Los ciberataques que tuvieron lugar en enero pasado contra varias instituciones gubernamentales, incluido el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, impidieron que esa entidad presentara información completa y auditable para liquidar el presupuesto del 2022.
Así lo evidenció la Contraloría General de la República en su “Dictamen sobre la Liquidación de Ingresos y Egresos del Presupuesto de la República correspondiente al ejercicio económico 2022”.
Este documento fue traído a colación por el legislador liberacionista, José Joaquín Hernández, durante una comparecencia del ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, ante la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, que discute un expediente sobre la liquidación de presupuestos de gobierno.
El verdiblanco mencionó que según la CGR, hubo una “limitación de la disponibilidad de la información” en el caso del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, por lo que preguntó es la entidad contaba con profesionales en ciberseguridad, los protocolos y medidas que se están utilizando para evitar otro hackeo y preguntó si las limitaciones de información que señalaba la Contraloría en el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) todavía persiste o ya está solventado.
Amador respondió parcialmente las consultas, diciendo que el asunto “sí ha tenido un impacto significativo” y que se han “aplicado los protocolos manuales”.
“Se ha hecho todo el esfuerzo interno para levantar un poco lo que es la respuesta del Ministerio y no subejecutar”, dijo.
Agregó que se han tomado medidas de protección preventiva a nivel de sistemas y paquetes informáticos, pero detalló que “nosotros no tenemos profesionales que puedan manejar esto a nivel de ciberataque, nuestros profesionales son profesionales de informática normales comunes como los que ustedes conocen, pero no especializados”
El informe de la CGR señala que “se presentó una limitación de disponibilidad de la información en los programas propios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), los cuales representan el 53% (¢243.287 millones) del monto total del gasto ejecutado por el Título 209 a cargo de dicho Ministerio (¢456.266 millones) para el periodo 2022”
A esta dificultad para auditar, dice la entidad, se suma la limitación “sobre la disponibilidad, completitud y exactitud de la información presupuestaria en el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), el cual representa el 34% del total devengado del título del MOPT en el periodo 2022; que no permite la trazabilidad de la documentación que se genera durante todo el proceso presupuestario”.
