El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) realizó una Mesa Técnica de Escucha en el Colegio de Abogados este lunes 6 de junio para recibir observaciones de organizaciones sociales sobre la próxima implementación de la ley de Empleo Público, pero no se tiene definido un mecanismo para negociar o para incorporar esas inquietudes en el proceso.
Representantes de ocho organizaciones sociales (Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, Asociación de Empleados Públicos, Sindicato Nacional de Enfermería, Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, Unión de Empleados de la CCSS, Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica, Sindicato de la Asociación Nacional de Educadores y Unión Nacional de Gobiernos Locales) acudieron al llamado y expusieron sus posiciones durante la mañana.
“El evento era para escuchar los argumentos, los planteamientos, las objeciones a la ley Marco de Empleo Público. Dejamos un documento, unas diez propuestas y ojalá nos llamen a una mesa de trabajo; comentó Albino Vargas, secretario general de la ANEP. Solo esa organización entregó un documento de más de 100 páginas.
Por su parte la ministra de Planificación Laura Fernández resaltó al final de la actividad su respeto por el diálogo, pero dejó claro que no se tiene previsto pasar de la escucha, a alguna fase de negociación en este tema. “La principal negociación ya se dió en el marco de la Asamblea Legislativa, yo lo que tengo es una ley aprobada. La parte que me corresponde, como jerarca de Mideplan, es la reglamentación y la implementación, y vamos a realizar varios ejercicios de escucha”, expresó.
Es esa dirección, declaró que está armando un plan de acción para la implementación de esta ley 9635 de Empleo Público, que se tiene previsto entre en vigencia en marzo del 2023. Comentó que, dentro de esa visión, estaban interesados en tener una sesión nutrida con organizaciones sociales, para tener claridad de aspectos en los que se puede “balancear la cancha” vía reglamentaria, y en qué partes se deben precisar aspectos que están generando dudas. “Me llevo gran material para estudiar, nos hicieron llegar inquietdes en debido proceso para los despidos, en negociación colectiva, lo podemos precisar en el reglamento, para que la implementación venga revestida de seguridad jurídica”, expresó.
No se tenía cuantificada la cantidad de observaciones que presentaron las organizaciones, ni se tiene un plazo estimado para dar una respuesta a las organizaciones, pero la jerarca afirmó que lo hará, dependiendo de la cantidad de insumos que terminen de recibir.
