El geólogo ambiental Allan Astorga Gattgens solicitó a la Contraloría General de la República (CGR) que investigue el nuevo reglamento de variable ambiental en planes reguladores que propuso el Gobierno, porque alega que esta nueva metodología es regresiva y absolutamente favorecedora del desarrollo urbano indiscriminado, con lo que pone en peligro el ambiente y la vida de quienes habitan las construcciones.
Sin embargo, el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah) y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) afirmaron a UNIVERSIDAD que el nuevo reglamento agiliza el trámite, consigue mayor protección al ambiente, e implica un progreso de la norma ambiental al incorporar variables climáticas y la recarga acuífera.
El Reglamento para la incorporación de la variable ambiental en planes reguladores y otros instrumentos de ordenamiento territorial —conocido como Rivaiot— fue desarrollado por el Mivah y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) a través de la Setena. La primera semana de febrero terminó la fase de consulta pública, por lo que en los próximos días podría publicarse en La Gaceta.
Quitan “estorbos” para urbanizar
Astorga explicó que cuando una municipalidad hace un plan regulador y aplica el reglamento vigente, se pide que se hagan estudios geológicos y de amenazas naturales para identificar cuáles sitios son peligrosos por deslizamientos, inundaciones, fallas geológicas y efectos de cambio climático. Cuando se identifican esos sitios, se restringen las zonas de construcción.
“Por ejemplo, existen muchos terrenos de estos en el sur del Valle Central, Desamparados, Aserrí, Alajuelita, Escazú, Santa Ana, que en el caso de que se aplique la reglamentación actual, calificarían como no urbanizables o con una posibilidad de urbanización limitada. Con el reglamento nuevo que quieren poner, prácticamente se quitaría todo eso que ellos llaman ‘estorbos’, los estudios geológicos y de riesgo que limitarían el desarrollo de construcciones y permitirían que todas estas laderas de estas montañas en el sur del Valle Central, que en algunos casos todavía tienen zona de montaña, prácticamente sean urbanizadas. Eso funcionaría para todo el país”, dijo Astorga.
Según Astorga, todo el conflicto nace porque si los mapas dicen que esas zonas no son urbanizables y el plan regulador no permite que se pueden urbanizar, el precio de esos terrenos baja. “Esa es la raíz de todo el problema, el egoísmo de querer, aunque sea un terreno inestable, construirlo y vendérselo a la gente”, aseveró el geólogo.
La metodología actual utiliza los Índices de Fragilidad Ambiental (IFAs), se desarrolló desde 1998, usa alrededor de 30 factores ambientales y establece una calificación de 1 a 5. Obliga a establecer valores y hacer las sumas para generar los mapas y saber si una zona es de muy alta fragilidad o muy baja fragilidad, explicó Astorga.
“Por ejemplo, si un terreno presenta una falla geológica que puede ser activa y presentar daños a las construcciones, se dice ‘bueno, aquí hay una limitación para construir porque este terreno es susceptible de que se pueda producir un fenómeno que se llama ruptura en superficie por falla geológica activa’”, detalló Astorga, quien agregó que los mapas que se generan muestran detalladamente la fragilidad ambiental de los terrenos para planificar cualquier obra de infraestructura: casas, carreteras, puentes y otros.
Según Astorga, la nueva metodología regresa a lo que se hacía hace más de 20 años en Costa Rica. “Elimina más de la mitad de esos factores ambientales, con decirle que ya no hay que hacer mapas geológicos, mapas geomorfológicos. Eliminan la calificación. Y prácticamente el que hace el estudio determina qué tan importante es una limitante o no. Al final hacen un mapa que ya no es un mapa de fragilidad ambiental, sino de áreas acordes y no acordes. Y a partir de ahí elaboran el plan regulador”, declaró.
“Los IFAs son mucho más técnicos, más científicos, y generan restricciones al desarrollo urbano indiscriminado. Este reglamento que propone el Mivah con el Setena es mucho más permisivo. Ya tenemos problemas con urbanizaciones en sitios frágiles, como las laderas de los volcanes o las zonas montañosas del sur del Valle Central. Eso es lo que siempre se ha querido; que los mapas queden libres para que el desarrollador urbano pueda desarrollar donde él quiera”, criticó.
Defienden la nueva metodología
UNIVERSIDAD consultó al Gobierno sobre las argumentaciones de Astorga, y las preguntas fueron respondidas por la ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, Irene Campos Gómez y el secretario General de Setena, Ulises Álvarez, quienes defendieron que la iniciativa “no desprotege el ambiente ni es permisiva”.
Primero justificaron que tanto la Sala Constitucional como la CGR han señalado las ineficiencias de la metodología actual.
En la resolución 20341-2018, de 2018, la Sala Constitucional señaló respecto a las metodologías de los IFAs que “el problema actual es uno de costo-beneficio, y de eficiencia, que no se obtiene con la regulación actual”.
Y en 2017 la CGR hizo una auditoría operativa y ordenó a la Setena: “Reestructurar el proceso de evaluación ambiental estratégica aplicable a los planes de ordenamiento territorial, para que conforme a la técnica jurídica se establezcan: la denominación correcta del proceso; precisión, orden lógico y simplificación de requisitos y procedimientos; precisión de los productos intermedios y finales, así como, naturaleza y alcance de las medidas ambientales”.
Según el Gobierno, la metodología del Rivaiot tiene entre sus ventajas que cumple el mandato de la Sala IV dado a la Setena (Voto 2002-01220), que estableció que “todo plan regulador del desarrollo urbano deba contar, de previo a ser aprobado y desarrollado, con un examen del impacto ambiental desde la perspectiva que da el artículo 50 constitucional, para que el ordenamiento del suelo y sus diversos regímenes, sean compatibles con los alcances de la norma superior.”
También mencionaron como ventajas que agilizan el trámite, alineado al proceso de elaboración de planes reguladores según Manual del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), implican un progreso de la norma ambiental al incorporar variables climáticas y la recarga acuífera, y consigue mayor protección al ambiente.
De acuerdo con el Mivah y la Setena, un cambio de metodología no implica en sí mismo una “desprotección del ambiente” solo porque no se siga la línea de una norma anterior.
Señalaron que la efectividad de una norma no radica en el número de variables, sino en la inclusión de las variables que son relevantes, técnica y científicamente necesarias para hacer la planificación territorial. Agregaron que “incluye las variables cruciales que deben considerarse en todo proceso donde se vaya a construir una zonificación de uso del suelo”.
También subrayaron que la metodología del Rivaiot hace un análisis teniendo como base el uso actual de la tierra y las condicionantes ambientales y legales para el desarrollo, y que “mantiene la necesaria revisión de todas las restricciones jurídicas que existan sobre el territorio, como lo son las Áreas Silvestres Protegidas, Patrimonio Natural del Estado, protección cuerpos de aguas, entre otros”.
El origen del reglamento
En su solicitud enviada a la CGR el pasado 6 de diciembre, Astorga pide que se investigue “el favorecimiento al sector interesado del desarrollo inmobiliario y de construcciones por encima de la protección del ambiente”.
Según Astorga, la CGR pidió “reestructurar el proceso” con el fin de ordenarlo y hacerlo más claro, pero no eliminar las variables.
“La eliminación de variables más que representar una eventual mejora de la metodología, significaría un debilitamiento de la misma, a fin de hacerla más laxa y permisiva para el desarrollo de proyectos inmobiliarios y de construcción”, subrayó Astorga.
De acuerdo con el Mivah y la Setena, el reglamento fue elaborado por un grupo interdisciplinario de funcionarios y funcionarias del Mivah y la Setena.
“En la elaboración de la propuesta base del Rivaiot no participaron personas del sector construcción e inmobiliario”, aclararon las autoridades.
Indicaron que después de su elaboración, se pasó a revisión, consulta y análisis por parte del INVU, Instituto Costarricense de Turismo, Comisión Nacional de Emergencias, Dirección de Cambio Climático, Acueductos y Alcantarillados, Senara, Dirección de Aguas, Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), y Sistema Nacional de Áreas de Conservación. En la fase de consulta preliminar se invitó a revisar los documentos y remitir observaciones a la Comisión Mixta, al Consejo de Desarrollo Inmobiliario, a la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), a la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, y a todos los municipios del país.
