Costa Rica tiene muchas tareas pendientes en materia del combate de las formas contemporáneas de esclavitud, al punto que debe considerarse una cuestión prioritaria responsabilizar a las empresas que realizan estas prácticas, fortalecer un marco normativo débil y aumentar la protección de los sectores más vulnerables, que temen presentar denuncias por las consecuencias que pueden sufrir.
Estas son conclusiones del informe de la misión del Relator Especial sobre formas contemporáneas de esclavitud, Tomoya Obokata, que realizó una misión especial en el país para evaluar las condiciones que existen en estas áreas en el país. La misión fue realizada por las Naciones Unidas, pero Obokata les presentará el reporte como observador independiente, que se reunió con más de 100 actores diferentes.
Obokata formuló 31 recomendaciones que también serán presentadas a las autoridades costarricenses, en las que destaca el desarrollo de un Plan de Acción Nacional en esta materia, que permita una atención de los diferentes desafíos, entre los que se destacan una débil aplicación de la legislación vigente contra estas prácticas, un régimen de sanciones igualmente débil, y una área de inspección de trabajo “ineficaz, burocrática, y con recursos humanos y financieros limitados”.
“Estoy alentado por el progreso que ha realizado Costa Rica en varias áreas, como la lucha contra la explotación comercial de niños y prácticas de trabajo infantil, y muy alentado por la gran presencia de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos en Costa Rica. Sin embargo, a pesar de estos desarrollos positivos, hay un gran número de retos, lamentablemente las formas contemporáneas de esclavitud siguen prosperando en algunos sectores de la economía del país”, dijo el relator.
Externó sus preocupaciones por un régimen de sanciones débil, ya que la pena máxima para delitos como trata de blancas y trabajo forzoso es de 10 años de cárcel, que son sustancialmente más bajas que en otras partes del mundo. También resaltó que no pareciera existir un sistema de protección para las víctimas de estas acciones, que suelen ser poblaciones vulnerables, como migrantes, o personas que dependen en alto grado de mantener alguna forma de ingreso, por lo que la deportación o el despido son una amenaza disuasiva.
Además, en los casos en los que se llega a tribunales, Obokata resaltó que la tasa de enjuiciamiento y de castigo para los responsables de estas acciones es muy bajo. Recomendó pensar en multas fuertes, que a su vez permitan fortalecer el sistema de inspección de trabajo.
Mencionó también que a pesar de esfuerzos en el sector empresarial por promover el respeto a los derechos humanos, hay manifestaciones de trabajo forzoso y en condiciones inapropiadas (jornadas excesivas, bajos salarios, acoso, ambientes laborales no saludables) en varios sectores, como la agricultura (plantaciones de café y frutas), trabajo doméstico y el sector público.
Ante este panorama, recomienda que se desarrolle un Plan Nacional o una política pública en materia de derechos humanos y en temas de formas contemporáneas de esclavitud, y valorar hacerlo obligatorio mediante legislación. Asimismo, se deben revisar los temas de legislación que están quedando sin fuerza, y aumentar los recursos para las organizaciones que se encargan de estos temas, enfatizando el caso de la inspección de trabajo, pero considerando también las organizaciones de la sociedad civil.
¿Cuál es la disposición de las autoridades costarricenses para implementar estas recomendaciones? Obokata lamentó que no pudo reunirse con el presidente Rodrigo Chaves, pero indicó que tuvo encuentros con el Canciller Arnoldo André Tinoco y con el Ministro de Trabajo Luis Paulino Mora, en los que encontró buena disposición. “Es difícil decir que deben ser estos proyectos y se debe atender así estos problemas, pero se ve una buena voluntad. Espero que el Gobierno las valore”, dijo.
