La compra a un “familiar de presidente de la Junta de la Asada, de lote por 25 millones de colones para perforación de pozo sin aprobación de AyA ni estudios que respalden cantidad o calidad de agua de posible aprovechamiento”, es apenas una de las muchas revelaciones sobre serios problemas que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) encontró en la gestión de la Asociación Administradora de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados (Asada) de Cipreses de Oreamuno, Cartago.
Así consta en el Memorando GSD-UEN-GAR-2024-00751, firmado por el funcionario Vladimir Mesén desde la Unidad Estratégica en Negocios (UEN) Gestión de Acueductos Rurales del AyA. Este documento ofrece un resumen ejecutivo de un informe más amplio, elaborado por la Oficina Regional de Atención de Asadas Central Este.
El memorando, en poder de UNIVERSIDAD, denuncia que la Asada de Cipreses continúa dando “cientos de previstas” sin los estudios técnicos que respalden la entrega de nuevas disponibilidades de servicio, que “no busca nuevas fuentes (de agua) suficientes para solventar el déficit” y que “realiza campañas de desinformación a la comunidad”.
El resumen del informe fue enviado a la Subgerencia de Sistemas Delegados del AyA el pasado 23 de febrero.
La Asada de Cipreses ha sido el centro de polémica ante la comprobada contaminación de las fuentes de agua que utiliza con productos derivados de la molécula original del clorotalonil, un fungicida que se usa en hortalizas, apio, culantro y cebolla, entre otros cultivos.
El 1 de diciembre del año pasado, después de una orden de la Sala Constitucional, años de lucha de vecinos de Cipreses de Cartago y el cierre de acueductos contaminados, el Gobierno prohibió el registro, la importación, la fabricación, la venta y el uso de materia prima o productos formulados que contengan el ingrediente activo clorotalonil.
La población de Cipreses recibe agua de camiones cisterna desde octubre de 2022 porque el Ministerio de Salud prohibió usar el agua de las nacientes contaminadas para consumo humano y preparación de alimentos.
Prioridad agroindustrial
El memorando de AyA señala que la Junta Directiva de la Asada de Cipreses es presidida por “un empresario agroindustrial”, el señor Virgilio Ulloa, e indica que durante su gestión “se ha agravado la crisis del acueducto porque se prioriza el uso agroindustrial y comercial sobre el consumo humano del agua potable; no se realiza el control de los cultivos que se desarrollan dentro del área de 200 metros de protección de las nacientes indicadas por la ley de aguas” o que “se da manipulación de válvulas para fortalecer caudal que llega a las fincas productivas”.
Se añade que sin los estudios técnicos que respaldaran la entrega de nuevas disponibilidades de servicio, la Asada continuó dando “cientos de previstas”; que hay racionamientos de hasta 16 horas; que se realizan inversiones sin sustento técnico ni aprobación del AyA; y que “se manipula a la asamblea de socios de la Asada para hacer creer que el déficit hídrico es culpa del AyA”.
Entre esas inversiones sin aprobación, además de la compra de un terreno a un familiar de Ulloa, se apunta el “pago de múltiples servicios profesionales de asesoría jurídica para atacar la institucionalidad utilizando el dinero obtenido mediante la tarifa” o la contratación de una empresa “para desarrollo de proyecto de captura de agua superficial en río Birris, sin proyecto de planta potabilizadora”.
“Situación crítica del acueducto”
El informe también apunta que, en marzo de 2021, la Junta Directiva del AyA tomó un acuerdo “para retirar convenio de Delegación a la ASADA ante la gravedad de las irregularidades presentadas y el riesgo a la salud de la población”.
Sin embargo, luego de ser notificada, la Asada de Cipreses “realiza contratación de expresidente Ejecutivo del AyA (Ricardo Sancho) como asesor legal y comienzan una campaña de tráfico de influencias a lo interno del AyA, alegando conflictos con la oficina regional y un mal procedimiento”.
Por escrito, Sancho señaló que “el comentario del funcionario Vladimir Mesén es calumnioso, así tutelado por el Código Penal, artículo 145 y concordantes, por lo que se evidencia un ilícito que será valorado ante el Ministerio Público por mis colegas abogados”.
Añadió que salió del AyA hace 14 años “con la frente en alto y tengo derecho al ejercicio profesional como cualquier colegiado. No existió absolutamente ninguna injerencia, todas las gestiones en defensa se la Asada fueron escritas y tramitadas conforme a derecho, por lo tanto no existe ninguna prueba posible de lo que está diciendo en ese memorándum, deplorable para un supuesto profesional que no debe andar en dimes y diretes”.
Sancho, además, expresó que no trabaja como asesor legal de la Asada de Cipreses desde junio de 2021, “aunque trabajo muy de cerca con más de 25 Asadas del país”.
La Directiva del AyA suspendió por tres meses el retiro del convenio mediante un acuerdo, en julio de 2022, para dar paso a un proceso denominado “mesa técnica tripartita”, en el que participaron el propio AyA y la Municipalidad de Oreamuno.
Ese proceso evidenció “la situación crítica del acueducto y la necesidad de incorporar nuevas fuentes con capacidad y calidad suficientes para subsanar el déficit”, así como la “falta de inversión en infraestructura de la Asada”.
El memorando cita un informe de la Dirección Jurídica del AyA, de noviembre del año pasado, en el que se apunta que de parte de la Asada “no se observa una apertura para trabajar de forma conjunta con el AyA y dar cumplimiento a las directrices, recomendaciones y estudios que debe realizar con el fin de dar cumplimiento no solo a lo ordenado por parte de la Sala Constitucional, sino también, a todo lo relacionado con la prestación del servicio que les fue delegado y el uso debido de los fondos públicos que reciben”.
Mientras tanto, las condiciones que llevaron a la Junta Directiva del AyA a tomar el mencionado acuerdo para retirar el convenio de Delegación a esta Asada, “han empeorado significativamente, la ASADA Cipreses de Oreamuno continúa realizando mal uso de los fondos públicos, no avanza del todo en la obras identificadas, no busca nuevas fuentes que sean suficientes para solventar el déficit, realiza campañas de desinformación a la comunidad y no cumple lo ordenado por los Reglamentos”, se lee en el Memorando.
Desde Cipreses
Desde el 29 de febrero se contactó a Virgilio Ulloa, presidente de la Asada de Cipreses, con el fin de contar con su versión ante el contundente contenido del memorando.
Ulloa, en primera instancia, indicó que no se referiría por teléfono al tema, sino que insistió en que se realizara una entrevista presencial en las instalaciones de la Asociación en Cipreses.
Esa entrevista quedó pactada para el jueves 7 de marzo, pero ese día en horas de la mañana un funcionario de la Asada de apellido Garro, por vía telefónica, informó que, por problemas de “agenda”, no sería posible. Posteriormente, el propio Ulloa dijo que debía instalar sistemas de riego en el sector de San Juan de Chuicuá “desde las 5 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche todos los días”, y aprovechó para invitar a la asamblea y entrega de informes de la Asada el próximo 19 de marzo.
Tanto por Whatsapp como al correo oficial de la Asada de Cipreses se envió a Ulloa un cuestionario que al cierre de edición no había contestado.
