Este 18 de abril concluyó un periodo de dos semanas -incluido el parón de Semana Santa- en que el Gobierno sacó a consulta pública dos propuestas de ley tendientes a facilitar el acceso de la ciudadanía a la información de carácter público, así como a una mayor protección al ejercicio del periodismo.
Se trata de los proyectos de Ley de Acceso a la Información Pública y Ley de Libertad de Expresión y Prensa.
En el primer caso, se establece una lista no cerrada de información que las autoridades públicas deben poner a disposición de la ciudadanía de manera proactiva en sus sitios web, tales como su marco normativo, planes y presupuestos institucionales o costos de viajes o de representación.
Además, impone a la Defensoría de los Habitantes la fiscalización del cumplimiento institucional de la apertura informativa, al tiempo que establece que “toda institución deberá contar con una Oficialía de Acceso a la Información”, función que sería asumida por la Contraloría de Servicios de cada institución.
Por otra parte, el proyecto de libertad de expresión y prensa consiste en una serie de reformas a los códigos Penal, Procesal Penal y de Trabajo, con el fin de establecer mayores garantías al trabajo periodístico.
Por ejemplo, reforma el artículo 151 del Código Penal -que establece cuáles casos no son punibles como ofensas al honor-, e introduce nuevas consideraciones, como que la imputación se refiera a hechos de interés público.
Además, establece que no será punible la publicación o reproducción de supuestas ofensas al honor “cuando se trate de la publicación o la reproducción de informaciones o juicios de valor sobre hechos de interés público ofensivas al honor, vertidas por medios de comunicación colectiva, por agencias de noticias, por autoridades públicas, o por particulares con conocimiento autorizado de los hechos; siempre que la publicación indique de cuál de estos proviene la información”.
También adiciona un inciso al artículo 31 del Código Procesal Penal, que tiene que ver con los plazos de prescripción de la acción penal. Establece que cuando se trate de delitos contra el honor, la causa prescribiría al cabo de un año.
Destaca la reforma al artículo 206 del Código Procesal Penal, en la que incluye a “quienes ejerzan el periodismo” entre quienes deben abstenerse de revelar secretos que les hayan llegado en razón de su trabajo, como médicos, abogados o curas. Establece específicamente que “quienes ejerzan el periodismo no tendrán la obligación de revelar la fuente de una información obtenida en el ejercicio de sus funciones”.
También adiciona un artículo 114 al Código de Trabajo para establecer una cláusula de conciencia “en todo contrato de trabajo de quienes ejerzan el periodismo”.
Esa cláusula consiste “en la protección que tendrán quienes ejerzan el periodismo de no ser obligados a realizar trabajos contrarios a su conciencia o a normas éticas generalmente aceptadas en el ejercicio de su profesión, y a no sufrir sanciones por parte de los directores o patronos a causa de sus opiniones o informaciones en el desempeño profesional”.
Mauricio Herrera, ministro de Comunicación, destacó precisamente esas reformas como elementos nuevos en la legislación costarricense aportados por el proyecto y subrayó puntualmente la exclusión de delito.
Cabe recordar que el propio Herrera fue protagonista de un importante caso de delito contra el honor, cuando acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ganó un juicio tras haber sido condenado penalmente por publicar información de medios belgas sobre un representante diplomático costarricense.
Sobre el proyecto de acceso a la información, Herrera llamó la atención de que el país ha enfrentado la discusión sobre la conveniencia de que el derecho de acceso a información debe ser tutelado por una ley o si se mantiene bajo la jurisprudencia “muy sólida y rica” de la Sala Constitucional.
“La mayoría de naciones se han decantado por una ley de acceso a información. Costa Rica ha estado en retaguardia de este proceso y consideramos que es oportuno y necesario para el país avanzar a una ley de acceso”, apuntó.
Justificó ello basado en que, a pesar de que la Sala Constitucional ha generado esa jurisprudencia, “la verdad es que en oficinas públicas sigue imperando cultura de opacidad, básicamente porque para los funcionarios es difícil operacionalizar una cantidad de sentencias de manera que sea fácil tomar decisiones en el día a día de las consultas de la gente”.
El funcionario apuntó que este proyecto tiene tres pilares fundamentales. En primer lugar, la obligación de que las dependencias públicas ofrezcan la información de manera proactiva, y destacó que no se trata de una lista cerrada.
El segundo pilar es que establece un “procedimiento administrativo rápido para evacuar consultas, sin perjuicio de ir a la Sala Constitucional”. En tercer lugar, el proyecto ofrece una síntesis de las excepciones o de cuál información es restringida de manera legítima. “Eso es importante porque ya la Sala ha establecido un conjunto de restricciones legítimas”, acotó.
“NORMAS DESAGREGADAS”
Estas propuestas, sin embargo, no han sido recibidas con unánime optimismo. Martín Chinchilla, presidente del Colegio de Periodistas, consideró ambas propuestas como positivas, sobre todo la iniciativa de libertad de expresión y prensa. “Se da un resguardo a la labor del comunicador y de alguna manera respalda al periodista ante abusos de poder y coacción, por ejemplo cuando se habla de la cláusula de conciencia”, observó.
Sin embargo, dijo tener observaciones sobre la propuesta de acceso a la información. Concretamente se refirió a la responsabilidad asignada a la Defensoría de los Habitantes de fiscalizar el cumplimiento de las instituciones, pues dijo desconocer si esa institución tiene la capacidad necesaria y si está anuente a ello.
Al mismo tiempo cuestionó el régimen de excepciones, es decir, la negación de la información que según la propuesta se puede dar cuando se trate de un secreto de Estado, de procesos en relaciones internacionales y de políticas monetarias y fiscales.
“Si no hay una ley especial sobre el secreto de Estado, ¿cómo se regula? Al no haber ley al respecto puede quedar a la libre. Todo podría ser negado aduciendo que es secreto de Estado”, criticó.
Chinchilla además expresó resquemor porque, de acuerdo con la propuesta, los procesos de solicitud de información se pueden burocratizar, al tiempo que criticó el hecho de que el proceso de consulta se haya visto atravesado por Semana Santa.
Por su parte la abogada y periodista Giselle Boza destacó, en primer lugar, que para el país es un tema pendiente contar con un marco jurídico “más concreto” que garantice acceso a la información de órganos públicos, sin restricciones, a toda la ciudadanía, “en primera instancia la iniciativa es valiosa”, señaló.
Boza -quien es directora del Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública (Proledi) de la UCR- llamó la atención sobre el hecho de que en Costa Rica se dan violaciones al derecho de acceso a la información “al punto que es recurrente el amparo ante la Sala Constitucional; es necesaria la ley de acceso a información pública”.
Sin embargo, llamó a “tener cuidado” con elementos como las excepciones a ese derecho. “Me preocupa que Costa Rica no tiene regulación expresa en materia de secreto de Estado, cada gobierno puede interpretarlo como quiera”.
La especialista se mostró más crítica con el proyecto de Ley de Libertad de Expresión y Prensa. Si bien reconoce que las reformas a los códigos Penal, Procesal Penal y de Trabajo buscan garantizar mejores condiciones al periodismo, enfatizó que “el tema de desafíos de libertad de expresión y prensa en Costa Rica es amplio y no lo toca el proyecto”.
Boza calificó el título de la iniciativa como “pretencioso” y aseveró que, si lleva ese nombre, debería atender mayores desafíos del modelo vigente en Costa Rica en materia de medios, “como garantizar que el ejercicio de libertad de expresión se dé en condiciones de igualdad y no discriminación, pasa por revisar procesos de concentración de propiedad y control de medios”.
De manera enfática, Boza criticó la iniciativa porque, según su criterio, no parte de un marco integral que considere los mecanismos que debe tener el Estado en una sociedad democrática para garantizar pluralidad y diversidad en medios.
Añadió que el proyecto “introduce normas muy desagregadas y desarticuladas unas con otras, no le asigna al Estado ningún papel para fortalecer los derechos. Es un proyecto que básicamente atiende a una demanda de algunos sectores de periodistas pero no a una visión ciudadana de libertad de expresión”.
