Los incentivos fiscales y la manipulación de los precios de transferencia forman parte de los mecanismos por los cuales se socavan los ingresos fiscales de los países de América Latina y el Caribe, lo cual, a su vez, dificulta lograr el desarrollo sostenible en la región para el año 2030.
A esta conclusión llegan una serie de investigaciones realizadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), reunidas en el informe “Los retos de América Latina y el Caribe para financiar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, publicado el pasado 3 de abril.
Lo anterior ocurre en un contexto en el cual la capacidad de recolectar impuestos de los sistemas fiscales es insuficiente y cuando la ayuda oficial al desarrollo de la región ha bajado del 0,4% del Ingreso Nacional Disponible, en las décadas pasadas, al 0,25% en la actualidad.
Según la Cepal, la evasión fiscal en América Latina y el Caribe alcanzó cerca de los $340 mil millones en el 2015, equivalentes al 6,7% del Producto Interno Bruto (PIB) regional.
Por eso, el documento afirma que se requiere “una reforma sustancial y comprehensiva de las finanzas públicas para asegurar la solvencia del Sector Público, resguardar la inversión, preservar el desarrollo social logrado y ampliar la base tributaria”.
Costa Rica es mencionada de modo particular en ese informe al examinar el papel que juegan, en la erosión de los ingresos tributarios, los incentivos fiscales y la manipulación de los precios de transferencia por las empresas transnacionales.
Lo anterior porque, por una parte, nuestro país ocupa el tercer lugar en la región, según el peso de las exenciones o incentivos fiscales que proporciona para atraer Inversión Extranjera Directa (IED).
Así, mientras que Uruguay deja de percibir impuestos equivalentes a un 3,3% de su PIB por las exoneraciones tributarias que ofrece, Chile lo hace por 2,4%, Costa Rica por 1,7% y Argentina por 1,6% de su PIB, respectivamente.
Los países con menos exenciones son Guatemala y Paraguay, con 0,6% y 0,4% de su PIB, respectivamente.
En lo que se refiere a la manipulación de los precios de transferencia, es decir, cuando, por ejemplo, las cifras de exportación reportadas por una empresa transnacional que opera en Costa Rica son inferiores a las cifras de importación que reportan sus subsidiarias en sus territorios de origen, el informe sostiene que sigue siendo un factor importante de desfinanciamiento público, a pesar de que su peso ha disminuido.
En el 2015, los flujos ilícitos totales por este concepto alcanzaron los $ 92,6 mil millones, frente al pico de $ 98,9 mil millones registrados en el 2013, dice la Cepal.
Sin embargo, estima que esta baja también tiene relación con la desaceleración económica y la caída de los precios de las materias primas. En todo caso, el nivel de estos flujos ilícitos siempre ha estado asociado al nivel que alcance el PIB regional. Antes de la crisis del 2007, equivalían a un 1,5% del PIB de la región.
El documento ejemplifica lo anterior con el caso de nuestro país.
“El cierre de una planta de semiconductores en Costa Rica también llevó a una reducción significativa en los flujos de financiamiento ilícito desde ese país. La Cepal examinó este caso en detalle y encontró que los estimados flujos de financiamiento ilícito a los que se llegó reflejaron el uso de los precios de transferencia entre partes relacionadas que estaba dando lugar a importantes diferencias entre los valores unitarios de los países exportadores e importadores”, dice el informe.
Leonardo Salas, viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda, dijo que “en principio, los “flujos ilícitos” provienen de la discrepancia que existe a nivel mundial entre las exportaciones de Costa Rica y las importaciones por parte de otros países”.
Por eso, en setiembre del 2015, luego de conversaciones entre ese ministerio y la Cepal sobre el tema, consultaron a la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).
Esta entidad respondió a Hacienda que “los datos de exportación del país y los que reportan otros países como importaciones de Costa Rica siempre difieren”. La entidad agregó que esto ocurre por varias razones. “Primero, porque nuestros montos de exportación se expresan en valor FOB (costo de la mercancía, flete interno hasta puerto de salida y costos de exportación); mientras que los valores de las importaciones se manejan en valores CIF (costo FOB+flete y seguro internacional), por lo que ya ahí hay una diferencia”, dice el criterio de Procomer.
“Adicionalmente, las exportaciones que realizan empresas subsidiarias ubicadas en el país a su casa matriz u otra subsidiaria en otro mercado son sujetas a precios de transferencia; es decir, las empresas exportadoras efectúan el trámite de exportación con el costo de producción, pero al momento de registrar la importación en el país de destino lo hacen con el costo final del producto (es decir, con los componentes de propiedad intelectual, impuestos, márgenes, etc.). De ahí que esa diferencia también afecta las estadísticas y explica el por qué, a partir de 1998 (inicio de operaciones de Intel en el país) es que se empieza a notar esa diferencia cada vez mayor”, agregó la entidad.
Por su parte, el viceministro Salas consideró que, en estos casos, “no se debe configurar el tema de evasión o elusión fiscal”, puesto que “las empresas de Zona Franca están exentas del impuesto sobre la renta”.
También, Karina López, coordinadora de Investigación de Mercados de Procomer, afirmó que “las empresas que cuentan con operaciones en Costa Rica tienen la potestad de fijar los precios de sus transacciones según las políticas corporativas que se establezcan desde sus casas matrices”.
Añadió que, “a raíz de eso, muchas empresas pueden consignar en el país de destino de los productos fabricados en Costa Rica el valor de algunas características intangibles como propiedad intelectual, investigación y desarrollo, y otros elementos de valor agregado. Por esta razón podría haber diferencias importantes entre el valor de producto exportado desde Costa Rica y el valor del producto en el país de destino”.
En cuanto a la recaudación fiscal de las empresas multinacionales, reiteró que “si estas operan bajo el régimen de zona franca están exoneradas del pago de impuestos siempre y cuando cumplan con los requisitos de inversión mínima y generación de empleo establecidos en la Ley”.
Recordó que “las exoneraciones tienen un periodo de validez según monto invertido, región y sector estratégico al que corresponda la empresa. Además, las empresas de zona franca realizan otros aportes no fiscales, como transferencia tecnológica, compra de insumos locales, condiciones de empleo formales y con salarios promedio superiores en comparación con actividades económicas fuera de zona franca”.
Preguntamos también a Vanessa Gibson, gerente de Clima de Inversión de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde), si las empresas transnacionales que operan en Costa Rica pueden mejorar su aporte fiscal al país, lo cual debería redundar en su propio beneficio con el mejoramiento de la infraestructura y los servicios que utilizan aquí.
Ella respondió que “las empresas multinacionales aportan de manera significativa al desarrollo de Costa Rica. De acuerdo con datos de Cinde-Procomer y Comex, tan solo las compañías que operan bajo el Régimen de Zona Franca y que representan el 0,8% del parque empresarial del país son las responsables de la generación del 20% del empleo nacional”.
Además –dijo– estas empresas “generan aportes cercanos a los $550 millones anuales a la CCSS (equivalentes al 100% del presupuesto del Hospital San Juan de Dios y el Calderón Guardia), $22 millones al INA y $1.546 millones en compras a pequeñas y medianas empresas costarricenses, esto último en 2015”.
Gibson también se refirió a cifras del Banco Central de Costa Rica, según las cuales “las empresas bajo regímenes especiales aportan un 7% al Producto Interno Bruto (PIB). Eso significa que las empresas, tanto multinacionales como locales bajo el Régimen de Zona Franca, aportaron como valor agregado a la economía más de $4.000 millones en el año 2017”.
“La contribución de las compañías al bienestar del país es clara y, más bien, depende de Costa Rica seguir trabajando en la atención de elementos de clima de negocios que permitan al país seguirlas manteniendo y haciéndolas crecer”, concluyó.
También intentamos obtener una reacción de Intel, pero se nos informó que una respuesta oficial podía tardar incluso meses.
Privatización de capitales
El informe de la Cepal también hace notar que se está produciendo un cambio en las fuentes del financiamiento del desarrollo, el cual se caracteriza por una transición de los flujos públicos a los privados.
“Una tendencia opuesta a la caída de la ayuda oficial al desarrollo es la creciente importancia del financiamiento privado, el cual alcanzó los $282.723 mil millones en términos netos en 2016, o el 95% de los flujos financieros totales”, dice el informe.
Además, añade que el mayor componente de tales flujos es, precisamente, la IED, la cual representó el 2,18% del PIB regional en el 2015.
También, explica que los flujos financieros están directamente relacionados con los patrones de especialización comercial y las ventajas comparativas de la región.
El segundo componente de los flujos de financiamiento privado lo constituyen las remesas que envían los trabajadores migrantes, las cuales totalizaron $20 mil millones en 2000 y $60 mil millones in 2015; esto es, cerca del 25% de los flujos financieros netos de la región.
Los flujos correspondientes a las inversiones pasivas de cartera son el tercer componente, pero por su naturaleza y volatilidad, no son considerados como una fuente de financiamiento del desarrollo.
La entidad también recuerda que “el capital privado se mueve mayormente por la ganancia más que por el desarrollo. Por lo tanto, el financiamiento privado puede quedarse corto en áreas que son cruciales para el desarrollo sostenible, si el premio en tales áreas es menor que las oportunidades de ganancia ofrecidas por otros tipos de inversiones”.
El reto de “movilizar un volumen suficiente de una mezcla de fondos públicos y privados se ha hecho más difícil porque han estado ocurriendo cambios importantes en las décadas recientes en el escenario del financiamiento del desarrollo. Estos cambios incluyen la aparición de nuevos actores, mecanismo y fuentes de financiamiento”, dice el documento de la Cepal.
De allí que “la creciente importancia de los flujos privados plantea un reto. Para hacerle frente, la región debe encontrar la forma de movilizar estos recursos y canalizarlos hacia usos que contribuyan a alcanzar las Metas del Desarrollo Sostenible”, concluye.
