Los gremios de educación se oponen a la aplicación de las pruebas FARO, pero recuerdan al presidente, Rodrigo Chaves, que esta decisión es competencia del Consejo Superior de Educación (CSE).
Chaves anunció la eliminación de las pruebas FARO para este año este fin de semana, aunque tras el anuncio la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, aclaró que aún es solo una propuesta que debe ser elevada al CSE.
Este Consejo es un órgano constituido constitucionalmente en el que participan siete personas y tres suplentes. Entre las personas miembro hay exministros, una persona nombrada por la Universidad de Costa Rica, representación de los sindicatos y otras personas representantes de las diferentes modelos de educación brindados en el país.
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El presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció que “no va a haber pruebas FARO este año”; sin embargo, la eliminación de estos instrumentos dependen del Consejo Superior de Educación, órgano que hasta el momento no conoce la propuesta.
Gilda Montero, presidenta de la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE), dijo no estar sorprendida del anuncio dado por Chaves ya que hay representación sindical que se opone a las pruebas desde el 2020, sin embargo, sí se sorprendió de que el Presidente ignorara que esta no era su competencia sino la del Consejo.
“Al final de su vida los estudiantes en una sola materia realiza cerca de 60 pruebas. Esto significa que ha sido evaluado a lo largo de su vida estudiantil, por eso la decisión de Presidencia no nos sorprende”, mencionó.
Montero dijo que el sindicato se opone a las pruebas estandarizadas y en el caso de las pruebas FARO, al aprobadas en el 2019, su posición se mantuvo en contra a no considerar que fuera una mejora sino que ‘seguiría siendo bachillerato en el fondo y forma’ y su aplicación era muy costosa en un gobierno que pedía austeridad.
El presidente del Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC), Gilbert Díaz, también está en contra de la aplicación de las pruebas FARO, pero aclaró que no están en contra de las evaluaciones ‘sino de aquellas que vengan en una dirección punitiva’.
“Es potestad del Consejo Superior de Educación analizar si las mismas deben continuar o no, pero debe haber un diagnóstico que demuestre cuál es el nivel de aprendizaje y de dominio de las habilidades y que compagine con los programas de educación actuales” agregó.
Díaz dijo el Consejo también deberá enfocarse en atender las debilidades señaladas por los informes del desempeño de los estudiantes, para ayudar a nivelar los aprendizajes y Montero considera que la solución debe encontrarse en la experiencia de los educadores costarricenses y no en la de otros países.
