El acuerdo que logró semanas atrás el Gobierno con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para pagarle ¢228.000 millones por el aseguramiento que otorgan el Código de la Niñez y la Adolescencia y otras leyes especiales a sectores vulnerables de la población, cubre una parte importante del adeudo estatal en ese rubro.
Queda por conciliar aún una porción menor de esa deuda, la mayor parte de la cual corresponde a vacunación, la que no llegaría a más de ¢7.000 millones, según estimó la Tesorera Nacional, Martha Cubillo.
Los equipos técnicos del Ministerio de Hacienda y la CCSS tendrán la responsabilidad de continuar durante un año más con el proceso de negociación en busca de poner al día estas obligaciones.
Pero aquí no acaban las cuentas que la Caja le tiene al Estado. Hay dos cobros importantes que se están dirimiendo actualmente en la vía contencioso administrativa.
Se trata del cobro por el traspaso de la atención primaria básica de salud que el Ministerio de Salud hizo a la CCSS en 1994.
Pasaron los años sin que las partes lograran conciliar el monto de esa deuda; la Caja llegó a cobrar ¢443.000 millones mientras que Hacienda estimaba una cifra menor, y la disputa se llevó al tribunal contencioso administrativo. Ahora el caso está pendiente de fallo en casación.
El otro asunto tiene que ver con una demanda que presentó el exdiputado José María Villalta, del Frente Amplio, y por la que el tribunal contencioso administrativo condenó el año pasado al Estado como responsable de pagar una suma aún no determinada por los fondos que el seguro de pensiones de la Caja dejó de percibir, debido a que durante diez años los gobiernos no emitieron el reglamento necesario para cobrar el aporte de las empresas estatales para dicho seguro, según lo ordenaba la ley de protección al trabajador del año 2000.
En alzada el tribunal determinó que la Caja no podía participar en el juicio como tercero interesado, sino que debía ser codemandado, por ser responsable de no haber presentado la propuesta de reglamentación para que Hacienda pudiera implementar el cobro a las empresas estatales.
PRÉSTAMO
Los ¢228.000 millones convenidos el gobierno los pagará a la Caja mediante un préstamo de $420 millones que otorgó el Banco Mundial, y que se destinará a desarrollar programas prioritarios y hospitales en la CCSS.
El empréstito, para pagar con la recaudación, deberá ser enviado a la Asamblea Legislativa para su aprobación
El acuerdo se suma al logrado el año pasado mediante el cual la Administración del presidente Luis Guillermo Solís pagó a la Caja ¢25.000 millones, cancelando la deuda acumulada que el Estado tenía con la seguridad social como patrono, no como Estado.
Ese fue el resultado de una conciliación de cuentas que tenían registradas ambas partes, y que incluyó tanto el principal como intereses moratorios, de modo que el Estado como patrono está al día con la Caja.
Este año lo que hay que conciliar son los cobros y los pagos del 2015, de tal forma que esas posibles diferencias no se acumulen, “porque ya estamos al día”, explicó la jerarca de la Tesorería Nacional.
El presidente Solís destacó, durante la firma del convenio el pasado 21 de abril, estas acciones como un hito dentro del compromiso de su gobierno con la seguridad social de los costarricenses.
La CCSS espera, en un plazo no mayor a seis años, fortalecer el primer nivel de atención, aumentar el número de cirugías ambulatorias que realiza y mejorar la satisfacción del usuario, gracias al desarrollo de un programa de proyectos institucionales prioritarios financiados a través del préstamo.
Entre otros proyectos, se espera construir los hospitales Max Peralta de Cartago, Manuel Mora Valverde de Golfito y el William Allen de Turrialba.
Los proyectos responden a los planteamientos del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Estratégico Institucional. Entre estos figuran la expansión de cirugías mayores, el programa de tamizaje para la prevención de cáncer de colon, la mejora de la calidad del control clínico de pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo II, el diseño e implementación del proyecto piloto para el modelo de redes integradas de salud, la extensión de la cobertura del expediente digital único en salud (EDUS) y otros.
El Ministerio de Hacienda, en su calidad de deudor, se compromete a asumir el pago del préstamo principal, intereses, comisiones y cualquier otro concepto, derivado del préstamo ante el Banco Mundial. La CCSS, por su parte, adquiere el compromiso de desarrollar todas las actividades y gestiones necesarias para cumplir con los indicadores de desembolso pactados.
“Al firmar este convenio, inyectamos recursos frescos a la Caja, pero también estamos consolidando los logros históricos y forjando el camino para que las actuales y futuras generaciones disfruten de un servicio de gran calidad en condiciones financieramente sostenibles”, dijo el vicepresidente y ministro de Hacienda, Helio Fallas.
Afirmó que este programa de fortalecimiento del seguro social tiene un costo sumamente favorable para la Hacienda Pública, y se estima que las condiciones financieras del préstamo permitirán obtener un ahorro entre $13,5 y $17 millones en relación con las tasas de interés del mercado.
Humberto López, Director del Banco Mundial para Centroamérica, observó que “Costa Rica está afrontando el impacto de la transición demográfica, que se puede ver reflejado en el envejecimiento de la población como resultado de la expansión y cobertura de los servicios de salud. Desde el Banco Mundial, aplaudimos la puesta en marcha de este Programa que trata de modernizar el sistema de salud para atender los nuevos retos sanitarios y, de esta manera, poder responder mejor a las expectativas de la población”.
La presidenta ejecutiva de la CCSS, María del Rocío Sáenz, destacó como un “hecho histórico para el país” el que las autoridades de la institución, la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y el Banco Mundial se conjuntaran en un esfuerzo de dos años para lograr el acuerdo.
Este es un mecanismo innovador que, a partir del cumplimiento de metas establecidas en el plan y la agenda estratégica, permitirá librar los flujos de recursos que la Caja necesita para emprender importantes proyectos y obras “a las cuales ocupamos darles contenido para su concreción en los próximos años.”
Sáenz reconoció que aún queda “un importante trayecto legislativo que cruzar”, pero lo ve con confianza.
Antes dudas manifestadas por algunas personas sobre la legalidad de estas deudas que el Estado reconoce a la Caja, UNIVERSIDAD consultó a la Contraloría General de la República (CGR) si el acuerdo no debía pasar primero por aprobación del ente contralor para que pueda ser cargada al erario público.
Esto por cuanto el artículo 184 de la Constitución Política establece que “No se emitirá ninguna orden de pago contra los fondos del Estado sino cuando el gasto respectivo haya sido visado por la Contraloría; ni constituirá obligación para el Estado lo que no haya sido refrendado por ella”.
La respuesta de la CGR, Área de Fiscalización de Servicios Sociales, fue que de acuerdo con una resolución del 2003, el visado de los gastos con cargo al presupuesto corresponde a la propia administración.
“Resulta importante señalar que el visado de los gastos que se realizan con cargo al presupuesto nacional, para determinar su conformidad con el bloque de legalidad, es un proceso que desde el año 2003 se encuentra a cargo de la Administración Activa; lo anterior, conforme a lo establecido en la Resolución No. R-2-2003 del 1 de diciembre del 2003 según el Reglamento sobre el visado de los gastos con cargo al presupuesto nacional”, indicó la entidad contralora.
Cuentas abultadas
Luego de conciliar las cuentas de cobros y pagos que tenían registradas Hacienda y la Caja, y de limpiar las bases contables que manejaba la CCSS, el monto que pretendía cobrar la Caja a Hacienda se redujo a casi la mitad.
La Tesorera Nacional, Martha Cubillo, habló con UNIVERSIDAD sobre la negociación del Ministerio de Hacienda con la Caja que finalmente se cerró en la suma ¢228.000 millones.
“Inicialmente, la Caja nos presentó primero un cobro por una población de lo que llamamos Código de Niñez y Adolescencia, y en aquel entonces, 2014, rondaba alrededor de los ¢330.000 millones, y estábamos hablando de una población de más de 400.000 personas”.
¿Cómo fue la negociación?
-Aquí lo que hay es una negociación donde Hacienda le solicita a la CCSS que le garantice que las bases de datos sobre las cuales se realiza el cobro no tienen coincidencias, es decir, que no incluyen personas fallecidas o personas que tengan doble aseguramiento.
Nos llevó más de un año la discusión sobre las bases de datos. Fue hasta febrero del 2016 que entregaron bases que ellos consideran que están limpias. Inicialmente nos dieron bases monstruosas, que no se podían abrir, entonces les pedimos que las limpiaran y nos garantizaran que realmente nos estaban entregando bases correctas.
¿Ustedes consideran que ya están correctas?
-Consideramos que están relativamente correctas. Además, vienen certificadas por la Caja, indicando que son bases de datos limpias.
¿Certificadas por la misma Caja?
-Sí, es que no hay otra forma en que nosotros podamos asegurarnos que efectivamente es la población por la que tenemos que pagar. Lo que hemos hecho es revisar que la persona existe, que tiene la edad indicada, cosas por el estilo. Se les devolvió y se volvió a hacer las bases hasta que en febrero se llegó a bases de datos en que podemos estar medianamente tranquilos.
Con esos datos, de lo que la Caja tenía registrado en los tres componentes de la deuda negociada solo pudo cobrar el 59%. Es una reducción importante, la Caja va a tener que hacer ajustes contables y de patrimonio.
Recordemos que cuando empezó la denuncia de los fondos que debía el Estado, la Caja hablaba de más de un millón de millones de colones.
¿En qué componentes de la deuda se está ya al día?
-Los componentes que ya quedaron ajustados son: leyes especiales, Código de Niñez y Adolescencia y el Estado como patrono, esto último con el pago de los ¢25.000 millones hecho el año pasado.
Esta última suma fue conciliada, porque inicialmente eran ¢44.000 millones lo que nos estaban cobrando. Entonces el equipo de la Tesorería y la Contabilidad Nacional empezó a buscar qué pagos se le habían girado a la CCSS, y cuando empieza a hacerse el registro de esos pagos, la deuda queda en ¢23.000 millones más un poco de intereses, entonces se concilia en ¢25.000.
Con esto quedó pagado el principal, los intereses moratorios y no quedan cuotas obreras retenidas.
¿Cuáles son las deudas que quedan aún pendientes?
Como deuda reconocida no hay más. Recordemos que toda esta deuda no era deuda reconocida, por lo que en las cuentas nacionales no estaba.
Lo que falta por pagar es mínimo, tendríamos que hablar principalmente de vacunación, en su momento se habló de cerca de ¢7.000 millones a lo sumo, y algunos ajustillos más que hay que hacer.
En lo que viene sí hay dos temas grandes que están en los tribunales y son los jueces los que deberán definir, en lo que tiene que ver con el pago por el traslado de la atención básica del Ministerio de Salud a la CCSS (en 1994), y la sanción por el no cobro de la contribución de las empresas del Estado para el seguro de pensiones de la Caja establecida por la ley de protección al trabajador.
La decisión aquí es que vamos a ser obedientes de lo que digan los tribunales, nosotros defendimos técnicamente lo que teníamos que defender, creemos que nos asiste razón, indiferentemente de lo que definan los jueces.
Sabemos que la Caja es una de esas entidades que hay que cuidar, pero también es cierto que Hacienda como Estado tiene que pagar lo que tiene que pagar de acuerdo con el sentido y el objetivo de las leyes, y no estar pagando lo que no le corresponde.
No se trata de si queremos o no queremos pagarle a la Caja, o pensar que hay que pagarle por las necesidades que tiene, sino que aquí debemos regirnos por el principio de legalidad y el deber de probidad del funcionario público.
