el riesgo en la reputación la entidad con sus actuaciones, no el periódico, que no va a dejar de publicar información que debe conocer la ciudadanía.
