El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, expresó este martes el rechazo del Gobierno al proyecto de ley que pretende dejar a las asociaciones de desarrollo comunal como “no sujetas” al pago de impuesto al valor agregado (IVA) con el argumento de que se perdería trazabilidad en ese tributo.
El proyecto 23.194 recibió el rechazo de Acosta durante una comparecencia en la comisión de Asuntos Hacendarios, que tramita la propuesta tendiente a facilitar los trámites a las asociaciones de desarrollo comunal, que deben realizar una serie de gestiones para gozar la exoneración de IVA ya vigente en la ley.
“Reduce la transparencia tributaria y erosiona la base del impuesto”, advirtió Acosta al referirse a la “no sujeción” de esas asociaciones al IVA, como indica la propuesta de reforma legal impulsada por la legisladora Daniela Rojas (Partido Unidad Social Cristiana, PUSC). Acosta dijo que las asociaciones ya se benefician con una exoneración cercana a los 1.000 millones de colones por año, según el jerarca.
“No es razonable argumentar que es muy engorroso”, dijo Acosta en relación con la justificación base del proyecto de ley, como reafirmaron también varios diputados que le transmitieron las quejas de asociaciones de desarrollo comunal acerca de las dificultades para acceder a la actual exoneración.
Es lo que señalaron diputados como Jonathan Acuña (Frente Amplio) y Sonia Rojas (Partido Liberación Nacional, PLN), que pidieron a Hacienda considerar que muchas de esas asociaciones trabajan con solo voluntariado, escasez de recursos e incluso hasta con dificultades de acceso a internet, sobre todo en la ruralidad.
El Ministro dijo que se puede trabajar con Dinadeco (Dirección Nacional de Desarrollo Comunal) para mejorar las capacidades y los procesos, pero que eso es un tema aparte a lo tributario. “La preocupación es que por unos pocos buenos demos no sujeción a muchos malos”, dijo antes de afirmar que hacen una labor importante.
Acosta agregó que todas las exoneraciones deben ser temporales y revisables con el tiempo, pero sobre todo deben permitir igualmente la trazabilidad de los pagos, para que Hacienda pueda dar seguimiento a flujos de dinero y monitorear a los vendedores de servicios o bienes. Esa sería la diferencia entre la exoneración actual y la “no sujeción” que se propone.
