El Ministerio de Seguridad Pública reconoció este mediodía que un jefe policial de la Fuerza Pública fue quien llamó a la Fiscalía General de la República, en la mañana de este lunes, para manejar por la vía judicial, incluso penal, el abordaje de un bloqueo de vías que ejecutaba un grupo de vecinos de Hatillo por faltantes de agua en el distrito josefino.
Aunque el Gobierno insiste en haber recibido una supuesta orden judicial para detener a nueve dirigentes de la protesta, lo cual contradijo este mismo miércoles el Ministerio Público, el reconocimiento de la gestión legal se evidencia en un oficio distribuido a la prensa y firmado por el director regional de la Fuerza Pública en San José, Rodrigo Alfaro.
“Ante los hechos reportados por la Delegación Policial de Hatillo a la Dirección Regional de que se estaba desarrollando un bloqueo total de la vía por un aproximado de 30 vecinos(as), exigiendo el servicio de agua potable que no habían tenido acceso los días sábado y domingo, procedí a contactar vía telefónica al Licenciado Álvaro Montoya Martínez, Fiscal Adjunto del Primer Circuito Judicial de San José”, dice el informe de Alfaro a Marlon Cubillo, director de la Fuerza Pública. Esa llamada fue el lunes poco después de las 7:30 a.m.
“Procedí a explicarle los antecedentes y todas las gestiones de coordinación que en los últimos meses la Fuerza Pública ha realizado entre los vecinos y las autoridades del AYA (Acueductos y Alcantarillados) y que precisamente en razón de esto, las autoridades de esa institución han atendido en reuniones en la Escuela Manuel Belgrano de Hatillo 1, en el sitio donde se han presentado los bloqueos con anterioridad y han realizado visitas a las viviendas de manera aleatoria por diferentes zonas de los Hatillos para conocer la realidad y buscar una solución a la problemática del faltante de agua”, añade el jefe policial.
Hasta aquí la versión del Poder Ejecutivo coincide con la que dio el Ministerio Público, que reportó que fue el jefe policial quien en la mañana del lunes decidió llamar al fiscal Álvaro Montoya, quien antes no había tenido conocimiento de las protestas en Hatillo. Esto es judicializar, lo que el Diccionario de la Real Academia define como “llevar por la vía judicial un asunto que podría conducirse por otra vía, generalmente política”.
“Este último funcionario (Rodrigo Alfaro) indicó al fiscal adjunto que se estaban presentando bloqueos en el sector de Hatillo”, reafirmó el órgano judicial antes de agregar información con la que descarta orden de captura alguna: “consultó sobre la posibilidad de detener a esas personas con el fin de presentarlas en la Fiscalía de Flagrancia, a lo que el fiscal Montoya respondió que sí era posible”.
Este es el punto que rebate el Ministerio de Seguridad y su Fuerza Pública, pues aún hoy sostienen que sí hubo una orden. “Montoya Martínez me indica que la acción que están desarrollando los vecinos en ese momento (bloqueo) es un delito, acto seguido me indica que proceda a identificar a las personas que lideran el movimiento social, les indique que están cometiendo delito y les solicite habiliten la vía por completo inmediatamente. En caso de no atender la indicación proceda con la detención de estos y los presente en la Fiscalía de Flagrancia del Primer Circuito Judicial de San José”.
Sin embargo, por la noche el Tribunal de Flagrancia rechazó tener competencia para este caso e hizo que el expediente sea tramitado en la Fiscalía de Hatillo, informó el Ministerio Público.
El ministro de Seguridad Mario Zamora emitió un video este jueves en el cual cataloga como “información falsa” la versión del Ministerio Público, un día después de haber acompañado al presidente Rodrigo Chaves a divulgar su justificación sobre las detenciones de seis hombres y tres mujeres por supuestamente ser líderes de la protesta que incluyó bloqueo de la carretera. El mandatario habló de la supuesta orden judicial en una respuesta con alusiones personales y burlas al periodista de Interferencia de la UCR, quien le hizo la consulta en público sobre por qué detener dirigentes del movimiento de vecinos que luchan por acceso al agua.
Consultado sobre el caso, el penalista Ewald Acuña dijo que es usual que la Fuerza Pública actúe en “dirección funcional” con la Fiscalía, pero no se puede interpretar como una “orden judicial”. “El fiscal no está en el sitio de los hechos, entonces lo que dice al jefe policial es que en ese escenario sí se puede hacer una detención, pero no es una orden, de ninguna manera”, comentó.
También Francisco Dall’Anese, penalista y ex fiscal general de la República, dijo que son usuales las consultas con los fiscales, pero ello no conlleva una instrucción judicial. “Eso no significa que el fiscal esté operando nada. De hecho el fiscal no se puede involucrar porque la información que le den puede ser falsa o sesgada. Para que sea una orden debe constar por escrito y existir ya un expediente”.
