A pesar de que el Gobierno certificó un cronograma para construir una política de seguridad ciudadana, luego de que la Contraloría ordenara en diciembre del 2022 su elaboración ante el vacío en esa materia, ahora el Ministerio de Justicia y Paz se distancia de la propuesta que se envió al ente contralor el pasado 28 de abril y se ratificó mediante el primer informe de avances, apenas el pasado 30 de agosto.
La Contraloría dispuso en el informe DFOE-GOB-IF-0017-2022 que el ministro de Justicia y Paz Gerald Campos, como rector del Gobierno en Seguridad, debía remitir un cronograma sobre la construcción de esa política en abril del 2023, y certificar que se había elaborado a más tardar en agosto del 2024.
UNIVERSIDAD consultó al Ministerio de Justicia y Paz sobre los avances en el cronograma, pero no hubo respuesta, por lo que se publicó la nota: “Gobierno alista política de seguridad para 2024, obligado por la Contraloría” en la edición del 11 de octubre. Al día siguiente, prensa de Justicia y Paz remitió una respuesta a la consulta, en la que indican que “la política la estaba trabajando el anterior Ministro de Seguridad (Jorge Torres), con quien se elaboró un cronograma y cuyos insumos fueron remitidos a la Contraloría”.
“Tras el cambio de mando en el Ministerio de Seguridad, el nuevo Ministro (Mario Zamora) retomó el tema y se encuentra realizando lo necesario en la elaboración de la política, para lo cual sostiene reuniones con la Contraloría”.
Sin embargo, tras consultar a la Contraloría, se constató que luego de que Campos certificó el cronograma de seguridad, la administración del presidente Chaves no ha indicado formalmente ningún ajuste en el cronograma.
Ello quiere decir que el documento del cronograma que se remitió es el que sigue vigente, ya que fue la respuesta oficial y certificada a una disposición de la Contraloría, y con base en ello el ente fiscalizador debe realizar el seguimiento. Incluso el pasado 30 de agosto Justicia remitió el primer informe de avance a área de seguimiento de disposiciones de la Contraloría, casi cuatro meses después de que Zamora hubiera asumido el cargo de ministro de Seguridad.
En ese primer informe se indicaron acciones que se ejecutaron entre el Ministerio de Justicia y Seguridad.
Empero, en el cronograma se establecieron una serie de talleres especializados con gremios y sectores, académicos, instituciones de seguridad, expertos internacionales y autoridades locales (alcaldes).
Los compromisos y las funciones de los participantes se definirían mediante un decreto, y se deberían elaborar instrumentos de consulta a la ciudadanía, además de diez diagnósticos sobre diversos elementos relacionados con la seguridad, desde tendencias de crimen al sistema carcelario, desde factores que alteran la convivencia a desafíos en materias como cibercrimen, migración y riesgos emergentes.
No se identificó evidencia de algún avance en estas acciones, ni fue posible conversar al respecto con el ministro Campos, que las remitió.
De momento, la Contraloría confirmó que las autoridades de Seguridad deberán remitir los avances sobre el avance de este cronograma el 15 de diciembre y el 30 de abril del 2024, conforme lo dispuesto por el ente fiscalizador, y certificar la política de seguridad para agosto del 2024.
Al respecto, Justicia y Paz indicó que “nos encontramos dentro de los plazos que la Contraloría brindó a este Gobierno para cumplir con ese cometido”, obviando que la disposición del ente fiscalizador no se limitaba a tener una política, sino que exigía un cronograma certificado.
