Si bien el anuncio de la suspensión indefinida del proyecto hidroeléctrico (PH) Diquís causó algarabía y celebración, ambientalistas e indígenas no bajan la guardia y, más bien, subrayan que el modelo de generación energética basado en la construcción de grandes represas hidroeléctricas ya debe ser superado.
En una conferencia de prensa realizada en la Asamblea Legislativa el pasado 8 de noviembre, la Federación Ecologista (Fecon) y voceras del territorio indígena de Térraba subrayaron tanto la alegría con que recibieron la noticia como su suspicacia ante la posibilidad de que, a largo plazo, el proyecto sea revivido.
Isabel Rivera, indígena Bröran de la localidad de Mano de Tigre, relató que la comunidad sintió “mucha alegría” ante la noticia de la suspensión del PH Diquís, pero recordó que en el 2006, “sin que nadie nos consultara ni informara”, los indígenas vieron entrar “un arsenal de maquinaria” en su territorio.
Fanny Reyes, indígena Teribe y parte de la Red de Mujeres Rurales, manifestó que, para los pueblos originarios, el territorio es “la relación entre el modo de vida, la naturaleza y la cultura”, de modo que “nos da identidad”.
Según dijo, un 82% del territorio Térraba es ocupado por personas no indígenas y, en ese sentido, recordó las observaciones hechas desde el 2011 por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, respecto a la prioridad que debe ser el saneamiento territorial de los terrenos en territorios indígenas.
“Nuestra fortaleza es recuperar nuestro territorio; por eso, para hablar de consultas, primero el saneamiento territorial, sacar a los finqueros, a los terratenientes de los territorios indígenas”, comentó.
El PH Diquís significaría la inundación de terrenos dentro del territorio indígena Térraba para represar el río Grande de Térraba. Esto incluía unos 150 sitios sagrados para los pueblos indígenas, según un estudio hecho por la comisión del Consejo Universitario de la UCR en el 2011.
Fue el pasado 2 de noviembre que Irene Cañas, presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), anunció en conferencia de prensa el “cierre inmediato de toda actividad” relativa al proyecto, lo cual incluye no continuar con el proceso de consulta indígena y la solicitud del archivo del expediente en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).
Sin embargo, posteriormente en varios medios de comunicación, como la revista Costa Rica Noticias, del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), Cañas matizó la decisión y declaró que “no me atrevo a decir” si el PH Diquís quedaba definitivamente fuera de los planes a futuro de la institución, sino que el proyecto no va “en el corto y mediano plazo”.
En entrevista concedida a UNIVERSIDAD, Cañas afirmó que recurrió al término “suspensión indefinida” porque “puede haber políticas en el futuro que logren atraer industrias electrointensivas o que logremos una penetración grandísima de transporte eléctrico, por ejemplo”, y añadió que “no sabemos si va a ser Diquís o va a ser otro proyecto”.
Nuevo modelo
Ante todo ello, Osvaldo Durán, sociólogo miembro de la Fecon, reconoció que “la suspensión indefinida no es clausura” y que el PH Diquís no constituye una iniciativa aislada, sino que se enmarca en todo el modelo de producción eléctrica del país.
En ese sentido, llamó la atención a que, de acuerdo con datos oficiales del sistema eléctrico nacional del ICE, el pasado 28 de agosto a las 11:30 a.m. se registró un punto máximo de consumo eléctrico en el país de 1.559 megawatts (MW).
Ponderó esos datos con información de la Contraloría General de la República (CGR) contenida en el “Informe de la Auditoría operativa acerca de la eficacia y eficiencia en la asignación de fuentes de energía para la generación eléctrica”, de diciembre del 2016. Según ese informe, la capacidad instalada para la generación alcanzó en julio de ese año los 3.242,5 MW.
Consultado por este semanario, Durán sostuvo que Costa Rica “no tiene ningún problema de abastecimiento de energía; tiene absolutamente satisfecha toda la demanda”.
Así, dijo que el país requiere de un nuevo modelo de generación eléctrica, para lo cual “es estratégico” que se deroguen las leyes de generación privada, la 7.200 y la 7.508. “Es una condición indispensable para fortalecer un sistema de generación de electricidad púbico, pero no puede orientarse ese modelo a la exportación de electricidad como negocio”, mencionó.
Además, el activista lamentó que “en este país lo que se quiere es abrir el mercado, poner al ICE a competir aún más con empresas privadas locales y transnacionales”, pero observó que, si se abre el mercado eléctrico al capital privado nacional o internacional, se estaría “literalmente liquidando al ICE como entidad social”.
Propuso que la institución sea reorientada “para que incluya a las comunidades del país en la creación de un nuevo modelo de electricidad”, ya que las energías renovables “deben producirse en pequeña escala”.
Investigaciones solicitadas
El geólogo Allan Astorga informó que envió documentos tanto a la División de Fiscalización de la Contraloría General de la República (CGR) como a la Fiscalía General para solicitar que se abra una investigación sobre todo el periplo del PH Diquís.
Astorga fue parte del equipo interdisciplinario que se conformó en el 2010 a instancias del Consejo Universitario de la UCR para analizar ese proyecto. Relató que, por ese entonces, revisó toda la documentación relativa a la evaluación de impacto ambiental en la Setena.
“La comisión generó un documento bastante extenso y voluminosos analizando el proyecto desde varios puntos de vista, y concluyó que tenía muy serias inconsistencias técnicas y ambientales”. Informó que, al revisar el expediente, halló la “irregularidad” de que el ICE presentaba a la Setena “pedazos de proyecto” para obtener la viabilidad ambiental. Es decir, por aparte presentaba un túnel, una carretera, una deforestación, un movimiento de tierras.
El especialista calificó esa práctica como “una contradicción muy rara, porque la Ley de Biodiversidad dice que el estudio de impacto ambiental (EsIA) debe ser un solo de todo el megaproyecto”.
Subrayó que solicitó la apertura de un expediente penal ante la Fiscalía, porque “el ICE hizo eso a partir del decreto de conveniencia nacional que se firmó en febrero del 2008”.
“Aún no se ha respondido si esas obras generaron daños ambientales significativos y qué se va hacer para remediarlos; incluso, afectó terrenos indígenas. Es un asunto serio que ocupa investigación detallada y profunda, y ver si hay causa penal contra los responsables, porque el decreto de conveniencia que firmaron para el PH Diquís es más dadivoso que el de Crucitas, que fue declarado ilegal y por eso no se ejecutó la mina”, aseveró.
