No era nada que estuviera en promesas públicas, pero, de repente, el Instituto Nacional de Seguros (INS) hizo el anuncio sobre un sistema digital de marchamos para los vehículos y, de inmediato, hubo quienes levantaron una ceja porque en el país hay episodios recientes que hacen sensible la seguridad informática y el manejo de datos privados.
Se trata del “marchamo digital”, un proyecto para extinguir la calcomanía de los parabrisas de los vehículos y hacer que estos porten un chip que, en etapas posteriores, haría posible para las autoridades rastrear los recorridos mediante una tecnología llamada RFID (identificación por radiofrecuencia).
La presentación la hizo la propia presidenta del INS, Mónica Araya, el 26 de abril, en la conferencia de prensa televisada del presidente Rodrigo Chaves, solo 40 días antes de que la institución sacara el concurso para adquirir 1,8 millones de etiquetas por un monto de ₡4.300 millones, con el objetivo de entrar en funciones este mismo año.
“¿Se imagina no tener que cambiar la etiqueta todos los años ni guardar papeles? ¿Se imagina deshacerse de las etiquetas en su parabrisas y solo usar una? ¿Se imagina una ciudad inteligente donde un chip permita agilizar el tránsito durante las presas y dar prioridad a los vehículos de emergencia? ¿Y que ese mismo chip le permita abrir la aguja del peaje o el ingreso a parqueos? No lo imagine más, pronto podría ser una realidad”, decía un video reproducido en el programa presidencial, pero pronto empezaron las objeciones.
Mónica Araya lo promocionó así: “Con esto, los vehículos estarán identificados de manera única por medio de un chip que enviará la información hacia un sistema informático centralizado, y esta información la podrán leer, a distancia, los equipos de la Policía de Tránsito”.
El riesgo de un mal uso de la información privada por parte de las autoridades o de vulneraciones a la seguridad de esos datos por actores externos, además de posibles roces con la Constitución Política, fueron parte de las reacciones de abogados expertos en derecho informático, diputados opositores, usuarios en redes sociales y hasta figuras que suelen apoyar las propuestas del gobierno y que impulsan ideas de defensa de la libertad individual, como el exdiputado Otto Guevara.
“No es necesario adoptar tecnología que potencialmente pueda afectar el derecho a la intimidad y a la protección de datos personales de toda la población para controlar el pago de un impuesto”, es una frase que reprodujo Guevara, tomada de un artículo del abogado Mauricio París, experto en derecho digital.
“El chip permite que un vehículo sea rastreado de forma indiscriminada si se colocan lectores en la vía pública, y no solo para verificar el pago del impuesto, sino con cualquier otra finalidad”, escribió París, de la firma ECIJA en Costa Rica.
“No es necesario adoptar tecnología que potencialmente pueda afectar el derecho a la intimidad y a la protección de datos personales de toda la población para controlar el pago de un impuesto. Es un lanzacohetes para matar una mosca, confiando en que sus diseñadores solo lo utilizarán para matar moscas”, agregó.
Hasta ahora, ni el INS ni el Gobierno se han manifestado oficialmente sobre esas advertencias, pese a que también provienen de la Asamblea Legislativa.
En entrevista con UNIVERSIDAD el director de ese proyecto, Carlos Mejía, aseguró que solo se busca optimizar el proceso de recaudación del impuesto y que en una primera etapa no habría capacidad de que los chips transmitan información, aunque reconoció que, en eventuales etapas posteriores, eso se podría hacer con una infraestructura idónea.
“Yo no puedo partir de la especulación o de que algo puede llegar a ser, la realidad es una en esta etapa (…). No encuentro la relación entre lo que hemos planteado y eso que han dicho de que esto es una segunda UPAD o que habrá infraestructura de vigilancia, lo cual sería caro y utópico, porque esta no es la tecnología para eso”, dijo después de advertir que el planteamiento de “marchamo digital” se ha evaluado durante varios años.
Cuando se le recordó que los jerarcas del Gobierno han dicho que con esa tecnología podría regularse el tránsito o abrir paso a vehículos de emergencia (lo cual por lógica implica transmitir información en tiempo real) respondió así: “hay elementos técnicos que los jerarcas no tienen por qué conocer en todo su alcance, pero esto no es una primera etapa del proyecto. Cuando haya iniciativa de ese otro tipo, se verá la viabilidad técnica, financiera y jurídica. Es falso que con este sistema se pueda conocer la ubicación del ciudadano en todo momento, porque para eso sería más bien la tecnología GPS. ¿Que se puede llegar a una lectura en un momento dado? Sí, pero no sería constante ni de seguimiento”.
La diputada Johana Obando, del Partido Liberal Progresista (PLP), ya dijo estar “alarmada”, y se sumó a la posición de que el proyecto implica un peligro de que se recolecte y administre información y datos sensibles a través de un sistema electrónico. Incluso presentó este martes un recurso de amparo ante la Sala Constitucional.
“Con esta propuesta se está a las puertas de una verdadera violación de derechos constitucionales según el artículo 24 de la Constitución Política”, donde dice que el Estado “garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones”.
Por eso, Obando adelantó que llamará a cuentas a Luis Amador, ministro de Obras Públicas, a Paula Bogantes, de Ciencia Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) y a Mónica Araya.
Desde otro flanco ideológico, el diputado Ariel Robles (Frente Amplio) también expresó su divergencia. “Un marchamo digital estaría bien, lo que no está bien es utilizarlo como mecanismo de control para conocer la ubicación de personas. En definitiva hay que revisar esto con lupa. Información delicada en manos de un Gobierno con tintes autoritarios no es prudente”, escribió en su cuenta de Twitter.
La preocupación obedece a la capacidad de seguimiento del dispositivo, lo cual permitiría conocer los movimientos de un vehículo y, con alta probabilidad, el de su propietario.
Lo sugirió Mónica Araya al hablar de “un chip que remitirá la información hacia un sistema informático centralizado administrado por el INS y, a su vez, esta información podrá ser leída a distancia por equipos especiales de la Policía de Tránsito”.
En el INS conocen estos señalamientos, asegura el abogado y consultor José Medrano, especialista en derecho informático. “Fui parte de un grupo que se reunió con el equipo del INS a cargo de esto, una conversación muy cordial en la que expusimos los problemas. Creímos que íbamos a seguir hablando, pero lo que hemos visto es que más bien aceleraron el proceso”, lamentó.
Para él, la limitación a libertades individuales es clara. “Desde el momento en que las personas cambien su sticker por ese chip, ya no tendrán libertad de desplazarse por el país sin que el Gobierno pueda recopilar la trayectoria e incorporar esa información a una base sincronizada que comparte con otras instituciones”.
Según Medrano, las implicaciones de la propuesta ameritarían que se tramite como una ley y no como una decisión administrativa tomada detrás de un escritorio, lo cual haría que, ante un eventual pronunciamiento adverso en la Sala Constitucional, el INS incurra en pérdidas millonarias por la compra del producto sin posibilidad de utilizarlo.
