Ana Alvarado (nombre ficticio) tenía años de laborar como empleada doméstica y hace casi un año los doctores descubrieron que su hija tenía leucemia; en el hospital le dijeron que no se preocupara, que podría llevar su vida normalmente, pero descubrió que no era tan sencillo y tuvo que comenzar a llevar a su niña al trabajo, porque tenía que darle los medicamentos a tiempo y asegurarse de que se sintiera bien.
Sus patronos no tenían problema con que llevara a su hija; sin embargo, desde que se anunciaron medidas de distanciamiento social producto del COVID-19, la situación se volvió más difícil, pues estos tenían temor de que la niña se fuera a contagiar y le pidieron que mejor no volviera hasta que pasara la emergencia sanitaria.
Ya hace un par de meses que no trabaja, y aunque recibe algunas ayudas por parte de sus jefes para pagar la luz o ciertas necesidades, no le están pagando el salario, ni tampoco le entregaron una carta de suspensión del contrato.
“Ellos me dicen que hay que esperar a ver qué dice el ministro de Salud, dependiendo de lo que suceda en las próximas semanas. Yo hice la solicitud la semana pasada del bono Proteger que está entregando el Gobierno, una muchacha me ayudó y aunque mis patronos dicen que tengo el trabajo seguro para cuando pueda regresar, por ahora estoy preocupada porque soy jefa de hogar y mi mamá también depende de mí”.
La historia de Ana es parecida a la de muchas otras que se ubican en sectores de baja remuneración, donde los derechos laborales pueden ser fácilmente vulnerados o que están dirigidos a servicios específicos, los cuales se han visto paralizados durante la pandemia, en todo el mundo.
De acuerdo con Carmen Moreno González, directora de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana, se estima que el 58,6% de las mujeres que trabajan en el mundo lo hacen en el sector terciario (servicios tercerizados como limpieza y seguridad), un dato que supera al 45,4% de los hombres.
“Las mujeres tienen menor acceso a servicios de protección social y soportan una carga laboral desproporcionada en la economía asistencial, en particular en el caso de cierre de escuelas o de centros de atención. Las epidemias y crisis económicas pueden repercutir de forma desproporcionada en estos grupos poblacionales y propiciar la desigualdad”, detalló Moreno.
“Yo era la única que daba mi poquito a la casa”
Durante dos años y medio María Isabel Salgado trabajó para una compañía de limpieza, que brinda servicios tercerizados a otras empresas e instituciones. Cuando el Gobierno anunció las medidas de contención, la empresa en la que le tocaba hacer la limpieza la llamó por teléfono y le dijeron que no fuera más, que le avisara al dueño de la compañía que no iban a ocuparlos porque cerrarían las oficinas.
“Me parece que eso debieron hacerlo de empresa a empresa, pero igual llamé al dueño de la compañía que me tenía contratada y le conté. No me dijeron nada; a las dos semanas volví a llamar para ver qué iba a pasar, porque no tenía ninguna noticia, ahí me indicaron que no tenían dónde ubicarme y que me iban a liquidar”, contó.
Pero la noticia de la liquidación no estuvo acompañada de ninguna acción. En la empresa no le entregaron ninguna carta de despido, ni le pagaron, solo le dieron la promesa de que en un mes tendría noticias.
Al ver que no había ninguna acción, María Isabel fue al Instituto Nacional de Mujeres (Inamu) donde la asesoraron y llamaron a la empresa para saber por qué no le habían dado, al menos, la carta de despido, para que ella pudiera solicitar el bono que está otorgando el Gobierno.
“Sólo así me dieron la carta. Yo no tengo recursos que me amparen y necesitaba ese documento para hacer la solicitud al Ministerio de Trabajo; esto se suma a que mi esposo ya tiene 8 meses de no conseguir trabajo, yo era la única que daba mi poquito a la casa, con el medio tiempo que trabajaba, y nos vemos muy mal; hay que pagar luz, agua, préstamo del banco, comida, todo se ha puesto muy difícil”.
María Isabel tiene un hijo de 20 años que vive con ella y su esposo, pero también está desempleado; aunque reparte currículos por todo lado, no ha logrado conseguir.
En estos momentos está aplanchando en casas, si le sale una oportunidad la toma, pero no son muchas las personas que están dispuestas a contratar estos servicios en tiempos de COVID-19; la misma María Isabel tiene miedo a contagiarse porque es hipertensa, un riesgo alto si contrae la enfermedad.
Según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) los efectos de la pandemia generarán la recesión más grande que ha sufrido la región desde 1930, y lo más grave es que se vislumbra un fuerte aumento en el desempleo, algo que ya está ocurriendo y que incidirá en la pobreza y la desigualdad.
Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de la Cepal, señaló que se prevé un deterioro de los indicadores laborales, la tasa de desempleo se ubicaría en el 11,5%, un aumento de 3,4 puntos porcentuales con respecto al 2019, haciendo que el número de desempleados en Latinoamérica alcance los 37,7 millones de personas; se elevará el empleo informal, se acentuará la brecha laboral en materia de género y habrá un incremento en la sobrecarga de trabajo no remunerado de las mujeres.
“Si los efectos del COVID-19 llevan a la pérdida de ingresos del 5% de la población económicamente activa, la pobreza podría aumentar 3,5 puntos porcentuales, esto implicaría que 107 millones de mujeres en la región se encontrarían en situación de pobreza.
“Cuando llegaba a trabajar, la señora me bañaba en Lysol”
Claudia Solano (nombre ficticio) ha vivido momentos muy difíciles con la llegada del COVID-19. Su esposo trabajaba, antes de la pandemia, llevando y trayendo niños de una escuela, hoy no tiene trabajo. Ella había tenido problemas para trabajar porque se le había vencido la cédula de residencia y hasta que la sacó de nuevo consiguió empleo.
Trabajaba limpiando en una casa tres días por semana, y por horas en un abastecedor. Una tía se había llevado a dos de sus tres hijos para Golfito para ayudarla y ponerlos a estudiar, sin embargo, al iniciar la pandemia le envió de vuelta a sus hijos.
La señora con la que trabajaba comenzó a decirle que mejor no fuera a trabajar, para evitar el contagio del virus y en ocasiones le pedía que fuera, pero cuando llegaba le pedía que se devolviera.
“Me volvía a llamar y era lo mismo. Cuando lograba trabajarle me obligaba a cambiarme la ropa en la cochera, a quitarme los zapatos y al entrar a la puerta me bañaba en Lysol, eso me daba alergia, pero me lo tenía que aguantar. Me trataba feo, estaba siempre de mal humor porque yo estaba en su casa, no me daba de comer y sólo me daba agua en un vaso desechable o limonada caliente”.
Era humillante, pero era el dinero con el que Claudia contaba. En el abastecedor se ganaba ¢6.000 a la semana, y tenía que pagar ¢3.000 para que le cuidaran a su hija pequeña, lo que le sobraba le servía para comprar arroz y leche, ahora ya le dijeron que no vuelva hasta nuevo aviso.
Su hijo mayor está en undécimo año y está tratando de matricularlo en el colegio, y al otro muchacho lo logró ingresar a sétimo año, eso sí le dijeron que debe ponerse al día, a través de clases virtuales. Algo imposible porque en su casa no hay Internet, la otra opción que le dan es comprar copias de la materia; no obstante, cuando se trata de escoger entre comida y fotocopias, el hambre siempre gana.
“La patrona no me dio carta de despido, ni de suspensión de contrato; en el abastecedor tampoco porque era por horas. Además, no he podido hacer la solicitud del bono, a pesar de que lo he intentado, porque tengo que hacerlo en mi teléfono y no es posible poner el nombre y el apellido, y ahora no tengo plata para ponerle saldo”.
UNIVERSIDAD conversó con Carmen Cruz, presidenta de la Asociación de Trabajadoras Domésticas (Astradomes), quien contó que la situación que vive Claudia es muy frecuente en estos tiempos; muchas han sido despedidas, a otras las mandan a la casa por unas semanas, y cuando llaman para ver si les van a pagar o si tienen que volver no les responden el teléfono.
“A muchas las despiden con engaño, a pocas les entregan carta de despido o suspensión del contrato, pero a la mayoría no les dan nada. Peor aún, algunos patronos las condicionan a firmar un documento en el cual renuncian a sus derechos, con tal de que les entreguen la carta para solicitar el bono Proteger”, explicó Cruz.
A otras trabajadoras les están pagando la mitad del salario, pero claro, esas son las menos y otras pocas continúan trabajando, pero el patrono las recoge en su casa y las traslada de vuelta, para que no se expongan. Definitivamente, estas son la excepción.
Desde Astradomes han buscado apoyo en el Inamu para que les ayuden a las trabajadoras a ingresar a la plataforma y que puedan solicitar el bono; también las llevan a la Comisión Nacional de Emergencias para que les den una canasta básica.
En la última semana, indicó Cruz, han atendido unas 100 consultas de trabajadoras domésticas que han sido despedidas; además, otras instancias también ayudan a mujeres que laboran en este sector.
“Soy independiente, siempre pagué mis impuestos y ahora que necesito no hay respuesta”
Yahaira Rojas es esteticista, vive en Pococí y desde hace un año trabaja como independiente en su propio negocio. Es jefa de hogar y tiene tres hijos; además, se hace cargo de su mamá que tiene una discapacidad auditiva.
El COVID-19 le ha traído una caída en picada de sus ingresos, pues normalmente producía entre ¢300.000 y ¢400.000 mensuales en su estética, pero es un sector que se ha visto afectado por las medidas de contención y distanciamiento social determinadas por el Gobierno ante la pandemia.
Desde el 9 de abril, solicitó el bono Proteger en la plataforma del Ministerio de Trabajo, en ese momento no solicitaban la declaración jurada escrita a mano, sino que se firmaba en el mismo formulario, así que lo llenó y envió.
“A los días me indicaron que lo habían recibido con éxito y que estaba en proceso de análisis, me enteré de que otras personas ya habían recibido la ayuda y decidí comunicarme para saber cómo iba mi proceso. Pasé por el ministerio, por el IMAS, un call center… en ningún lado me dieron razón”.
Volvió a ingresar a la plataforma y ahí se dio cuenta de que ahora sí solicitaban la declaración jurada escrita a mano, algo que nunca le indicaron, lo hizo y sigue esperando una respuesta.
“Muchos colegas me han comentado que les ha sucedido lo mismo, no fue culpa mía que cambiaran la forma de hacerlo. Lo que más me duele es que siempre he sido responsable pagando mis impuestos y ahora no tengo respuesta. En mi familia siempre hemos acostumbrado a comprar suficiente comida, ahora hay limitación, arroz, frijoles, huevo y salchichón; tengo que rendir las cucharadas de comida para que alcance y de paso, todos encerrados, sube la luz y el agua”.
Yahaira es miembro de la Comisión Costarricense de Técnicos en Belleza, en la cual hay profesionales y técnicos que ejercen la profesión del cuidado e imagen personal, hay distribuidoras, academias, casas comerciales, entre otras.
Asegura que existe una gran alarma porque la mayoría de las personas que trabajan en este gremio son formales, que cotizan a la Caja Costarricense de Seguro Social, que pagan impuestos, inscritos en Hacienda y han dejado de percibir sus salarios, pero no han recibido el bono, a pesar de haberlo solicitado y demostrar que están con cero ingresos.
La desigualdad con rostro femenino
La desigualdad con rostro femeninoEl COVID-19 pone en evidencia, una vez más, que las mujeres tienen una fuerte desventaja en el mercado laboral y que, cuando se trata de despidos o de violación a los derechos laborales, son las más afectadas.
De acuerdo con Luisa López, del Centro de Formación y Orientación del Inamu, los principales problemas que han detectado en las consultas y denuncias que han recibido es que los patronos no quieren entregar una carta de despido, de reducción de jornada o de suspensión de contratos, algo esencial para solicitar el bono que entrega el Gobierno.
Esto implica que las mujeres vean reducidos sus ingresos y, por ende, la situación económica familiar se venga a pique. Y aunque en el Ministerio de Trabajo aseguran que las personas solo tienen que presentar una declaración jurada, la cual deben subir a través de una plataforma, lo cierto es que una gran parte de la población no tiene acceso a la tecnología, ni saben cómo realizar el procedimiento.
“Tenemos consultas de mujeres en estado de lactancia o en periodos de pre y post parto que han sido afectadas con la reducción de jornadas, algo que legalmente no puede hacerse, esta es una discriminación muy odiosa, porque se aprovechan de la vulnerabilidad económica. También hay muchas mujeres de trabajo doméstico y de la empresa privada a quienes les reducen la jornada o las despiden del todo sin pagarles nada”, detalló López.
Asimismo, hay muchas trabajadoras independientes o que tienen sus pequeñas empresas, pero que sí tenían buenos ingresos, por ejemplo, señoras que tenían sus ventanitas de comida, o las que vendían queques y repostería, o aquellas que trabajan en el sector de belleza.
La afectación laboral producto del COVID-19 también ha tocado a ayudantes de cocina, vendedoras ambulantes, artesanas, dependientes de librerías o tiendas, mucamas de hoteles y muchas otras; la mayoría de ellas, jefas de hogar, con hijos que mantener a quienes hoy no les pueden dar alimento.
La queja generalizada es que el plan Proteger, que otorga el bono de Gobierno, no está llegando a todas ellas; no toma en cuenta que muchas no tienen acceso a Internet y no cuentan con computadoras, o que simplemente no están familiarizadas con el uso de la tecnología. Y otras que han logrado ingresar sus documentos y datos tienen semanas sin noticia alguna sobre su caso.
