Funcionarios del Viceministerio de la Presidencia pretenden visitar todos los territorios indígenas para trabajar en conjunto con esas poblaciones la construcción de un mecanismo de consulta.
Mediante Directriz Ejecutiva N.° 042-MP, firmada el 4 de marzo por el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, y el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, el Gobierno se compromete a establecer un proceso de diálogo sobre medidas legislativas o administrativas que afecten directamente a la población indígena del país.
Así lo presentan William Vega, abogado, y Geyner Blanco, relacionista internacional, ambos funcionarios del Viceministerio de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano.
Actualmente, los funcionarios del Viceministerio se encuentran en la etapa de “consulta sobre la consulta”, que busca dialogar con los miembros de los 24 territorios indígenas sobre cómo y a quién consultarles sobre los proyectos, según las particularidades de cada uno.
Hasta el momento, Vega y Blanco han visitado Matambú, Malecu, Zapatón, por lo que faltan 21 territorios de informar sobre la directriz y el plan del mecanismo, que consta de cinco etapas: emisión de la directriz, talleres informativos con líderes, primera ronda de encuentros territoriales, segunda ronda de encuentros territoriales y un encuentro nacional donde se avale la documentación del mecanismo.
“Hay una disposición, de hecho es una demanda de los pueblos indígenas en diversos foros y a diversos organismos. Yo creo que sí hay una disposición, por lo menos en las tres comunidades que fuimos; evidentemente hay una agenda postergada por mucho tiempo y los territorios nos han manifestado que una manera de ver la buena fe es que el gobierno atienda ese faltante que ellos viven en el tema de salud, de educación”, explicó Geyner Blanco, quien pertenece al pueblo Malecu.
La construcción de este mecanismo de consulta es una acción de la administración Solís Rivera; con el fin de que el proyecto continúe a pesar de un cambio de Gobierno, se pretende crear un decreto para legalizar el procedimiento, que quedaría respaldado en la Constitución Política, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyos varios artículos mencionan la responsabilidad gubernamental por proteger los derechos de los pueblos indígenas.
Además de los compromisos internacionales, asegura William Vega, “la motivación un poco más global es la deuda histórica que existe con los pueblo indígenas y, principalmente, la incorporación de la visión indígena en la formulación de políticas públicas”.
Elides Rivera, de la organización de mujeres Mano de Tigre, por su parte, apunta que la construcción de este mecanismo surge de la necesidad expresada por el pueblo Térraba de ser consultado ante el proyecto hidroeléctrico Diquís, con lo cual el Gobierno inició un proceso de consulta sobre la consulta más allá de la relación única que tenían con las asociaciones de desarrollo. “Es un proceso nuevo para nosotros y para el Gobierno, pues es la primera vez que se da algo así”, explicó.
Para Rivera, es de sabios comprender que tienen una oportunidad para ejercer sus derechos en el país, como lo indica el artículo 6 del Convenio 169: “consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles a afectarles directamente”.
Esta comunidad está realizando talleres con la población para explicar el mecanismo de consulta, pues todos los grupos etarios deben conocerlo. Igualmente, los pueblos indígenas presentan la ventaja de toda la jurisprudencia internacional que ampara sus derechos, amplía Rivera.
Para esta indígena térraba, antes de que el mecanismo se convierta en una prioridad para el actual Gobierno en cuanto a tema indígena, debe haber un saneamiento del territorio, es decir, trabajar el tema de devolución de tierras, pues es prioritario para que otros proyectos se realicen bajo decisión únicamente indígena.
Participación fuera de los territorios
Casi un 50% de la población indígena del país vive lejos de sus territorios, sea por trabajo, estudio u otros factores. Con el fin de no excluirlos del proceso, la Universidad de Costa Rica (UCR) abrió un espacio para que indígenas residentes del Valle Central conocieran la propuesta.
Así, el pasado 7 de mayo, 40 indígenas, entre ellos varios estudiantes de universidades públicas y privadas, se hicieron presentes en un aula de la Escuela de Estudios Generales (en San Pedro), tras la invitación del proyecto “Tejiendo universidad”, de la Escuela de Antropología, que busca fortalecer el valor de la diversidad étnica y cultural en las universidades.
Tras participar en el diálogo con los funcionarios del Viceministerio de la Presidencia, UNIVERSIDAD conversó con algunos estudiantes para conocer su parecer sobre la propuesta.
Isabel Torres, estudiante de la Universidad Nacional, procedente de Bribri, Talamanca, opina que los territorios indígenas deben ser cautelosos con la implementación del mecanismo, pues “ahorita no nos están asegurando que realmente ese documento va a ser respaldado, que cada institución que entre a un territorio va a ser fiscalizado de que ese proceso se cumpla paso por paso. Entonces podrían venir muchos que van a agarrar ese documento a su conveniencia”, indica.
Además, aunque es necesario que se implemente un mecanismo de consulta, no toma en cuenta otras necesidades particulares. “Hay temas que deben ser abarcados antes de la consulta. Si no se trata cuidadosamente puede crear una división dentro del mismo territorio”.
Del mismo parecer es Jorge Morales, estudiante de la UCR que viene de Salitre, pues para él “sí es necesario un mecanismo para llevar el proceso de la consulta y que sea establecida por los miembros territorios, que al parecer es lo que se busca con esta consulta, lo que yo sí digo es que cada territorio tiene sus necesidades que son más urgentes que el mecanismo”.
Para Jorge, lo que sí tiene mucho de positivo el planteamiento es que implica un diálogo con toda la comunidad y no solamente con las Asociaciones de Desarrollo, como ha sido la práctica usual.
Si bien todos coinciden que el mecanismo de consulta solventaría vacíos en la relación gobierno-comunidades indígenas, es un proyecto que debe procurarse se mantenga en el futuro y se atienda a interrogantes como ¿cuál entidad gubernamental se haría responsable de la ejecución?, ¿cómo se financiaría la aplicación del mecanismo en cada comunidad?, ¿cómo se solucionarían posibles discrepancias en la toma de decisiones a nivel político dentro de los mismos territorios?
Igualmente, para Johnny Arias, encargado del proyecto Tejiendo universidad, la construcción de este mecanismo también debería funcionar para que que otros colectivos, grupos étnicos cultural u organizaciones comunales se lo apropien y lo vean como una experiencia para garantizar su propia participación política, pues “una comunidad campesina o un barrio en la ciudad debería tener la capacidad de expresarse a favor o en contra de medidas u acciones gubernamentales que puedan afectarles o beneficiarles”.
