Unas 350 embarcaciones decomisadas como parte de operativos contra el narcotráfico se deterioran en las instalaciones del Servicio Nacional de Guardacostas, cuando podría ser aprovechadas por comunidades costeras, islas del país o la Cruz Roja. Esta situación fue reportada por Marvin Arias, director del Servicio Nacional de Guardacostas, ante los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.
“La ley nos impide hacer donaciones, embarcaciones que hemos decomisado, con dos o tres años en los patios del Servicio de Guardacostas sin mantenimiento, se pudren, se destruyen”, dijo Arias.
Aseguró que incluso el año pasado se tuvo que destruir alrededor de 150 embarcaciones que ya no tenían utilidad. “En Limón, en un mes tuvimos que destruir 20 embarcaciones, y en solo una semana entraron cinco”, manifestó.
El dilema se presenta por cuanto varias comunidades de las zonas costeras o insulares requieren de medios de transporte, cuando se disponen de estos recursos que se deterioran.
También Jesús Escalone, coordinador operativo de la Cruz Roja, destacó ante los legisladores que la Cruz Roja no posee naves para atender estas regiones, por lo que tiene que coordinar con el Servicio de Guardacostas. “La relación es excelente, pero está sujeta a limitaciones, en ocasiones las embarcaciones están ocupadas en misiones de vigilancia, y las personas que requieren de atención médica deben esperar”, expresó.
Arias asistió junto con Escalone, para solicitar un ajuste en el proyecto de ley que tramitan los diputados en esa comisión, el 22.636, la ley para la donación de embarcaciones y equipos de navegación incautados al narcotráfico, a escuelas y asociaciones comunales de las islas del Golfo y los comités de la Cruz Roja que atienden poblaciones insulares. Arias y Escalone apadrinaron un texto sustitutivo, en el que no se limita la autorización a las asociaciones de las islas del Golfo, sino a todo el país.
Sin embargo, la polémica se presentó en el debate, cuando los diputados de la comisión preguntaron sobre la forma en que se concretaría la donación, el mantenimiento que tendrían que darle las comunidades a las naves y el riesgo de que volvieran a manos de delincuentes.
Incluso el diputado Gilberth Jiménez, del Partido Liberación Nacional (PLN), cuestionó que la ley ya permitía las donaciones a las comunidades, y afirmó que el ajuste propuesto por Arias limitaba su alcance, pero Arias insistió en que el proyecto se enfocaba en las comunidades de las islas del Golfo, y la solicitud que estaban presentando era para ampliar sus alcances a todo el país.
La revisión de la ley 8.000 muestra que en la ley si se incluye la posibilidad de las donaciones, por lo que el proyecto 23.636, presentado por la ex diputada Frangi Nicolás, también del PLN, anteponía a los habitantes de las islas del Golfo y sumaba a la Cruz Roja. El debate finalizó con la presidenta de la comisión, la diputada Gloria Navas, refiriendo que tomarían nota de las inquietudes de los comparecientes.
