El asesinato del líder indígena bribri Sergio Rojas y la impunidad que ha marcado ese caso han incidido en que crezca la violencia en los territorios indígenas del sur del país y en que se retroceda en el reconocimiento efectivo de los derechos de los pueblos originarios.
Así lo expresaron activistas e indígenas al cumplirse este 18 de marzo un año del asesinato de Rojas, ultimado de 15 disparos en su casa de habitación en el territorio de Salitre. A ese asesinato se sumó el de Jehry Rivera, en Térraba, el pasado 24 de febrero.
Evidentemente no se trata de hechos aislados, la Asociación Ditsö ha documentado en los últimos cuatro años al menos seis casos que esa organización considera tentativas de homicidio, según informó desde esa organización Gustavo Oreamuno.
Se trata del primer intento de asesinato contra Sergio Rojas, en Salitre en 2012; también, en 2013, el hoy fallecido Rivera fue víctima de una brutal golpiza.
Luego, en 2016, se dieron agresiones en Palmira de Cabagra contra Adilio Ortiz y Antonio Torres. Tras apuntar que en ese territorio se dieron otros tres casos, aunque no precisó quiénes fueron las víctimas, Oreamuno sumó la agresión con arma de fuego contra Minor Ortiz, en Río Azul de Salitre, el pasado 9 de febrero.
Violencia y retroceso
Mariana Delgado, dirigente recuperadora de Salitre, fustigó al Estado porque tras el asesinato de Rojas no se ha revelado información sobre el caso ni se ha detenido a sospechosos, lo cual “ha hecho que se incremente la violencia, las amenazas, las agresiones contra nuestro pueblo, contra nuestra gente, contra nuestros hermanos recuperadores y recuperadoras en distintas partes de Salitre”.
Citó el caso de su hijo Minor Ortiz, aún convaleciente tras recibir recientemente un balazo en su pierna derecha (ver recuadro), por el cual “no hay ni siquiera una audiencia ni nada para que se empiece a hacer justicia, una investigación verdadera”.
“Creemos y entendemos que el Gobierno sigue sin voluntad para sanear nuestros territorios, para devolvernos la paz a través del saneamiento territorial, y aquí los finqueros terratenientes que usurpan nuestras tierras se han envalentonado y amenazan todos los días por redes sociales y por diferentes medios”, aseveró.
Gustavo Oreamuno consideró que durante este último año se ha dado “un retroceso en el ejercicio de los derechos de los pueblos originarios y en el acceso a la justicia” por parte de esos pueblos.
Tras subrayar que el caso de Rojas se mantiene en impunidad, citó el reciente asesinato de Jehry Rivera, quien durante un ataque a un terreno recuperado fue ultimado de cinco tiros y dos puñaladas.
El propio Oreamuno ya ha interpuesto denuncias ante autoridades del Poder Judicial, pues él mismo ha sido objeto de amenazas, acoso y difamaciones a través de redes sociales a causa de su activismo en favor de los pueblos indígenas.
Seguir el proceso
Sergio Rojas fundó el Frente Nacional de Pueblos Indígenas (Frenapi) junto a Pablo Sibar, del pueblo Bröran, y otras personas, hace más de tres décadas. Alrededor de 2010, el Frenapi decidió comenzar la política de recuperación de hecho de tierras dentro de los territorio indígenas.
Su asesinato se enmarca en una serie de acciones violentas que se dan desde años antes en los territorios indígenas del sur del país. En el caso de Salitre, desde 2015 UNIVERSIDAD denunció una oleada de hechos violentos, cuando se acompañó a una misión del Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (Odhain) a ese territorio.
En esa oportunidad, el propio Rojas consideró que “la única manera” de que las recuperaciones se llevaran a cabo sin violencia dependía del Gobierno: “Que aplique la ley. Si no lo hace siempre tendremos la intromisión de la gente no indígena usurpando nuestra tierra, y en el momento en que ejecutamos nuestro derecho va a existir violencia, porque nadie quiere perder nada; el ladrón que roba no quiere perder lo que se roba, quiere que le paguen para que le devuelvan lo que robó”.
Pablo Sibar, cofundador del Frenapi y recuperador en la localidad de Crun Shurin, en Térraba, en los últimos días ha soportado una oleada de violencia (ver recuadro).
“Es parte de nuestra lucha y no queda otra que seguir en este proceso”. Tras informar que los incendios provocados quemaron “todo el plátano, la yuca y los árboles que las universidades nos habían regalado”, recalcó la impunidad en el caso de Rojas: “Es como si nada, no hay nadie culpable, no se sabe absolutamente nada”. A propósito, recordó que el líder bribri contaba con medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y citó que, en su momento, las autoridades nacionales le dijeron que le podían dar protección, siempre y cuando saliera del territorio.
“¿Cómo vamos a salir de nuestro territorio?” cuestionó indignado y agregó que “ahora es igual conmigo, ‘le damos protección pero tiene que salir’, y entonces esto es la parte que se dificulta, le estamos diciendo el Poder Judicial que tomen medidas de seguridad cuando la vida nuestra está en peligro”.
Violentas semanas
Tras el asesinato el 24 de febrero del dirigente recuperador Jehry Rivera, del pueblo Bröran de Térraba, se ha dado un recrudecimiento de las acciones violentas contra los pueblos indígenas en la zona Sur.
Sólo durante el mes de marzo, la coordinadora de Lucha Sur-Sur ha documentado los siguientes casos:
3 de marzo: Incendio en la localidad de Crun Shurin, en Térraba.
4 de marzo: Otros dos incendios de nuevo en la localidad de Crun Shurin.
5 de marzo: En el territorio cabécar de China Kichá, el recuperador Greivin Fernández fue atacado primero con perros y luego, en dos ocasiones, un sujeto intentó agredirlo con un machete.
6 de marzo: De nuevo incendios, el primero en el territorio de China Kichá, en la localidad de Kono Jú, y posteriormente en Térraba. Una vagoneta propiedad de un empresario de apellido Fernández bloqueó el acceso a China Kichá.
7 de marzo: Un grupo de recuperadores es atacado por una turba de unas 40 personas en China Kichá. Dos casas fueron quemadas en su totalidad. Ese mismo día, un grupo de unos 18 “finqueros” amenazaron con que “hoy no se van hasta que maten a algún indio”.
También hubo un nuevo incendio en Crun Shurin, Térraba.
8 de marzo: En la madrugada, recuperadores bribris de Nima Diköl, conocida como Palmira, en el territorio de Iriria Bribri Sá Ká (Cabagra), escucharon detonaciones de arma de fuego.
12 de marzo: De nuevo un incendio en China Kichá.
13 de marzo: La Cruz Roja atendió a 15 personas víctimas de un ataque con un químico tóxico en China Kichá.
14 de marzo: Minor Ortiz denunció haber recibido amenazas de muerte contra él y su madre Mariana Delgado, de parte de Eliodoro Figueroa, quien fue puesto en libertad con medidas cautelares tras disparar el 9 de febrero contra Ortiz.
15 de marzo: En la localidad de Bakom Di, en Salitre, los indígenas Claudio Ortiz y Daniel Figueroa fueron amenazados y atacados con machete por un sujeto de apellido Vargas.
