Las constantes amenazas de muerte que recibe el líder Bröran Pablo Sibar, sumada a la violencia cotidiana que otras personas recuperadoras de tierra indígena enfrentan en territorios como Salitre, llevó a varias personas voceras de esos pueblos a hacer un llamado contra la impunidad.
“A diario hay amenazas y ofensas, saqueos. La impunidad por los asesinatos da libertad para que nos sigan matando. El Estado es cómplice”, se escuchó en el testimonio de una mujer recuperadora del pueblo Bröran que no fue identificada y cuyas palabras se compartieron mediante un mensaje de audio, durante una conferencia de prensa organizada esta mañana por el Sindicato de Empleados de la UCR (Sindeu) y la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (Acodehu).
Esas palabras hacen referencia a los asesinatos de Sergio Rojas Ortiz, en 18 de marzo de 2019, y de Jehry Rivera, el pasado 24 de febrero. Precisamente, este jueves 3 de diciembre el Juzgado Penal de Pérez Zeledón decidirá si acoge la solicitud de la fiscalía de desestimar la causa por el asesinato de Rojas, supuestamente por falta de pruebas.
Cabe recordar que Sibar hace más de 30 años fue fundador de Frente Nacional de Pueblos Indígenas (Frenapi) junto a Sergio Rojas y lideró el proceso de recuperación de la finca conocida como Crun Shurin, en el territorio Bröran de Térraba, donde actualmente vive y donde ha sido objeto de amenazas y agresiones.
En la conferencia de prensa realizada esta mañana, el indígena bribri de Salitre Julio Figueroa recordó que Rojas fue asesinado a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había dictado medidas cuartelares en su favor, para luego criticar la gestión que las autoridades judiciales hicieron del caso.
“La investigación se hizo de una forma que para nosotros es mediocre. Se hizo para decir que se hizo. El gobierno quiere archivar el caso, haciéndonos sentir que don Sergio no vale nada”.
De seguido, Figueroa insistió en que a Pablo Sibar “lo siguen amenazando por todo tipo de medios” y relató que en julio “una señora” profirió amenazas contra ese líder recuperador diciéndole que “iba a ser el tercero”. Denunció además que la mujer habría escavado un sitio sagrado para los indígenas.
“En juego está la vida”
Ana Jiménez, presidenta de Acodehu, dijo que las comunidades indígenas están “seriamente amenazadas, no hay acceso a la justicia”, por lo cual indicó que se debe agotar las instancias judiciales locales para “ir a estrados internacionales”.
“El gobierno es débil, el Poder Judicial casi que cómplice. En juego está la vida de muchas personas indígenas”, dijo y recordó que las amenazas usualmente se materializan en “la destrucción de viviendas, de cultivos y pertenencias.
Dijo que Acodehu iniciará una campaña nacional e internacional para defender “el derecho de vivir en paz”.
Por otra parte Trino Barrantes, secretario general del Sindeu y a la vez integrante de Acodehu, hizo un llamado a que el país desarrolle una “política indigenista” y recordó las obligaciones que implica el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que “tenemos la obligación de estarlo repasando”.
Entre otras cosas, puntualizó que el Convenio llama a respetar la “identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones”, lo cual implica el respeto a la integridad territorial de esas comunidades.
De seguido, Barrantes fustigó al Ministerio Público por buscar la desestimación de la causa por el asesinato de Rojas, pues dijo que la investigación que hizo el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) incluyó elementos como trayectoria balística y una orden de allanamiento. Cabe recordar que Rojas fue asesinado en su casa de habitación en Saliltre, de 15 disparos.
“Si Pablo Sibar fue amenazado, la consigna es ni una muerte más en territorios indígenas”, aseveró.
