La jerarca del Ministerio de Educación Pública (MEP) defendió el hecho de que la institución entregó un anteproyecto presupuestario “con todos los componentes que le corresponden para atender las necesidades del servicio educativo”, pero que, a partir de la reforma fiscal (Ley 9635), la Dirección General de Presupuesto hace rebajos presupuestarios para cumplir con las disposiciones de esta norma, incluida la regla fiscal.
Esa medida impone restricciones presupuestarias de acuerdo con el porcentaje del producto interno bruto (PIB) al que ascienda la deuda pública.
Cruz destacó que el presupuesto del MEP atiende alrededor de 1.175.038 personas estudiantes, “es uno de los servicios más grandes que tiene el país, por el que ha apostado durante muchos años por él, y tiene que seguir siendo así definitivamente”.
“Es como que le diga que vamos a hacer un aumento salarial de ¢1.500, pero no lo puede tocar”.
Por ello, denunció que la mencionada Ley 9635 con su regla fiscal “se pensó y se aprobó en la Asamblea Legislativa sin tener un contexto como el que tenemos hoy; una pandemia que afecta directamente el servicio de salud y, por supuesto, al servicio educativo en Costa Rica y en el mundo”.
“En una situación de crisis fiscal donde, ya de por si, hay rezagos educativos que se acrecentan con una pandemia. La discusión es entonces cuál es el espacio que le vamos a dar a la educación”, planteó.
La funcionaria cuestionó “normas que no son coherentes entre sí”, pues, por un lado, la Constitución establece que se debe dedicar el 8% del PIB a la educación, pero al mismo tiempo sufre el embate de la regla fiscal.
¿Qué implica que se rebaje ¢21 mil millones en programas de becas, u ¢11 mil millones en transportes?
Se le podrá dar sólo el servicio de becas a los estudiantes que en este momento están con el servicio de becas, no se podrá aumentar y también que esas becas se podrán cubrir hasta el mes de septiembre de 2022. Entonces es un elemento importante a considerar.
No puede haber aumento de becas en la situación económica en que está el país que es bastante compleja. Por eso en este momento es necesario ese análisis, un acuerdo por la educación y mi planteamiento sería cuáles son aquellos rubros que deberíamos de analizar que no haya afectación del servicio educativo.
Si a nadie nuevo se le va a poder dar beca y sólo van a estar cubiertas hasta septiembre, ¿incidirá eso en la exclusión de estudiantes?
Puede motivar la exclusión, claro. Por eso estamos a tiempo de hacer una discusión de si en este presupuesto 2022 se prioriza en educación y en cuáles áreas específicamente debemos priorizar.
También se incluye un rebajo de ¢6.400 millones al programa Comedores Escolares, al que el Estado de la Educación ha señalado como un buen gancho precisamente para evitar la exclusión…
Y definitivamente creo que todo el componente de equidad y en particular, por supuesto el de comedores escolares, es un rubro sensible, un servicio que está declarado por la misma Asamblea Legislativa como esencial en la ley que tenía que ver con los movimientos de huelga. Sabemos además que desde el punto de vista social, emocional, es un buen gancho para tener los estudiantes en el servicio educativo, porque este país apostó a que los beneficios o los apoyos que se le dan a las personas estudiantes tienen que ver con un tema más de permanencia en el servicio educativo. Es importante considerar que si realmente queremos motivar a que disminuya la exclusión y queremos realmente como país -ahora en la OCDE- mejorar los puntajes de PISA, eso tiene que ver también con la revisión de estos rubros en el presupuesto, porque hay un tema de contención de gasto, hay un tema de crisis fiscal, hay un tema de normas y hay un tema de prioridades. Entonces, en esa línea, ¿cuáles son las prioridades que va a tener este país en este nuevo contexto?
¿Cuánto daño le estamos haciendo al sistema educativo con este presupuesto?
Las implicaciones pueden ser muchas. No las puedo cuantificar en daños directamente, pero creo que estamos a tiempo de tomar las medidas necesarias ya, para que esto no suceda de esta manera. Por eso es importante que el presupuesto va entrar en procesos de discusión en la Asamblea Legislativa, para poder visualizar todos estos aspectos que realmente condicionan una situación que está establecida como una crisis educativa, con unos rezagos importantes anteriores, con una pandemia de por medio, tratando de mantener el vínculo de los estudiantes en el servicio educativo, haciendo esfuerzos para la nivelación y recuperación de aprendizajes.
Ese proceso de recuperación de nivelación de aprendizajes no lo vamos a lograr definitivamente en el 2021 ni 2022. Éste no es el presupuesto sólo de 2022, si usted hace proyecciones como están establecidas las normas, la Ley de Presupuesto y como está establecida la Ley 9635, esto va a afectar los próximos presupuestos definitivamente.
Se aprobó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en 2018, veníamos con un medio respiro para ir mejorando algo de las finanzas y se viene la pandemia en 2020. Se nos agrava la situación fiscal, se nos agrava la salud, se nos agrava el servicio educativo, entonces ahora, si estamos priorizando por salud, prioricemos también por la educación para atender ya en este momento algo que se nos puede venir. Las implicaciones las podemos ver al mediano y largo plazo, pero si ante esas implicaciones desde hoy, ya, tomamos medidas correctivas, podemos cerrar un poco esa brecha.
¿Debería el presupuesto del MEP estar excluido de la aplicación de la regla fiscal?
No sé si se debería estar excluido, porque no es mi área de experticia. Lo que sí digo es que el país desde antes de la creación de la República, desde antes de la Independencia, desde antes de la celebración del Bicentenario, ha priorizado la educación. Si esa es la ruta que ha tomado el país y eso es lo que nos ha llevado a ser un país como el que somos, debemos preguntarnos, si eso no lo hubiéramos hecho, ¿quién seríamos hoy como Costa Rica del Bicentenario?
Yo hago un presupuesto y digo cuáles son las necesidades, pero hay una ley que me impide tener ese presupuesto, porque aunque me lo den, no lo puedo gastar, es como que le diga que vamos a hacer un aumento salarial de ¢1.500, pero no lo puede tocar.
Eso es lo que se llama la regla fiscal, el tope presupuestario, todas esas normas afectan toda la institucionalidad, esa fue la ruta que escogió el país para reducir la situación de la crisis fiscal.
En este nuevo contexto, en una situación de crisis y de pandemia, es cuando tenemos que retomar el tema y a repensar cómo vamos a abordar esta situación que tenemos en este momento, que no es menor, pero por eso es un tema de discusión país, a todos los sectores nos corresponde ver cuál es esa priorización que vamos a hacer.
¿Le frustra la priorización actual en que ponemos al servicio de la deuda por encima de las necesidades educativas de las poblaciones más vulnerables?
Como Ministra de Educación y como educadora, tengo que dejar evidenciada la situación en que estamos. Mal haría yo en negarla, así lo he expresado en los diferentes espacios y por eso se incluye también en el anteproyecto de presupuesto esa salvedad que se hace al MEP, donde se habla de esas necesidades.
El presupuesto que requiere (el sector) educación fue enviado completo, con todas las necesidades. Le corresponde tomar esas decisiones tan drásticas al que esté sentado en Hacienda indistintamente, porque esa es la ruta que también el país definió en su momento.
Como país en una democracia es necesario y válido hacer un análisis de realmente cuáles son los ajustes que hay que hacer para priorizar en educación y puede ser que en otras áreas que implican el desarrollo social y político del país.
