Los casos de cobro judicial se mantienen como el principal obstáculo para que los costarricenses puedan aspirar a una justicia pronta: actualmente hay un promedio de alrededor de un caso por esta materia en los tribunales por cada cinco adultos en el país.
Esto a pesar de una relativa mejora en el registro de casos de esta materia: según las estadísticas del Observatorio Judicial, del Poder Judicial, se reportaron 854.412 expedientes en el circulante final de noviembre del 2021. Un año después, hubo una reducción de un 5%, pues se cerró noviembre con 808.904 en el circulante final.
A pesar de ello, se mantiene el peso de esta materia, que para el 2019 representaba un 54% del circulante final de todo el Poder Judicial, y para el 2022 ya significa un 57,6%. Empero, debe recordarse que en el Cuarto Informe del Estado de la Justicia, publicado en el 2022, se detalló que el cobro judicial llegó a representar un 68,6% de los expedientes en trámite.
Si se considera que según los datos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para noviembre, el padrón nacional en el país era de 3.513.810 personas, se obtiene un promedio de 4,3 personas por los casos en el circulante final.
Empero, si se considera el dato de casos activos que refirió el Cuarto Informe del Estado de la Justicia, que recopiló la información del 2021, el promedio por casos activos o en trámite era de 6 personas por expediente.
El peso del cobro judicial sobre la administración de justicia es un tema que el año pasado alcanzó sus mayores niveles, pero sus orígenes se remontan al 2008, cuando se aprobó la Ley de Cobro Judicial, que según refiere el último informe del Estado de la Justicia, incrementó la cantidad de casos entrados por esta materia.
Una nueva reforma en el 2016, la ley 9342, no contribuyó a contener el incremento: los casos de cobro judicial prácticamente se duplicaron del 2016 al 2021, pasando de 453 mil a más de 850 mil.
Ante la saturación que originan estos casos en el Poder Judicial, el entonces presidente de la Corte Fernando Cruz solicitó en mayo del 2022 cobrar una tasa a los prestamistas que utilizan estos servicios, con el proyecto 22.802. Era el cuarto intento para intentar que los diputados otorgaran un respaldo para enfrentar esta marea, e incluso Cruz presentó la solicitud en la reunión de presidentes de los Supremos Poderes, el 19 de junio, pero no logró eco.
No olvidar que precisamente, el 20 de junio, el presidente Rodrigo Chaves realizó su polémica “visita de cortesía” a la Corte, en la que externó cuestionamientos por el uso de los presupuestos en el Poder Judicial y sus resultados. Y significativamente, el proyecto 22.802 fue archivado el 4 de agosto.
Empero, el 5 de octubre se presentó una quinta versión de esta inquietud, el proyecto 23.379, “Creación de una tasa para la mejora en la eficiencia de la gestión en el proceso de cobro judicial”, firmado por los diputados Melina Ajoy del Partido Unidad Social Cristiana y Manuel Morales, del Partido Progreso Social Democrático (PSD), que se tramita en la comisión de Jurídicos, con la intención de que la quinta sea la vencida.
Mientras tanto, los cobros judiciales cerraron el 2022 como el principal obstáculo para la pronta administración de justicia pronta.
