La diputada Ada Acuña, del todavía oficialista Partido Progreso Social Democrático (PSD), presentó un informe de minoría en la comisión que investigó el financiamiento de los partidos políticos en la pasada campaña, con tres objetivos claros: justificar el manejo de la campaña del presidente Rodrigo Chaves para asegurar que no hubo actos ilícitos, “empatar” el marcador alegando que fue el Partido Liberación Nacional (PLN) el que implementó una estructura paralela, y quejarse por el manejo de la comisión.
De hecho, de las siete recomendaciones que realizó el reporte de 86 páginas de Acuña presentado este lunes, cuatro apuntaron a aspectos de trámite por el funcionamiento de las comisiones, que no tienen relación con el mandato de la comisión, que era investigar presuntas estructuras irregulares en el financiamiento de partidos políticos, durante la pasada campaña.
Dos recomendaciones se dirigieron al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), para acoger las recomendaciones que realizó Ronald Chacón, director de Partidos Políticos del TSE durante su comparecencia, y otra para solicitar normativa que controle y prohíba prácticas de “mano izquierda” (estrategias de comunicación no oficiales). Y nada más el corolario de solicitar que el informe se remita al TSE y al Ministerio Público, y ya.
La diputada presentó su reporte luego de que diputados de cinco diputados de cuatro fracciones (PLN, Frente Amplio (FA), Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Partido Liberal Progresista (PLP), presentaron el informe de mayoría que finalmente se aprobó, en el que se concluyó que el presidente Rodrigo Chaves fue el “autor intelectual, partícipe y tomador de decisiones en todos los alcances del fideicomiso Costa Rica Próspera, como fuente ilegal de financiamiento para su campaña”.
Este informe de 390 páginas consideró que en los más de 9 mil folios de la investigación se reunió suficiente evidencia de que el fideicomiso se utilizó como fuente de financiamiento de la campaña, que Rodrigo Chaves ya era candidato cuando el fideicomiso todavía funcionaba, y que la campaña del PSD también recibió donaciones que no se reportaron al TSE.
Estos alegatos fueron contrastados por Acuña en dos de los tres capítulos de su informe: el primero, sobre el financiamiento del PSD (7 páginas), y el tercero, “¿Por qué se constituyó el fideicomiso Costa Rica Próspera?” (10 páginas), en los que repitió las argumentaciones oficialistas: el fideicomiso se cerró el 18 de setiembre del 2021, antes de la ratificación de la candidatura de Chaves. También alegó que el fideicomiso era un grupo de pensamiento, a pesar de que no se presentó una sola evidencia o producto que lo certificara.
En cambio, se concentró en el capítulo dos, “Sobre el financiamiento de la campaña del PLN” (19 páginas), en las que enumeró los testimonios relacionados con el video “salto al vacío”, además de asegurar que el viaje a República Dominicana del excandidato presidencial del PLN José María Figueres “no fue reportado oportunamente” al TSE, y asegurar que hubo aportes de asesores foráneos a la campaña verdiblanca.
También destinó 18 páginas a otro capítulo, “el uso abusivo del reglamento”, en el que se dedica a quejarse del manejo que realizó la presidenta de la comisión Dinorah Barquero, a la que acusó de “lanzarle epítetos negativos”.
El reporte de Acuña incluyó 11 conclusiones, 4 para insistir en que no hubo actividades ilícitas en la campaña del PSD, 4 para argumentar que hubo una estructura paralela del PLN, y alegar que el viaje a República Dominicana no fue una donación lícita porque la aeronave está inscrita en el exterior, dos para quejarse de la forma en que la trató la diputada Barquero y una para llamar la atención sobre el riesgo del financiamiento bancario inequitativo en los procesos electorales.
Sin embargo, en las recomendaciones desaparecen los temas del PLN y el PSD, para concentrarse principalmente en temas de manejo legislativo: que las audiencias se programen con antelación, realizar un compendio de la normativa de las audiencias, que se realice una reforma al reglamento legislativo para evitar abusos en el manejo de las comisiones, y que se de la instrucción de que los documentos que se soliciten vengan digitalizados. Temas en los que puede haber polémica, pero que no están relacionados con el objetivo de la indagación.
De la investigación del financiamiento, problemas de campaña, o propuestas para mejorar o corregir los problemas, el oficialismo solicitó que avancen las propuestas del TSE y que esta institución envíe una nueva, para controlar estrategias de mano izquierda. Y ya. Además del infaltable corolario de que se envíe el informe al TSE y al Ministerio Público.
