Gobiernos mantienen en secreto detalles de negociación comercial

Cerca de medio centenar de países, incluido Costa Rica, están prestos a culminar en los próximos meses las negociaciones del Acuerdo para el Comercio de Servicios (TISA por sus siglas en inglés) que se vienen realizando desde hace cuatro años.
A la fecha se han realizado 19 rondas de negociación, la mayoría en Ginebra, Suiza, sin que la opinión pública y las mismas autoridades políticas de los países estén enteradas de las implicaciones del controversial acuerdo, a pesar de que este va más lejos de lo que implicó el tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos, que generó un gran debate nacional y un referendo popular.
El TISA es promovido por Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia y la UE, y actualmente participan alrededor de 50 países, que representan juntos cerca del 70% del comercio global de servicios.
Son países asociados a la Organización Mundial del Comercio (OMC), entre los que figuran naciones tales como Japón, Corea del Sur, Suiza, Canadá, México, Colombia, Perú, Chile y Costa Rica.
La negociación se da tras el llamado del grupo de países desarrollados G20 y por la Conferencia de Ministros de la OMC celebrada en Ginebra en el 2011.
Allí se planteó la necesidad de generar negociaciones de convenios multilaterales que vencieran la resistencia de muchos países miembros de la OMC a privatizar los servicios públicos y desregular completamente el comercio de servicios entre sus naciones y, por ende, eliminar protecciones y excepciones planteadas por estos países con el fin de proteger su economía.
Para los países desarrollados, esas políticas restringen el libre comercio y limitan los negocios que sus corporaciones pueden hacer en los países extranjeros.
A raíz de la filtración de documentos secretos que realizó Wikileaks, la organización no gubernamental “Nuestro Mundo no está en Venta (OWINFS)”, con sede en Washington, y la federación sindical radicada en Suiza, Internacional de Servicios Públicos (IPS en inglés) iniciaron hace dos años una campaña de alerta entre gremios profesionales, de trabajadores y organizaciones sociales, con el objetivo de presionar a los gobiernos a que informen a la población sobre lo que están negociando.
Por esa razón en países de la Unión Europea (EU) y en Australia se han producido protestas y manifestaciones exigiendo a los gobiernos el retiro de la negociación.
En Alemania han surgido diferencias internas entre ministros del gabinete de Gobierno que señalan la inconveniencia del acuerdo.
Recientemente en Uruguay el Gobierno del presidente Tavaré Vázques decidió retirarse del proceso por presión de la Asamblea Legislativa, luego de que la anterior administración de José “Pepe” Mujica había metido al país en el grupo de “Auténticos Buenos Amigos de los Servicios”, constituido por los países que impulsan el acuerdo.
Una publicación del diario británico The Guardian alertó la semana pasada acerca de que una cláusula del TISA compromete a los gobiernos con la “neutralidad energética”y amenaza el cumplimiento de los objetivos acordados en la reciente Cumbre del Clima en París.
El diario británico reveló un documento de la UE obtenido por la organización Greenpeace de Holanda sobre la negociación secreta del TISA, en el que se indica que la mencionada cláusula permitiría a las transnacionales impedir que los gobiernos puedan incentivar la energía renovable frente a los combustibles fósiles, lo cual va incluso contra las mismas directrices de la UE.
El documento también obliga a los Estados miembros a legislar contra la “conducta anti-competitiva” y “distorsiones de mercado” en servicios de energía.
Los ambientalistas que hacen la denuncia creen que el TISA aumentaría el poder de las multinacionales para evitar que los gobiernos tomen medidas para evitar que el aumento de la temperatura global sea más de 1,5 C°, como se trazó en la cumbre de París.
Hasta el momento, los diferentes gobiernos plantean el TISA como un simple acuerdo tendiente a mejorar las condiciones en los diversos países para promover la comercialización de servicios.

LA NEGOCIACIÓN

El viceministro Jhon Fonseca, quien lidera el equipo del Ministerio de Comercio Exterior (Comex) que representa al país en la negociación, apuntó que “siendo Costa Rica un país con un 77% de su producción asociada al sector servicios (dato de 2015); un 72% de su fuerza laboral empleada en el sector servicios (también dato de 2015) y con exportaciones de servicios que superaron el 42% del total de las exportaciones en ese mismo año, nuestra posición en esta negociación debe ser de país demandante de condiciones de certeza jurídica, no discriminación y eliminación de barreras técnicas al comercio internacional de servicios.”
Lo que se está negociando – aseguró – es un texto general, cuya base es el Acuerdo General sobre Comercio de OMC (AGCS) de 1995, disciplinas específicas propuestas por los países que negocian el acuerdo y listas de compromisos específicos.
Mediante estas listas se especifican aquellas áreas que los países desean reservarse por distintas razones de política pública. Esta estructura es similar a la que contienen los acuerdos comerciales que Costa Rica ya tiene en vigor, en los que a manera de ejemplo, el país se ha reservado la posibilidad de adoptar y mantener cualquier medida respecto a los servicios sociales, tales como seguridad social, educación pública, acueductos y alcantarillados.
Además del texto general, se negocian anexos (capítulos) sobre reglamentación específica, transparencia, movimiento de personas físicas, servicios financieros, servicios de telecomunicaciones, servicios de transporte marítimo internacional, servicios de transporte aéreo, servicios de transporte por carretera, requisitos de localización, comercio electrónico, disposiciones institucionales y solución de controversias.
Los representantes de los países miembros de la negociación se han propuesto el final de esta para 2016, sin embargo, es difícil determinar una fecha, pues depende del nivel de avance en los distintos temas. Al igual que todo tratado internacional, una vez que se acuerde un texto final y se firme, el Poder Ejecutivo lo remitirá al Congreso, que decidirá sobre la conveniencia o no de que se convierta en ley de la República, anotó Fonseca.
En Costa Rica, la IPS realizó un foro sobre el TISA el pasado 19 de agosto en la Universidad Nacional (UNA), auspiciado por la Fundación Friedrich Ebert (FES), de Alemania. En la actividad participaron como panelistas internacionales Deborah James, de OWINFS, y Carlos Sossa, de la central sindical uruguaya PIT-CNT.
En el marco de la actividad se conformó el “Colectivo por Costa Rica Sí y al TISA No”, con participación de las principales centrales sindicales costarricenses, que incluyen sindicatos del gobierno central, municipales, de salud, judiciales, universitarios, agua, energía y otros.
El pasado 2 de setiembre se realizó otro foro apoyado por la FES en San José, en el que la italiana Rosa Pavanelli, secretaria general de IPS, expuso a decenas de representantes de organizaciones sociales sobre las implicaciones del TISA.
Según Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), el TISA no dejará “títere con cabeza” en materia de servicios, públicos y no públicos, con la apertura irrestricta de su prestación en suelo nacional, bajo la concepción ideológica neoliberal del libre comercio, que está concebido para que las corporaciones transnacionales terminen de controlar todo el sistema económico del país y su propio circuito financiero.
Vargas protestó porque las reuniones a que los ha convocado el Comex para informar sobre el TISA son de 60 minutos, 40 de los cuales los ocupan los representantes del Ministerio y solo 20 quedan para las consultas y puntos de vista de los sectores.
“¿Cuál es la posibilidad real de que en esos 60 minutos usted emita criterio de algo tan descomunal sobre otro de esos TLC de corte neoliberal como el TISA, que será devastador en un país que cuenta con una importante red de servicios públicos de gran variedad los que, aunque maltrechos, en no pocos casos están, todavía, concebidos para la inclusión social?”, cuestionó el representante sindical.
Por ese motivo anunció que no participarán más en dichos encuentros para no ser instrumentados por medio de esta “operación embarre” de la consulta cosmética como la que se intentó hacer en su momento con el TLC.

PREOCUPACIONES

Óscar Rodríguez, representante de IPS para México y Centroamérica, dijo que uno de los aspectos preocupantes es que una vez finalizadas las rondas de negociación, el contenido de los acuerdos no pueden ser objeto de conocimiento público sino cinco años después, cuando no hay vuelta atrás.
“Alguna gente dice que eso es totalmente inviable desde el punto de vista jurídico y constitucional, pero ya sabemos cómo es que se cuecen las habas en nuestros países”, comentó.
Dijo que en Costa Rica han mandado información a los diputados, pero no ha habido respuesta, salvo Ligia Fallas (Frente Amplio) quien sí se interesó.
Al presidente Luis Guillermo Solís le pidieron por escrito que diera a conocer su postura respecto a si continuaba o no en este tipo de negociaciones, y el mandatario respondió que su gobierno tenía interés en proseguir con la negociación, y remitió al ministro de Comercio Exterior (Alexander Mora) para que proveyera la información.
“Luego de participar en varias consultas en el Comex y ver que los funcionarios no estaban al tanto de la información que nosotros si manejábamos, y viendo los riesgos de privatización de los servicios esenciales que conlleva el tratado, se le envió al mandatario otra misiva, pidiendo el retiro inmediato de la negociación, pero no hubo ninguna respuesta.”
“Es muy decepcionante porque es una posición muy incongruente con lo que don Luis Guillermo dijo en campaña política, se está desdiciendo de todo lo que dijo antes”, manifestó Rodríguez.
Por su parte Rodrigo López, secretario general de la Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería (ANPE), dijo que en relación con el TISA alarma mucho lo que tiene que ver con los servicios de salud, porque siendo este un nicho muy importante para las transnacionales, dentro del tratado van a querer atar los Estados a procesos de privatización, tomando en cuenta que los presupuestos de los Estados en salud van a tener que ir destinados también para contratar con esas empresas, y la infraestructura del Estado va a pasar a manos privadas.
Entre los inconvenientes del acuerdo señaló el que se permita a las empresas de otros países signatarios que inviertan aquí traer la mano de obra de su propio país, sin someterse a la legislación laboral nacional. Eso impediría al gobierno garantizar trabajo digno a los trabajadores inmigrantes y produciría un desplazamiento de la mano de obra nacional, que los empresarios van a calificar como más cara.
Se permiten diversas formas de contratación pero todas bajo una lógica de abaratamiento de costos, lo que implicará más ganancia para la transnacional y pobreza para el trabajador, aseguró.