El Gobierno luce desbordado por la situación en el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (A y A), y los conflictos generados por la contaminación de agua han hecho más visible los problemas para la gestión de esta entidad.
El despido del presidente ejecutivo Alejandro Guillén realizado por el presidente Rodrigo Chaves para “sentar responsabilidades políticas” por la situación presentada con el agua contaminada en Goicoechea, Moravia, Tibás y San José aumentó el carrusel de despidos que se vive en los jerarcas: desde el 2020, la entidad ha tenido cinco presidentes ejecutivos. La duración promedio es menor al año: en 2020 salió Yamileth Astorga; en 2022 Tomás Martínez, Roberto Gutiérrez fue destituido por Chaves en el 2023, y ahora Guillén, también cesado, dio pasa a Juan Manuel Quesada, quien viene de la Presidencia Ejecutiva de RECOPE). Asimismo, la entidad ha tenido 5 gerentes desde el 2017, evidenciando la poca estabilidad de las altas direcciones.
La rectoría también está en una encrucijada. El ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, la solicitó en febrero del 2023, luego de declaraciones en las que indicó que el A y A “estaba a la libre”. Casi un año después, lo que puede mostrar son dos intentos de reestructuración que no se han concretado.
El 3 de mayo del 2023 la Junta Directiva aprobó una reforma al A y A, pero fue rechazada por el MOPT el 27 de junio. Posteriormente, el 2 de octubre, la Junta Directiva volvió a aprobar una nueva propuesta, que está en fase de análisis, pero que ha recibido fuerte artillería de los sindicatos.
Mario Rodríguez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de A y A (SITRAA) manifestó que la aprobación de la reforma la realizó la Junta Directiva sin conocimiento técnico ni de costos, y que por eso fue rechazada por el mismo MOPT. Por su parte Edwin Marín, presidente de la seccional de ANEP en A y A, aseguró que la reestructuración se puso por objetivo reducir el personal, minimizar la infraestructura y privatizar el A y A. Ambos advierten que la actual crisis del agua contaminada pone en entredicho los supuestos centrales de la reestructuración, en el sentido de que el énfasis de la reforma debe ser una estructura verticalista y eliminar posibles duplicidades, en lugar de mejorar los servicios.
Adicionalmente, el pasado 25 de abril el propio presidente Chaves anunció, en una carta a la contralora Marta Acosta, que el Gobierno estaba interviniendo el A y A. Aseguró que se estaban realizando “múltiples acciones coordinadas desde la Presidencia de la República, la Presidencia Ejecutiva y la Junta Directiva del A y A, su auditoría interna, el ministerio de Planificación y el MOPT, como ente rector”.
Sin embargo, a los nueve meses de ese anuncio, las declaraciones de esta semana sugieren que ha sido necesario “intervenir la intervención”, al conformar un comité para apoyar al nuevo presidente ejecutivo, con los ministerios de Salud, Ambiente y Energía, Planificación, Vivienda y Asentamientos Humanos y por supuesto, el MOPT, para buscar soluciones a los diferentes problemas que enfrenta el instituto.
Al respecto, Rodríguez considera que el anuncio de la primera intervención no pasó de una declaración, porque el Gobierno no ha logrado las justificaciones jurídicas para actuar a derecho en la institución. Por su parte, Marín considera que sí se han presentado intervenciones, pero orientadas a debilitar la institución.
“Pueden realizar cambios de presidentes ejecutivos como si fuera de ropa, pero no están actuando en los verdaderos problemas, las personas que no tienen capacidad o no asumen la responsabilidad por decisiones que se deben tomar”, opinó Marín, quien ejemplificó que desde hace seis años se derrumbó el ala norte en la Planta de Guadalupe, lo que redujo su desempeño en un 50%, y en todos estos años, no se ha reparado este problema. “Eso hace que se tengan que realizar racionamientos en Guadalupe, en Moravia. Las autoridades no han podido pedir el presupuesto para corregir esto, pero si para tener un edificio administrativo”, dijo.
Por su parte, Rodríguez también alertó que tanto Guillén como Quesada son ejemplos de jerarcas que llegan a A y A con escaso conocimiento de la institución. “Para nosotros, Quesada tiene experiencia en temas legales, no es temas de agua. Eso es una limitante”, manifestó.
Ahora, con el incendio por las fallas evidenciadas por el agua contaminada, el gobierno debe intentar, una vez más, poner la entidad a flote. Pero no es sencillo. Para Marín, se debería replantear la reestructuración, para pensar en mejores servicios, repensar el Laboratorio de Aguas para que pueda controlar la calidad del agua y mejorar los sistemas de distribución para población, situaciones invisibles en la actual propuesta de reestructuración.
Por su parte Rodríguez cuestiona que las acciones están provocando un congestionamiento en la toma de decisiones. “Se cambió al rector, ahora se habla de un comité de apoyo que pareciera asumir las funciones de rectoría. Entonces tenemos una rectoría con varios ministros, una Junta Directiva, una Presidencia Ejecutiva y una Gerencia… ¿quién toma las decisiones? Hay muchos caciques, cuando la población necesita urgentemente las soluciones”, manifestó.
