País Comisión de la Caja

Informe legislativo “exhorta” a degradar cargos de 10 funcionarios de CCSS para acuerpar denuncia penal por corrupción

Diputado Wálter Muñoz acusa “censura” del PUSC, PLN Y PAC porque “nunca van a estar de acuerdo en la investigación que se hizo para ver desde cuándo se vienen cometiendo actos de corrupción”

Dentro de un extenso anexo, el informe emitido por la Comisión investigadora de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) exhorta a la separación de 10 cargos actuales y la reubicación de sus funcionarios a otros cargos de menor rango.

La lista del informe nombra a Gustavo Picado Chacón, actual Gerente Financiero de la Caja y coordinador del Control Presupuestario de la institución; Luis Guillermo López Vargas, director Actuarial y Económico y miembro del Consejo Financiero y de Control Presupuestario; Iván Guardia Rodríguez, director Financiero Contable y también miembro del Consejo Financiero; la expresidenta de la Caja, Ileana Balmaceda Arias, funge como asesora de la Gerencia General; Dinorah Garro Herrera, nombrada dentro del Proyecto de Reestructuración del Nivel Central de la CCSS adscrito a la Gerencia General; José Alberto Acuña Ulate, director Financiero Administrativo de la Gerencia de Pensiones; José Luis Quesada Martínez, Jefe del Área de Administración de Riesgo de los Fondos Institucionales; Carlos Montoya Murillo, jefe del Área de Tesorería General de la Caja; Christian Hernández Chacón, jefe del Área de Colocación de Valores de la Gerencia de Pensiones; y Yorleny Madrigal Mora, funcionaria de la dirección de Inversiones de la Gerencia de Pensiones.

El informe “exhorta” a los superiores de cada uno de ellos que sean separados del cargo, “mientras se dirime la causa penal que por los tres presuntos delitos de fraude financiero enfrenta ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública; expediente 12-000046-0615-PE”. Esta denuncia fue interpuesta desde el 2012 por el economista y funcionario de la CCSS, Daniel Muñoz Corea, contra 16 altos mandos de la Caja por supuestas irregularidades en un proyecto de política salarial, presuntamente se falsearon datos que causaron una crisis financiera de la institución de larga data, desde al menos el 2006, según indica el informe de la Comisión investigadora.

El informe también señala la pérdida de ¢217,5 mil millones en la Caja por “gastos de operación superior a los ingresos efectivos” de la institución, entre los años 2006 y 2010.

Los tres delitos de los que se acusa a los 16 funcionarios son influencia contra la Hacienda Pública, administración Fraudulenta y fraude de Ley. A mitad de agosto, se suspendió la audiencia preliminar del caso que mantiene como imputados a otros funcionarios (Sara González Castillo, Álvaro Rojas Vega, Manuel Ugarte Brenes, Eduardo Doryan Garrón, Edgar Cabezas Solera, Jorge Chávez Muñoz y Eugenio Trejos Lobo).

Anexo es una “tormenta política” para fracciones grandes

El anexo del informe causó roces dentro de la Comisión de la Caja, órgano especial que se creó en el 2020 para investigar las finanzas de la institución y que votó por el informe el pasado 1 de septiembre.

Las fracciones de Liberación Nacional (PLN) y el Partido Acción Ciudadana (PAC) rechazaron firmar dicho informe y la diputada Yorleny León (PLN) solicitó archivar la investigación cuando se llegó a un empate por el tema. Posteriormente, PAC y PLN informaron que presentarán su propio informe, aún sin compartir con medios de comunicación.

Por dicho empate de votos, ambos documentos tendrían carácter de informe de minoría, por lo que el plenario podría verlos sin orden de prioridad.

“Los partidos políticos vieron una gran amenaza en un informe documentado. Quisieron cortarlo pero no pudieron dejar que se impidiera publicar. Hasta pidieron archivarlo, cuando lo lógico es que hay que discutirlo en el plenario. Hay que archivarlo, o sea: hay que censurar la información que se consignó”, acusó el diputado Wálter Muñoz del Partido Integración Nacional (PIN) y presidente de la Comisión de la Caja, en una entrevista con este semanario.

“Estamos en medio de una tormenta, los partidos políticos que consideramos que se debe saber la verdad sobre cómo se ha administrado la institución. Desde ese punto de vista, el PUSC, Liberación ni el PAC nunca van a estar de acuerdo en la investigación que se hizo para ver desde cuándo se vienen cometiendo actos de corrupción que llevan, en este momento, grandes pérdidas económicas”, explicó.

La tormenta también separó a un reñido aliado de los cuatro diputados que sí suscriben las separaciones de los 10 funcionarios de la Caja (es decir, Muñoz, su compañera de bancada, Patricia Villegas; Shirley Díaz, quien se separó de los socialcristianos en el marco de estas negociaciones políticas; y el independiente Harllan Hoepelman).

Wálter Muñoz identifica que la única razón por la que el PUSC no tuvo mayor injerencia en el informe fue por la diputada Shirley Díaz, quien tiene “un pensamiento más cajista”.

Por un mensaje de texto, el diputado Melvin Núñez, de Restauración Nacional, hizo saber a UNIVERSIDAD que no firmará ninguno de los dos informes porque “no estoy conforme con ninguno de los dos”.

El diputado rechazó ampliar sobre el tema y, este martes, anunció a medios su contagio por COVID-19 por lo que estará fuera de labores en el congreso hasta cumplir con su aislamiento sanitario.

Diputada Villegas: “No tenemos padrinos que nos están golpeando la mesa”

De acuerdo con la diputada Patricia Villegas del PIN, ella habló con el diputado Melvin Núñez para sumar su apoyo, mientras el plenario de 57 legisladores tendría reticencia para leer y votar la investigación. De acuerdo con Villegas, el diputado Núñez se abstendría de votar el informe durante el plenario.

No obstante, la diputada dice que existió una “jugada” para que la Comisión votara con paridad el informe durante la Comisión del 1 de septiembre, con miras a archivar el expediente porque eso es lo que ocurre en otras comisiones por reglamento.

Esta vez, el departamento de Servicios Técnicos hizo la salvedad de la norma por ser un informe de investigación y no un dictamen de proyecto ordinario.

Villegas acuerpa el informe que recupera la denuncia de Daniel Muñoz Corea y afirma que “tienen el deber, como diputados, de dar a conocer esas anomalías, porque no tenemos padrinos que nos están golpeando la mesa”.

“Lejos de ser un informe de sugerencias, está siendo enfático en poner el dedo en la llaga de diferentes personas y apellidos para una destitución y alguna sanción. Eso es a lo que los otros partidos políticos no les gustó. Nos fuimos a personas que están atropellando la autonomía de la CCSS. Tenemos respaldos que nos evidencian que es verídica la información, ¿por qué no hacer la diferencia y presentar un informe donde la ciudadanía es prioritaria en saber la cuestionabilidad de la Caja y sus falencias?”, dijo Villegas en entrevista.

“Es el asunto de hacer lo correcto, en el momento correcto”, reiteró Villegas.

Esta es la lista de exhortativas del anexo del informe:

  1. Se exhorta al Dr. Roberto Cervantes Barrantes, Gerente General, superior jerárquico del Lic. Gustavo Picado Chacón, separar a tal funcionario de su cargo actual de Gerente Financiero y coordinador del Control Presupuestario y reubicarlo en una dependencia de la CCSS ajena a las Gerencias General, Financiera, Administrativa y de Pensiones, así como a la Dirección Actuarial y Económica; ello mientras se dirime la causa penal que por los tres presuntos delitos de fraude financiero enfrenta ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública; expediente 12-000046-0615-PE.
  2. Se exhorta al PhD. Román Macaya Hayes, Presidente Ejecutivo de la CCSS, superior jerárquico del Lic. Luis Guillermo López Vargas, separar a tal funcionario de su cargo actual de Director Actuarial y Económico y miembro del Consejo Financiero y de Control Presupuestario, y reubicarlo en una dependencia de la CCSS ajena a la Dirección Actuarial Económica y a las Gerencias General, Financiera, Administrativa y de Pensiones; ello mientras se dirime la causa penal que por los tres presuntos delitos de fraude financiero enfrenta ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública; expediente 12-000046-0615-PE.
  3. Se exhorta al Dr. Roberto Cervantes Barrantes, Gerente General, superior jerárquico indirecto del Lic. Iván Guardia Rodríguez, separar a tal funcionario de su cargo actual de Director Financiero Contable y miembro del Consejo Financiero y de Control Presupuestario, y reubicarlo en una dependencia de la CCSS ajena a las Gerencias General, Financiera, Administrativa y de Pensiones, así como a la Dirección Actuarial Económica; ello mientras se dirime la causa penal que por los tres presuntos delitos de fraude financiero enfrenta ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública; expediente 12-000046- 0615-PE.
  4. Se exhorta al Dr. Roberto Cervantes Barrantes, Gerente General, superior jerárquico de la Dra. Ileana Balmaceda Arias, cortar el nombramiento de tal funcionaria en el cargo de asesora de esa Gerencia General, a efecto que retome el puesto de su plaza en propiedad, manteniéndose ajena a las Gerencias General, Financiera, Administrativa y de Pensiones, así como a la Dirección Actuarial Económica; ello mientras se dirime la causa penal venida en referencia, ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública; expediente 12-000046- 0615-PE.
  5. Se exhorta al Dr. Roberto Cervantes Barrantes, Gerente General, superior jerárquico de la Ing. Dinorah Garro Herrera, cortar el nombramiento de tal funcionaria en el Proyecto de Reestructuración del Nivel Central de la CCSS adscrito a esa Gerencia General, a efecto que retome el puesto de su plaza en propiedad, manteniéndose ajena a las Gerencias General, Financiera, Administrativa y de Pensiones, así como a la Dirección Actuarial Económica; ello mientras se dirime la causa penal venida en referencia ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública; expediente 12-000046-0615-PE.
  6. Se exhorta al Lic. Jaime Barrantes Espinoza, Gerente de Pensiones, superior jerárquico del Lic. José Alberto Acuña Ulate, separar a tal funcionario de su cargo actual de Director Financiero Administrativo de esa Gerencia, y reubicarlo en una dependencia de la CCSS ajena a las Gerencias General, Financiera, Administrativa y de Pensiones, así como a la Dirección Actuarial Económica; ello mientras se dirime la causa penal de marras ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública; expediente 12-000046-0615-PE.
  7. Se exhorta al PhD. Román Macaya Hayes, Presidente Ejecutivo, superior jerárquico indirecto del Lic. José Luis Quesada Martínez, separar a tal funcionario de su cargo actual de Jefe del Área de Administración de Riesgo de los Fondos Institucionales, y reubicarlo en una dependencia de la CCSS ajena a las Gerencias General, Financiera, Administrativa y de Pensiones, así como a la Dirección Actuarial Económica; ello mientras se dirime la causa penal que por los tres presuntos delitos de fraude financiero enfrenta ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública; expediente 12-000046-0615-PE.
  8. Se exhorta al Dr. Roberto Cervantes Barrantes, Gerente General, superior jerárquico indirecto del Lic. Carlos Montoya Murillo, separar a tal funcionario de su cargo actual de Jefe del Área de Tesorería General, y reubicarlo en una dependencia de la CCSS ajena a las Gerencias General, Financiera, Administrativa y de Pensiones, así como a la Dirección Actuarial Económica; ello mientras se dirime la causa penal que por los tres presuntos delitos de fraude financiero enfrenta ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública; expediente 12-000046-0615-PE.
  9. Se exhorta al Lic. Jaime Barrantes Espinoza, Gerente de Pensiones, separar al Lic. Christian Hernández Chacón de su cargo actual de Jefe del Área de Colocación de Valores de la Gerencia de Pensiones, y reubicarlo en una dependencia de la CCSS ajena a las Gerencias General, Financiera, Administrativa y de Pensiones, así como a la Dirección Actuarial Económica; ello mientras se dirime la causa penal que por los tres presuntos delitos de fraude financiero enfrenta ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública; expediente 12- 000046-0615-PE.
  10. Se exhorta al Lic. Jaime Barrantes Espinoza, Gerente de Pensiones, separar a la Licda. Yorleny Madrigal Mora de su cargo actual en la Dirección de Inversiones de la Gerencia de Pensiones, y reubicarla en una dependencia de la CCSS ajena a las Gerencias General, Financiera, Administrativa y de Pensiones, así como a la Dirección Actuarial Económica; ello mientras se dirime la causa penal que por los tres presuntos delitos de fraude financiero enfrenta ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública; expediente 12-000046- 0615-PE.

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