La Ley de Empleo Público programada para entrar a regir en marzo ya es objeto de estudio para reformas legales, informaron este miércoles el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y la ministra de Planificación, Laura Fernández, por considerar que hay puntos que permiten el incumplimiento integral de la ley.
Los “puntos grises”, como los llamó Fernández, o “portillos”, como dijo Chaves, permitirían que ciertos gremios o instituciones se zafen de la obligatoriedad de obedecer la Ley que fue aprobada en la administración anterior en medio de una fuerte controversia y rechazo de gremios de trabajadores, como seguimiento de la reforma fiscal aprobada en 2018.
Según Chaves, la ley nueva no es de su agrado pero deberá cumplirse por ser parte de los esfuerzos para la estabilidad del país, lo cual implica la eliminación de esos puntos que aún permiten las inequidades entre instituciones. No precisó los artículos que estarían sujetos a esos cambios.
El anuncio se hizo en la conferencia de prensa de este miércoles, al comentar la publicación de la consulta pública del reglamento de la ley, el cual estará dos semanas a disposición de criterios de los distintos sectores sociales. Según Chaves, el reglamento pretende enmendar algunos de los puntos cuestionados, aunque después serán necesarios proyectos de reforma legal ante los actuales diputados.
Dentro de la reglamentación propuesta por el Ejecutivo se incluyó el salario escolar, entendido como el pago diferido de un ahorro anual de los trabajadores del estado que equivale al 8,33% de cada mes. Fernández dijo que se pensó incluir en el salario global un aumento de ese porcentaje al salario mensual, pero optaron finalmente por el pago diferido en cada enero, como ha sido hasta ahora.
“El salario escolar no es un regalo. No es un décimo cuarto salario. El salario escolar no es un bono. Es un salario diferido”, enfatizó la ministra Fernández, quien se ufanó de presentar la propuesta de reglamentación al acabar enero, en lugar de octubre, como estaba facultada. Esto, con el objetivo de que se aplique la ley de la manera completa cuando entre el plazo de vigencia.
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