Luego de que la Contraloría le señalara la ausencia de líneas de acción de corto, mediano y largo plazo en materia de seguridad ciudadana y le ordenara la elaboración de una política nacional en esta materia, el Gobierno de Rodrigo Chaves presentó un cronograma que, en principio, atiende la exigencia del ente fiscalizador de tener esta política para agosto de 2024
La disposición del ente contralor se presentó en diciembre de 2022, en el informe DFOE-IF-0017-2022, todavía antes de que la crisis de violencia, provocada por el aumento de los homicidios, convirtiera la seguridad en la principal preocupación de los costarricenses, según han reportado las encuestas.
UNIVERSIDAD quiso conversar sobre este tema con el ministro de Justicia, Gerald Campos, encargado de presentar tanto el cronograma como de un mecanismo para ordenar el Consejo del Sector de Seguridad, por su condición de ministro rector de esta área. Sin embargo, desde esta cartera solo respondieron que la consulta estaba “en trámite”.
Como en trámite se encuentra la construcción de la política de seguridad, a pesar de que ha transcurrido más de una tercera parte del actual Gobierno y el país enfrenta una crisis de violencia histórica que, en el 2022, desbordó la cantidad de homicidios en el país y, para el 2023, apunta a superarla en más de un 40%.
Empero, UNIVERSIDAD solicitó el cronograma a la Contraloría, que a diferencia de Justicia y Paz, si lo remitió, luego de considerar que, por ser parte del seguimiento a un informe de fiscalización, no tenía indicaciones de uso restringido.
La propuesta incluye la realización de un equipo interinstitucional, la realización de talleres especializados, diez diagnósticos y entrevistas con expertos, así como un lanzamiento formal, un decreto ejecutivo y una plataforma comunicativa virtual para la interacción con la ciudadanía (ver recuadro). No hay evidencia de que se haya concretado uno solo de estos elementos, a menos de que el cronograma apunte al año siguiente.
Desde el área de seguimiento de las disposiciones de la Contraloría se informó que el Gobierno presentó el cronograma en abril y un primer avance el pasado 30 de agosto, en el que informó de acciones entre los ministerios de Seguridad y Justicia. Deberán remitir al menos dos avances antes de certificar que se elaboró la política, en agosto del 2024.
Limitaciones a la vista
A pesar de no estar concluída, ya hay elementos de esta política que podrían limitar su alcance. El criminólogo Erick Villalba resaltó que el primer problema puede ser que no resulte integral, en el sentido de que no se incluyan a todos los que deberían participar en su construcción.
“Una política pública de seguridad debe tener una parte de prevención, con elementos para evitar las condiciones para que aparezcan acciones delictivas y, en ese sentido, llama la atención que no aparezcan los ministerios de Educación, Trabajo, Cultura, Deporte. La segunda parte, la represiva, es necesaria, pero no la única, y es en la que parecen concentrarse las propuestas no solo de este Gobierno, sino de varios anteriores”, expresó Villalba.
Es una advertencia que también expresa el exfiscal Francisco Dall´Anese, en el sentido de que el énfasis de las acciones desde el Gobierno parecen limitarse a las respuestas policiales. “La política de seguridad tiene que ver con la prevención, evitar los delitos, anticiparlos mediante acciones de largo plazo y la sanción, que ocurre cuando ya ocurren los delitos”, expresó.
Hay otros elementos que se deben considerar, como la necesidad de que se involucren diversos actores y sectores de la sociedad (algo que todavía no aparece en las acciones del Poder Ejecutivo, aunque está en el cronograma); especificar el financiamiento de las acciones para que no queden en declaraciones de buenas intenciones; y lograr una definición de largo plazo que rompa con los ciclos de gobiernos que quieren hacer borrón y cuenta nueva en la materia, impidiendo el desarrollo de procesos.
En ese sentido, solo en la presente administración se ha pasado por tres diferentes visiones: poca prioridad (reflejo del programa de Gobierno, en el que solo aparecían cinco propuestas generales), el primer enfoque del ministro Jorge Torres (Costa Rica Segura, centrado en combatir narcomenudeo) y el segundo enfoque, a partir de Mario Zamora (Costa Rica Segura Plus, enfocado en sicariato).
Villalba resaltó que es necesario lograr una política que trascienda estas variaciones, por lo que considera que se debe pensar en una ley o una política pública que trascienda los vaivenes de las gestiones.
Plan de Seguridad del Gobierno, en construcción
La Contraloría General de la República dispuso en el informe DFOE-IF-0017-2022 que el rector de Seguridad Ciudadana del Gobierno, el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, debía elaborar una Política Nacional de Seguridad Ciudadana para atender la inseguridad. Para ello debía enviar un cronograma el 28 de abril de 2023, certificar que la política se elaboró a más tardar el 30 de agosto de 2024, y certificar que se remitió al presidente Rodrigo Chaves, al 30 de setiembre de 2024.
Las siguientes son las fases que el Gobierno remitió a la Contraloría:
Planeación: plazo de enero a marzo. Incluye elaborar el documento metodológico para elaborar y ejecutar la política; realizar una mesa de trabajo con ministros y sectores involucrados; conformar el equipo técnico interinstitucional; emitir un decreto que define los compromisos y construir el logo de la política.
Diagnóstico sistémico: plazo de marzo a junio. Propone realizar un foro académico sobre desafíos de seguridad ciudadana; siete foros provinciales para el abordaje de desafíos; talleres especializados con los siguientes temas o sectores: jueces penales, OIJ y Fiscalía, alcaldes, instituciones de seguridad, fuerzas policiales, migración, guardacostas, asociaciones de desarrollo, asociaciones de víctimas, Comisión de Seguridad y Narcotráfico, jóvenes y estudiantes universitarios, gremios, académicos, ONGs, ICD, y entrevistas a expertos.
Se tiene previsto elaborar diez diagnósticos: del sistema de seguridad pública; de las tendencias del crimen; de una línea base de criminalidad; de la persecución penal y aplicación de la ley; de la prevención de la violencia; del sistema carcelario; de las fuerzas policiales; de las capacidades de gestión local de seguridad; de los factores que alteran la convivencia y de desafíos en cibercriminalidad; migración y riesgos emergentes.
También se debe crear una plataforma comunicativa virtual para los foros e interactuar con la ciudadanía.
Formulación: plazo a julio. Consiste en realizar una mesa de trabajo para socializar los hallazgos con instituciones y jerarcas; desarrollar talleres temáticos de los diagnósticos y talleres de formulación estratégica.
Elaboración de documento final: plazo de agosto a octubre: Incluye realizar una sesión técnica para definir la estructura del documento, los responsables de los capítulos y de la redacción.
Divulgación: plazo a noviembre. Planea realizar un foro de lanzamiento de la política nacional con otros foros con alcaldes, comunidades y asociaciones y presentarla en espacios televisivos y radiales.
Ejecución y validación: plazo entre 2024 y 2030. Incluye crear la instancia técnica de ejecución y evaluación de la política; elaborar una herramienta de evaluación con indicadores; desarrollar mesas de trabajo; y realizar el seguimiento y evaluación de su impacto.
