El crecimiento económico es el eje que estructura el “Plan de Gobierno 2018-2022” del Partido Alianza Demócrata Cristiana (PADC), que tiene como candidato presidencial al exasesor legislativo y diputado del PUSC, Mario Redondo.
Esto comienza por dar un impulso “extraordinario” a la calidad y equidad de la educación, y por mejorar la infraestructura pública.
Algunas medidas que contempla son “relanzar” la educación técnica mediante la restructuración del INA y la educación dual; ejecutar expeditamente recursos estancados para obra vial, centros educativos, hospitales y vivienda; autorizar el uso de Fondos de Pensiones para la inversión en obra pública; cerrar definitivamente Soresco; y romper los monopolios de Recope, Riteve y del ICE, en cuanto al mercado eléctrico.
Además, implementar una política de transparencia y mejora en la gestión del ICE y demás empresas públicas de generación y distribución, y “culminar la concesión del tren eléctrico interurbano”.
En materia de empleo ofrece “flexibilizar las jornadas laborales favoreciendo el teletrabajo y otras modalidades, pero con una fuerte vigilancia del cumplimiento de la legislación laboral”; promover la seguridad jurídica en materia fiscal, particularmente para el turismo; y exonerar del impuesto de ventas a las tarifas de ingreso a las Áreas Silvestres Protegidas.
Además, impulsar una Política Nacional de Empleo Público; reducir gastos en publicidad, propaganda y viajes “al mínimo necesario”; mejorar la recaudación de ingresos fiscales sin crear más impuestos; impulsar el impuesto al valor agregado que amplíe la base contributiva, pero que mantenga la tasa en 13%; revisar las exoneraciones y privilegios fiscales; y consolidar la seguridad jurídica al régimen de zonas francas.
Para combatir la pobreza plantea hacer “una reingeniería del sector social”; mejorar el Sistema de Banca para el Desarrollo para financiar los emprendimientos; transformar el Instituto Mixto de Ayuda Social en ministerio, “el cual se convertirá en rector de toda política pública de combate a la pobreza y asumirá bajo su competencia a todas aquellas instituciones públicas y programas que administran recursos para combate contra la pobreza (Fodesaf, sistemas de becas, ayudas sociales y otros)”.
Además, “generar políticas que promuevan la equidad de género y la protección especial de la mujer”, construir un hospital para atender enfermedades asociadas al envejecimiento, entre otras.
“Cero tolerancia”
Bajo la consigna de “cero tolerancia al delincuente”, el PADC propone excluir de la ejecución condicional de la pena a los delitos dolosos contra la vida e integridad física de las personas, delitos sexuales, contra cualquier cuerpo policial y del crimen organizado.
También, eliminar la posibilidad de que el Ministerio Público pueda prescindir de la acción penal cuando se trate de un hecho insignificante en razón del monto sustraído y que se pueda imponer prisión preventiva por la reincidencia en la comisión de delitos cuando no medie violencia contra personas o fuerza contra las cosas.
Finalmente, fortalecer los cuerpos policiales, cerrar la Dirección de Inteligencia y Seguridad y trasladar los recursos al Ministerio de Seguridad para fortalecer la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), entre otras medidas.
