El gobierno de Rodrigo Chaves alista un decreto que revertiría el factor “salud de la madre” como motivo legal para la aplicación del aborto terapéutico y que aumentaría barreras para la real aplicación del derecho a la salud de las mujeres, denunció una de las integrantes de la comisión convocada por el Ministerio de Salud para analizar la norma técnica vigente desde 2019, Larissa Arroyo.
El borrador del nuevo decreto les fue presentado por el Ejecutivo el viernes pasado, por lo que podría ser enviado pronto para firma del Presidente y publicación en el diario oficial La Gaceta, con lo cual quedarían sin efecto las medidas impulsadas por el gobierno anterior para cumplir con normativa internacional. No hay aún confirmación oficial del Ministerio de Salud sobre la autenticidad del documento, aunque Arroyo asegura les fue entregado por un funcionario que trabaja como enlace entre ese Ministerio y el presidente Rodrigo Chaves.
El nuevo lineamiento modificaría la aplicación del artículo 121 del Código Penal, que ahora está así fijado: “No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y este no ha podido ser evitado por otros medios”.
La propuesta del Ejecutivo excluiría del reglamento de la ley la referencia a la salud de la madre, con lo cual reduciría la posibilidad de interrumpir el embarazo sólo a los casos cuando el criterio médico señale que la madre está en peligro de muerte; si sufre enfermedad grave o tiene riesgo de tenerla, igual quedaría obligada a continuar con el feto en el vientre.
El decreto emitido en 2019 después de varios años de discusión y de demandas de mujeres ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ponía las reglas para el procedimiento médico de aplicación del artículo 121, pero las autoridades actuales consideran que “resulta omiso en la tutela comprehensiva y eficaz que amerita la salud y la vida de ambas personas (madre y feto)”, según el borrador que preparan las autoridades de Salud y que fue publicado este mediodía por el medio Delfino.cr
“Por lo anterior, se hace necesario y oportuno dictar normativa pertinente que coadyuve en la atención médica materno-infantil, durante el embarazo, parto y post-parto, a favor de la madre, del nasciturus y del recién nacido, con el fin de tutelar, además, la situación en sí misma, los derechos de la mujer y del menor, en virtud de que toda persona goza de todos los derechos inherentes a la persona humana y de los específicos relacionados con su desarrollo”, se lee en el documento compartido.
La abogada Arroyo, representante legal de una mujer conocida como ‘Aurora’ que llevó su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), recordó que la comisión recomendó en noviembre no tocar la norma, a pesar de la intención del Poder Ejecutivo anunciada desde mayo, después de una reunión con obispos de la Iglesia Católica, y apoyada por bancadas conservadoras como la de Nueva República.
Arroyo indicó que el contenido del documento crea más confusión, relega el derecho de la mujer a la salud y utiliza numerosos conceptos y justificaciones sin suficiente fundamento jurisprudencial, aunque advirtió que desconoce si este documento, tal cual, es el que pretende poner en vigor el Gobierno.
“Desde que se aprobó la norma (finales del 2019), hubo seis solicitudes. De esas, se otorgaron dos casos. Si aún con la norma vigente hay barreras, imagínese con esto”, lamentó la abogada.
