El Gobierno advirtió este lunes que no descarta sanciones de parte países de la Unión Europea por la inclusión de Costa Rica en la “lista negra” de naciones no cooperantes en materia fiscal, mientras avanza con un proyecto de ley que presentaría en marzo para corregir el régimen de impuestos sobre rentas pasivas extraterritoriales y evitar perjuicios a la inversión extranjera.
Mediante un comunicado de prensa, la Presidencia de la República confirmó Costa Rica ingresará a la lista a partir de mañana 14 de febrero, como se determinó en votación de un consejo formado por ministros de finanzas de los países miembros de la UE, debido al incumplimiento costarricense de hacer las reformas legales antes del 31 de diciembre pasado.
En el comunicado el presidente Rodrigo Chaves culpa a la administración anterior porque, según el documento, el mandatario Carlos Alvarado había prometido impulsar una reforma de ley que no logró concretar y que tampoco notificó a las nuevas autoridades.
“Según los lineamientos de la Unión Europea, las rentas pasivas que una persona o empresa genere en el extranjero deberían estar gravadas en Costa Rica, para así evitar que se dé una competencia desleal entre los regímenes tributarios de los países y que existan rentas libres de imposición”, dice el comunicado.
Eso fue lo que no se materializó antes de que comenzara el 2023, a pesar de que desde agosto el nuevo gobierno intentó convencer a las autoridades europeas de la necesidad de extender el plazo, según este comunicado.
“La posición del ente internacional sería contundente: Mientras no se enmiende el régimen de rentas pasivas extraterritoriales por ley, Costa Rica se mantendría en la lista negra”, expresa el comunicado antes de advertir que “no se puede asegurar que se evitarán las sanciones por parte de todos los Estados miembros de la UE”.
Sin embargo, el Gobierno asegura mantener los esfuerzos con conversaciones directas a las autoridades europeas y acelerando la confección del proyecto de ley en marzo.
“El compromiso reiterado por el actual Gobierno ante la UE y los Estados miembros evitaría que se apliquen sanciones automáticas que perjudiquen al país y la inversión de capital europeo ante el inminente ingreso de Costa Rica a la lista negra. Así mismo, las autoridades del gobierno trabajarán de cerca con el Código de Conducta para establecer un cronograma y un plan de acción que le permita al país salir de la lista en el próximo mes de octubre”, añade Presidencia.
Según el reporte de la agencia Reuters sobre la recategorización de Costa Rica, los países que figuran en esa lista pueden sufrir un daño en su reputación, un mayor escrutinio en sus transacciones financieras y el peligro de perder fondos de la UE.
