Pese a que es una obligación del Gobierno financiar el programa de asegurados por el Estado, en los últimos dos años la administración del presidente Rodrigo Chaves no ha dado ni un colón a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para este fin.
Así se desprende del oficio GF-DCE-0198-2023–GF-DCE-0284-2023 emitido por el director de Coberturas Especiales, Andrey Sánchez, y ratificado por el director de Presupuesto, Sergio Gómez y el gerente financiero, Gustavo Picado, en la sesión de Junta Directiva del jueves 15 de febrero 2024, donde se expuso la liquidación presupuestaria del Seguro de Salud con corte al 31 de diciembre 2023.
De acuerdo con la información del Área de Coberturas del Estado, para el año 2022 el costo total del programa fue de ₡111.601 millones; sin embargo, el monto transferido por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) fue de ₡0, generándose así un déficit presupuestario de un 100%.
La misma situación se repitió en 2023, cuando el financiamiento del programa ascendió a ₡126.249 millones y el Fodesaf tampoco transfirió ni un solo colón. Durante ese mismo período, la presupuestación del Fodesaf fue también menor a la requerida por el programa.
“El seguro por cuenta del Estado, que es para personas en pobreza y pobreza extrema, cuando la CCSS le manda la información al Ministerio de Hacienda para que formule el presupuesto, le envía una cifra que es de alrededor de ₡120.000 millones. En años anteriores, Hacienda tomaba los ₡120.000 millones, pero solo presupuestaba en el presupuesto de la República ₡37.000 millones, o sea, solo una tercera parte”, señaló el gerente financiero de la CCSS, Gustavo Picado, el pasado 15 de febrero en sesión de Junta Directiva.
“Cuando el Gobierno presenta el presupuesto de la República, lo que dijo es que nos iba a dar una cifra que anda por alrededor de ₡256.000 millones para financiar programas especiales de aseguramiento, pero la realidad es que pasa el año y no transfieren eso, sino que transfieren apenas el 53%”, añadió el jerarca.
Este aseguramiento para la atención médica comprende un régimen de protección especial que otorga el Estado a través de la CCSS a aquellos núcleos familiares compuestos por personas que no tengan la obligación de cotizar en alguno de los regímenes contributivos que administra esta institución, y que se encuentren en condición de indigencia médica por no poder satisfacer sus necesidades básicas de vestuario, vivienda y salud debido a que tienen ingresos inferiores al salario mínimo.
Problema de larga data
El incumplimiento del compromiso del Estado con esta población ha sido una constante desde el 2015.
Según estadísticas de la Dirección de Coberturas Especiales, el costo del programa, durante este período fue de ₡775.220 millones; sin embargo, los diferentes gobiernos solo transfirieron ₡232.672 millones.
Esto representa un déficit presupuestario de un 70% por la falta de pago del Estado, es decir, -₡542.548 millones.
En ese mismo período (2015-2023), el Fodesaf realizó también una presupuestación inferior al costo real del programa, siendo esta de apenas ₡326.005 millones. Desde el 2017, incluso, el Fondo estableció como presupuesto anual la suma fija de ₡36.715 millones para estos asegurados.
“Estamos subvencionando al Gobierno la atención de los asegurados por cuenta del Estado. Entonces, no solamente la CCSS no está quebrada, sino que más bien está subvencionando la atención. Tras de cuernos palos”, dijo Loría el pasado 15 de febrero en sesión de Junta Directiva, recordando la deuda del Estado con la CCSS.
Según datos de la CCSS, al 30 de noviembre anterior, la deuda estatal —que incluye el programa de asegurados por el Estado— ascendía a ₡3.6 billones, de los cuales ₡2,97 billones corresponden al Seguro de Salud, y ₡0,64 millones al Seguro de Pensiones.
Panorama 2024
Lejos de mejorar, el panorama de estos asegurados para el año 2024 no es para nada alentador. El Ministerio de Hacienda presupuestó únicamente ₡1.000 millones de los ₡120.000 millones que cuesta este programa, indicó Picado a los directivos.
Todo esto genera mayor incertidumbre a más de 150.000 núcleos familiares que se encuentran protegidos por este programa.
“La disminución presupuestaria podría afectar la capacidad del programa “Asegurados por el Estado” para brindar una atención adecuada a las personas indigentes, ya que se reduce drásticamente el monto disponible para cubrir los cargos asociados. Esto podría traducirse en limitaciones en los servicios de salud y en la atención social proporcionada a esta población vulnerable”, se lee en un informe de Auditoría de Carácter Especial, del 11 de diciembre del 2023.
En el informe, la Auditoría señaló también que existe una clara falta de interés por parte del Fodesaf y el Ministerio de Hacienda para saldar las sumas adeudadas a la CCSS y así garantizar el financiamiento del programa.
“Es imperativo que las autoridades correspondientes revisen de manera urgente esta situación y trabajen en la resolución de los obstáculos que impiden la negociación y el cumplimiento de las obligaciones financieras”, insistieron.
