El Gobierno se propuso fuertes límites a la compra de bienes y servicios, al gasto en remuneraciones y a las transferencias a terceros, como parte del propósito de austeridad anunciado en el primer día de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Mediante un decreto que se aplicaría entre este 2021 y el 2025, el presidente Carlos Alvarado firmó un decreto cuyo objetivo final es ayudar a reducir la deuda pública y buscar un equilibrio fiscal, según el comunicado de prensa.
Desde este año, las entidades públicas (menos Asamblea Legislativa, Poder Judicial y Tribunal de Elecciones) deben reducir 7,5% anualmente la partida de adquisición de bienes y servicios con respecto al anterior, hasta alcanzar en el 2025 un límite máximo de 67,7% de lo ejecutado durante el 2020, explica el comunicado presidencial.
En servicios especiales, suplencias y remuneraciones le disminución deberá ser 8,5% cada año hasta que en 2025 se alcance el límite superior de 64,1% de lo ejecutado en el 2020.
También el decreto pone tope al crecimiento de las transferencias corrientes de 0,5% cada año con respecto al anterior, de manera que en 2025 no supere en más de 2,53% lo invertido en el 2020.
Además, la Presidencia presentó un proyecto de ley a los diputados con la intención de congelar plazas vacantes entre 2021 y 2025 en ministerios, órganos desconcentrados, dependencias adscritas y demás órganos del Poder Ejecutivo. Las excepciones son las plazas policiales, personal de la Comisión de Emergencias, plazas de trabajadores con capacidades especiales, el 20% de las plazas del Ministerio de Educación, 50% de plazas en el Ministerio de Salud y el 40% a guardaparques, agrega el comunicado.
Otro proyecto de ley reforma la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas para congelar el monto de las pensiones superiores ₡450.200 con cargo al presupuesto nacional, lo que no afecta a las pensiones del IVM de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
