La diputada oficialista Pilar Cisneros y el diputado Jonathan Acuña del Frente Amplio confirmaron varias mociones que buscan evitar que el proyecto que se discute en plenario para sacar al país de la lista gris de la Unión Europea (UE) exima de impuestos a las corporaciones que se llevan al extranjero las ganancias obtenidas en Costa Rica y obtienen rentas pasivas.
Cisneros indicó a UNIVERSIDAD que la aprobación de alguna de estas mociones evitaría el veto anunciado por el ministro de Hacienda, Nogui Acosta. También, indicó que no se ha logrado un acuerdo aún con las otras fracciones respecto las mociones.
“Nosotros creemos que toda empresa que genera sus recursos aquí y que invierte en el extranjero para generar renta pasiva debe pagar impuestos”, dijo la diputada sobre las mociones.
Acosta anunció que el Gobierno vetaría el proyecto de ley en discusión porque impide a la Dirección de Tributación cobrar impuestos a empresas y personas que obtienen ganancias en el exterior con dinero generado en Costa Rica.
Colocar ganancias en paraísos fiscales es uno de los mecanismos que grandes empresas utilizan para evadir y eludir impuestos.
Los mecanismos de elusión y evasión fiscal en Costa Rica le permitieron a las corporaciones sacar ₡3,7 billones entre el 2015 y el 2019, lo que convierte al país en el segundo de América Latina con más pérdida de impuestos por escape de capitales, según un estudio mundial de investigadores de la Universidad de Copenhague, California y Berkeley.
Las mociones propuestas por el diputado Acuña, confirmadas con Cisneros, revierten los cambios en la Ley de Impuesto sobre la Renta que legalizarían la práctica de llevarse las ganancias fuera del país para obtener rentas pasivas libres de impuestos o con pocos, frecuentemente colocadas en paraísos fiscales.
Actualmente, indicó Acuña, la ley y la jurisprudencia determina que estas empresas tienen que pagar impuestos por las ganancias que obtienen en el extranjero con capital vinculado a actividad económica en Costa Rica.
El diputado asegura que “con el texto actual utilizan la necesidad de hacer reformas para salir de esa lista como un vehículo para venir a modificar esas reglas y hacer que esas grandes empresas, por ejemplo, bancos dejen de pagar impuestos por las rentas que obtienen en el exterior derivadas de sus operaciones en territorio nacional”.
La Unión Europea confirmó, en cartas dirigidas al Ministerio de Hacienda y en la comparecencia de sus representantes ante la comisión que analizó la propuesta, que de reformar la ley de acuerdo a la interpretación de la Sala I y Sala Constitucional era una de las formas en las que otros países habían logrado salir de la lista.
Sin embargo, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) se opone a esta interpretación y otras fracciones, como la del Partido Liberal Progresista (PLP), también han manifestado su oposición a la interpretación de la Sala. El proyecto en discusión fue propuesto por la socialcristiana Daniela Rojas y también cuenta con el apoyo de Liberación Nacional (PLN).
La propuesta de Rojas tampoco fue de recibo para 19 organizaciones civiles que suman 124 mil afiliados, opuestas a la reforma, ya que aseguran que aumentará la desigualdad en Costa Rica. El Fondo Monetario Internacional (FMI) indicó que comparte preocupaciones con estas organizaciones y aseguró que “aún hay espacio para desarrollar un sistema tributario más equitativo y eficiente en Costa Rica”.
