Intervención en Infocoop deja 11 sanciones a funcionarios

Luego de 33 meses, el Gobierno de la República dio por concluida la intervención en el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), la cual dejó como resultado 11 sanciones a funcionarios. Así lo revela el informe final de la Junta Interventora presentado en diciembre del año pasado.

La intervención en la Infocoop, que dejó a su paso siete despidos sin responsabilidad patronal, se dio a partir de febrero del 2017, luego de que diversos documentos oficiales de la Contraloría General de la República (CGR), las auditorías internas y externas, así como los informes de cartera del Infocoop, encendieran alertas que motivaron al Gobierno a realizar una auditoría forense.

Por ejemplo, los informes de la CGR del 2010 y 2016 revelaron que el Infocoop no realizaba una supervisión adecuada, ni de manera periódica, de los financiamientos otorgados a las cooperativas en las diferentes líneas de crédito.

Asimismo, detallaron que el indicador de tasa de interés de equilibrio institucional (referencia para medir rentabilidad) presentaba errores en la formulación y cálculo, lo cual afectaba la toma de decisiones sobre las tasas de interés que se pactan en los créditos y sobre los costos de operación del Instituto.

Entre las sanciones aplicadas a los funcionarios de Infocoop, destacan siete despidos sin responsabilidad patronal. De estos ceses, seis estuvieron vinculados al caso de Fenacoot R.L., en el cual se aprobó un crédito por ¢1000 millones, pese a que se carecía de documentación importante y que tenía una advertencia de la Asesoría Jurídica sobre la improcedencia de entregar los recursos.

Entre los sancionados se encuentran Ronald Fonseca, quien al momento de la intervención ocupaba el puesto de director ejecutivo del Infocoop. También fueron despedidos los gerentes de Promoción Cooperativa, Asistencia Técnica y Supervisión Cooperativa, así como la analista de crédito y la asesora legal de la Comisión de Crédito.

El informe señala que al aplicarse el despido las personas afectadas reclamaron su reinstalación en el Tribunal Contencioso Administrativo, pero la solicitud fue rechazada. 

A estos seis casos se suma el de una asistente administrativa del Área de Informática de Infocoop, quien fue despedida por no presentarse a trabajar durante dos años, señaló el director ejecutivo a.i. de Infocoop, Gustavo Fernández.

También se agregan a la lista dos sanciones sin goce de salario. Una de estas fue aplicada al exdirector ejecutivo de Infocoop, Ronald Fonseca, “quien en el 2016 autorizó desembolsos a la cooperativa Fedejoven R.L. sin tener los criterios técnicos adecuados”, afirmó Fernández.

La otra sanción se refiere al exgerente de Asistencia Técnica del Infocoop, a quien se le acusó por el debilitamiento de las estructuras de control de las participaciones asociativas. “Eso tiene que ver con los controles que tenían que existir en las empresas donde Infocoop tenía inversiones”, aseguró el actual director ejecutivo del Instituto.

El informe señala también que existen seis órganos de procedimiento administrativo en proceso. Entre ellos destaca uno contra Fernández por presuntamente realizar nombramientos anómalos durante su gestión.

“Esto es una represalia. Nosotros hemos tocado intereses muy poderosos en Costa Rica, que son intereses políticos y corporativos, e incluso mediáticos. Desde ese punto de vista no es raro que nos estén atacando y tratando de anular como figuras que hemos tratado de denunciar algo grande. A mí no me extraña que yo tenga acusaciones en muchos lugares. Tengo más de 50 procesos en diferentes instancias. Esto yo lo veo como parte de la reacción de este grupo que estuvo trabajando en Infocoop en los últimos diez años”, señaló Fernández.

“Yo me siento seguro, confiado en que nosotros hemos hecho lo correcto como funcionarios públicos y como personas que tenemos que guardar el deber de probidad y que a la luz de eso vamos a salir librados de las acusaciones”, agregó.

El órgano contra Fernández fue abierto luego de que la Auditoría Interna emitiera un informe tras evaluar el proceso de nombramientos de personal realizados durante el período 2017-2019.

A este se suma un órgano contra dos analistas de financiamiento de Infocoop, quienes presuntamente hicieron un registro inadecuado de pagarés de Coopemupro R.L.; y otro contra el actual gerente de financiamiento por supuestamente “aprovechar su cargo” y recibir recursos por parte de Coocafé R.L., entre otros.

El “Caso Infocoop” es una causa que aglutina 30 potenciales casos de corrupción vinculados con diferentes entidades cooperativas tales como Agroatirro R.L., Cooprena R.L., Coocafé R.L., Finca La Gavilana, Fenacoot R.L., Quintas Ecológicas El Silencio, entre otros.

Para investigar estos casos, el Infocoop facilitó de manera periódica toda la información documental que requirió tanto la Fiscalía de Probidad como la Delitos Económicos, así como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). 

Sanciones aplicadas:

Fuente: Infocoop

Auditoría Forense

Asimismo, y para evidenciar las irregularidades en la operación del Infocoop, la Junta Interventora  realizó la contratación de dos auditorías forenses a la firma KPMG.

La primera investigación forense estuvo orientada a la detección de fraudes y fue iniciada el 4 de setiembre del 2017. Este análisis tuvo en el radar áreas de financiamiento, participaciones asociativas, administración del recurso humano y proveeduría durante el período 2012 al 2016.

La segunda se realizó el año pasado y se concentró en el ámbito de las Comisiones Liquidadoras de cooperativas, mediante el análisis de 30 casos que se llevaron a cabo durante los últimos 20 años.

¿Qué reveló la Auditoría? Según el informe final, se hallaron deficiencias importantes en el proceso de gestión de crédito, reglamentos desactualizados, pocos lineamientos formales para evaluar el riesgo y capacidad de pago de los beneficiarios de los recursos, así como documentación insuficiente en los expedientes que deben contener el respaldo de los créditos otorgados a las diferentes cooperativas.

“El análisis reconoce serias irregularidades en cerca de 15 operaciones de crédito que suman más de ₡19.000 millones, descubriéndose aspectos como sesgos en la tramitación y la trazabilidad, incumplimiento de planes de inversión, incidencia política por encima del criterio técnico, garantías sobrevaloradas, conflictos de interés y readecuaciones constantes para aplacar la morosidad, entre varios aspectos”, se lee en el informe final de la Junta Interventora.

El documento cuestiona también el accionar de las participaciones asociativas o inversiones del Infocoop, pues se depositaron más de ₡2.000 millones, que actualmente tienen pocas o nulas posibilidades de ser recuperados. 

Asimismo, encuentra una grave situación en cuanto a los viajes al exterior, contratación administrativa y de personal. Destaca la contratación del auditor interno de Infocoop en 2015, cuyo concurso presenta aparentes vicios.

Por ejemplo, entre los años 2008 y 2016 se hicieron más de 200 viajes al exterior por parte de los jerarcas del Infocoop, con un costo aproximado de ₡323.000.000, en los cuales “no se detectó como consecuencia de esas inversiones la existencia de proyectos, convenios en marcha o acciones que beneficiaran directamente al Instituto o al cooperativismo”, añade el documento.

Tras los hallazgos, el abogado penalista de la firma, Alfonso Navas, señaló que “las irregularidades que fueron detectadas en el “Informe de Hallazgos- Investigación Forense – Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop)” contienen suficientes elementos objetivos que permiten considerar, con un alto grado de probabilidad, estar en presencia de posibles delitos de peculado, de enriquecimiento ilícito, de administración en provecho propio y de legitimación de capitales, en tanto se describen anomalías que por su naturaleza y gravedad parecen exceder la simple negligencia o desorden meramente administrativo”, se lee en el informe.

En cuanto a la segunda investigación forense, realizada en el 2019, la KPMG concluyó que se detectaron desórdenes en los procesos de disolución y liquidación de las cooperativas seguidos por el Departamento de Supervisión del Infocoop.

“Se demuestran falencias en los informes y las actas elaboradas, ausencia de protocolos claros, pérdida de documentos, bienes y recursos con destinos desconocidos, limitados canales de información y comunicación, anomalías en materia de contratación administrativa, cobro de comisiones sin plena justificación y pago de servicios con poca o nula documentación de respaldo. Las pérdidas del Infocoop por concepto de créditos prácticamente irrecuperables superan los mil millones”, se extrae del documento publicado por la Junta Interventora.

Actualmente, el Ministerio Público continúa recabando pruebas para darle curso a las acusaciones. Se intentó conocer el estado del proceso en esa instancia; sin embargo, al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

Sanción de Contraloría

En el caso de Infocoop, la CGR abrió un proceso administrativo contra siete exdirectivos de Infocoop y dos exfuncionarios por la manipulación de las tasas de equilibrio. Tras la investigación “se demostró un manejo irregular de la tasa de equilibrio institucional” que lesionó así las finanzas de la organización en los años posteriores al 2010”, señala el Informe de la Junta Interventora.

Los sancionados fueron el exgerente de Financiamiento, Alfredo Rojas Durán, y el exgerente administrativo financiero Eliécer Ureña Quirós; así como los exdirectivos Freddy González Rojas, Álvaro Gómez Ferreto, Óscar Ávila Solé, Gerald Calderón Sánchez, Álvaro González Alfaro, Juan Carlos Jiménez Segura y Carlos Alberto Castro Ríos.

Estimación económica de irregularidades detectadas:

Fuente: Infocoop

(*) Incluye desembolsos previos al 2013.

Mediante el oficio 15054-2018, DJ- 1390, del 18 de octubre del 2018, la División Jurídica de la Contraloría señaló: “tuvo por acreditado el Órgano Decisor que en su actuar medió imprudencia y negligencia, por lo que se acreditó que actuaron en grado de culpa grave, lo que indudablemente los hace merecedores de una sanción administrativa. En este caso el órgano consideró atendiendo a los principios de razonabilidad y proporcionalidad como sanción la prohibición de ingreso o reingreso a cargos de Hacienda Pública por el plazo de cinco años contados a partir de la firmeza de esta resolución”.

El informe de la Junta señaló que según estimaciones del Departamento Administrativo de Infocoop, los ingresos dejados de percibir por el manejo desmedido de tasas diferenciadas y subsidiadas fue de ₡22.762.459.000, entre los años 2009 y 2016.

La orden de la Contraloría fue apelada por los sancionados; sin embargo, la contralora general, Marta Acosta, la ratificó en un oficio posterior.

“La intervención cumplió el 100% de los objetivos. Eso hace que nosotros quedemos satisfechos con el trabajo realizado”, finalizó Fernández.