Las propuestas contenidas en el texto sustitutivo al proyecto de ley 23.414, “Ley de armonización del sistema eléctrico nacional”, representaría pasar de un sistema en el que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) tiene la responsabilidad de velar por el mercado nacional, regido por el interés público, a un modelo en el que el control pasa a una entidad autónoma dominada por diferentes actores, principalmente privados.
Esta advertencia se presentó en la Junta Directiva del ICE del pasado 30 de enero, en la sesión 6609, en la que Roberto Quirós, gerente de electricidad, y Julio Matamoros, jefe de la División de Operación y Control del Sistema Eléctrico (DOCSE) realizaron una exposición del proyecto.
La directiva Ileana Murillo lo resumió tras la exposición: “Viendo todo este proyecto se desprende que aquí no hay conocimiento del manejo del sistema eléctrico, lo elevan a un grado político y no técnico, sin el conocimiento de cómo funciona. También dejan por fuera los intereses públicos, si va a estar regido por una Junta Directiva mayoritariamente con intereses privados, y esto va a traer consecuencias en las tarifas”, dijo.
El presidente ejecutivo Marco Acuña aclaró en el acta que la exposición era solo para “darla por recibida”, a pesar de las indicaciones de que el texto actual carece de reglas claras, no tiene gradualidad -que en los mercados eléctricos es un concepto esencial- ni se define cuáles son los beneficios, ni la dirección que se dará al sistema eléctrico.
El proyecto fue una iniciativa del Poder Ejecutivo en la Comisión Especial para la Reforma Eléctrica, que recibió un texto sustitutivo. Matamoros explicó que el Ente Coordinador del Sector Eléctrico Nacional (ECOSEN) recibe la responsabilidad de planificar la demanda del sector eléctrico, por lo que recibe el actual Centro de Control que se encuentra en el ICE.
“Lo que se introduce ya no es una estructura de costos que está contenida por una regulación del ARESEP, sino que se introduce una función de precios que no conocemos y que significa una utilidad para los empresarios”, expuso Matamoros.
El ICE quedaría en desventaja, ya que se traslada su Centro de Control al ECOSEN y no se le permite al ICE tener su propio Centro de Control, además de que debería entrar a competir con empresas privadas como un actor más, a pesar de ser entidad pública. Sin embargo, si el mercado no lograra suplir la producción que se requiere, el ICE debería “entrar a salvar esas responsabilidades”, explicó Matamoros.
Por su parte, Quirós también resaltó que en el modelo actual, las utilidades que se generan producto de las exportaciones e importaciones de energía no se asignan a una empresa, sino que se transfieren directamente a los consumidores. “Si buscamos realmente que se reduzcan las tarifas, solo con este elemento estamos distorsionando un beneficio que hoy se tiene en el mercado”, expresó.
Matamoros también indicó que el mecanismo de subastas que se define para las definiciones de precios no establecen una eventual política de sostenibilidad basada en energías renovables, y se genera inseguridad jurídica en temas como las inversiones necesarias para el mercado eléctrico. “Realmente el proyecto carece de reglas claras… falla en dar señales claras en muchos aspectos, y muchas preguntas claves, medulares sobre cómo debería funcionar el entorno legal normativo reglamentario en este tema”, expresó.
La conclusión de Matamoros es que el proyecto significa “un riesgo muy alto que se puede materializar”.
